No intente engañarnos, presidente

No faltaría más que el acuerdo a que llegue el PSOE con ERC, si es que llega a alguno, no se hiciera público. Lo que ha asegurado ayer el presidente del Gobierno desde Londres para tranquilizar a una más que inquieta opinión pública es una obviedad que no aleja de ninguna manera los temores expresados en público por algunos viejos dirigentes socialistas, temores que comparte buena parte de los españoles, también los votantes de ese partido.

Pero lo segundo que ha declarado el señor Sánchez, me van a permitir que lo diga con total claridad: eso no se lo cree nadie. Porque lo que ha asegurado es que todo acuerdo a que se llegue con los negociadores de Esquerra Republicana "va a estar siempre dentro del arco de la legalidad democrática, de la Constitución española". Perdóneme el presidente pero, salvo que los líderes de ERC hayan padecido una súbita caída del caballo a lo Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, eso no es posible.

Si es dentro de la legalidad constitucional, no habrá acuerdo posible. Y si hay acuerdo, no estará dentro de la Constitución. Para llegar a esta conclusión no hay que ser muy despejado, basta con leer las declaraciones que los líderes independentistas han hecho a lo largo del tiempo hasta la mismísima víspera del primer encuentro con la delegación socialista: ellos han venido a hablar del derecho de autodeterminación y de la celebración de un referéndum en el que los catalanes ejerzan ese derecho.

No les vale, y lo han dejado muy claro, nada que tenga que ver con la mejora de la financiación autonómica catalana; ni nada que se refiera a una más que dudosa constitucionalmente "mejora" del estatuto de autonomía catalán; ni siquiera una imposible modificación de la Constitución -imposible porque para eso sería imprescindible contar con los votos del PP y eso no va a ocurrir nunca- porque aseguran que esos planteamientos corresponden a una etapa ya superada.

Por lo tanto, que no nos diga el presidente del Gobierno lo que no puede encajar en una realidad que tenemos todos los días delante de los ojos. Lo que pasa es que los negociadores del PSOE ya han hecho una primera e importantísima cesión a los independentistas, cesión que ha consistido en recular y asumir, en contra de los planteamientos mantenidos hasta hace dos días por el socialismo, que estamos frente a un conflicto político que requiere en consecuencia un abordaje desde la estricta política.

Si es dentro de la legalidad constitucional, no habrá acuerdo posible. Y si hay acuerdo, no estará dentro de la Constitución

Todos recordarán la insistencia de Pedro Sánchez hasta anteayer mismo a aceptar ese planteamiento que él ha discutido una y otra vez afirmando que no estábamos ante un problema político de Cataluña con España sino ante un problema de convivencia entre los propios catalanes.

Naturalmente, después de leer el contenido de la brevísima declaración conjunta en la que se acepta de lleno el planteamiento de los secesionistas, todos o casi todos los medios de comunicación han interpretado este cambio como lo que es: una cesión a las tesis de los de ERC, lo cual ha disparado aún más las alarmas en la opinión pública.

Por eso ayer tanto el presidente del Gobierno como su ministro Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, han salido a unísono para intentar tranquilizar al personal. Pero, independientemente de que lo planteado por Pedro Sánchez constituya una pura contradicción en sus propios términos que la convierte directamente en no digna de ser creída, la intervención de Ábalos ha incluido algunos puntos más que sólo consiguen aumentar la inquietud.

Por ejemplo, la afirmación del señor ministro según la cual hay que encontrar "cauces de expresión" para que "nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico", es decir, que no obligue a delinquir a los independentistas. ¿Cómo que "tenga que situarse fuera del ordenamiento jurídico"? Los secesionistas han delinquido por su propia voluntad, no es la Constitución la que les fuerza a violarla sino su propia determinación de imponer la independencia de Cataluña a pesar de haber sido repetidamente advertidos por el Gobierno y por el Tribunal Constitucional.

Un planteamiento de esa naturaleza implica que desde el Partido Socialista se asume que la responsabilidad de lo provocado por el secesionismo catalán es finalmente una responsabilidad de los constitucionalistas. Y eso sí que no, por ahí no vamos a pasar. Ese darle la vuelta a las cosas para que acabemos tragándonos lo que quiera que sea que acuerden con los de ERC es una rueda de molino demasiado grande como para que vayamos a comulgar con ella.

Pero es que los de Esquera Republicana no están tampoco en condiciones de ceder para caminar "francamente, y yo el primero, por la senda constitucional" como dijo el rey felón Fernando VII tres años antes de traicionar todos y cada uno de los compromisos con la Constitución de 1812 y conspirar hasta que los franceses, los Cien Mil Hijos de San Luis, invadieron España para ayudarle a traicionar su juramento y reinstaurar la monarquía absoluta.

Los secesionistas han delinquido por su propia voluntad, no es la Constitución la que les fuerza a violarla

Y no lo están porque, independientemente de que eso choca de plano con sus propósitos que consisten fundamentalmente en saltarse y a ser posible derribar la Constitución de 1978, tienen que tener muy presente la batalla que se está librando ahora mismo en el seno del independentismo catalán, batalla en la que se juegan nada menos que su primogenitura electoral frente JxCat y Carles Puigdemont, su gran adversario.

En los próximos días se sabrá la respuesta de las autoridades belgas sobre la euroorden dictada contra el fugado de Waterloo- eso será el día 16 de este mes- y se conocerá también la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito del recurso planteado por Oriol Junqueras sobre su pretendida inmunidad como europarlamentario electo, cosa que se producirá el día 19. Aunque la posición del TJUE no tenga consecuencias directas para el propio Junqueras, porque al ya estar condenado e inhabilitado por los hechos del 1-O, la inmunidad parlamentaria no puede ya revertir su situación procesal, sí altera el panorama político que se dibujaría en Cataluña ante unas posibles elecciones anticipadas.

En estas condiciones de incertidumbre, sobre todo en lo relativo al destino final de Carles Puigdemont y al papel que pueda jugar en el inmediato futuro -además de la posibilidad de que Artur Mas dé un paso al frente y trate de acabar con la radicalidad de Puigdemont- se explica bien que los negociadores de ERC no tengan ninguna prisa para cerrar unos acuerdos con el PSOE que permitan la investidura de Sánchez. Por eso las explicaciones del presidente en funciones y de su ministro de Fomento no tienen otro propósito que el de repartir un poco de niebla sobre la realidad de unas negociaciones cuyo fin es tan incierto y que tanta desconfianza causan a la mayoría de los españoles.

Pero hay más. Dentro de la estrategia de echar humo en torno a esa mesa de negociación, Pedro Sánchez se ha esforzado por intentar girar la mirada de la opinión pública de modo que se dirija al Partido Popular, a Ciudadanos y, por supuesto, a Vox, que se ha convertido en la coartada ideal para justificar cualquier movimiento por parte socialista. Pero esa estrategia no va a tener mucho éxito porque eso tampoco hay quien se lo crea.

Todo lo que estamos viendo por parte de Sánchez: su abrazo con Pablo Iglesias a las 48 horas de haber perdido ambos líderes alrededor de 700.000 votos cada uno y tres escaños el PSOE y siete escaños Unidas Podemos, que ya había perdido 29 más respecto de los comicios de 2016; su nula intención de ponerse en contacto durante todas las semanas pasadas desde el día de las elecciones con los líderes del centro derecha; su apuesta por cerrar un acuerdo con los independentistas de ERC y sus conversaciones con representantes de JxCat, que tienen a sus líderes en la cárcel o fugados de la Justicia, todo eso configura un escenario en el que resulta imposible achacar a Pablo Casado y a Inés Arrimadas la responsabilidad de un fracaso en la constitución de un gobierno.

Lo que esta pasando y lo que pueda suceder de aquí en adelante es responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez y de su equipo. No intenten engañarnos.