Los datos que expone Ana Belén Ramos en la información contigua nos habla de la existencia de más de un tercio de los diputados con acta en el Congreso de esta XIV legislatura que son partidarios, no de reformar la Constitución como tantos expertos recomiendan desde hace años, sino directamente de derribarla, de acabar con ella. Y eso es precisamente lo que los españoles que somos conscientes del valor que tiene el haber llegado hace más de 40 años a un espacio de acuerdo que diera cabida a todas las posiciones ideológicas con representación parlamentaria, debemos intentar impedir con todas nuestras fuerzas.
Y eso por varias razones. La primera de ellas es que nunca en nuestra historia constitucional, que comienza en 1812, se había promulgado una Constitución que contara con el acuerdo de todos. Al contrario, todas las Leyes Fundamentales que entraron en vigor lo fueron para imponer a una parte del país su visión por parte de las facciones ganadoras en aquel momento. Fueron Constituciones de los unos contra los otros. Es conocida la canción que los liberales entonaban en 1820 contra los absolutistas durante el trienio liberal 1820-1823 a propósito de la Constitución de 1812: "¡Trágala, trágala, trágala perro!", una letra que, con distintas variaciones, fue incorporada en diferentes momentos de nuestra Historia a esa costumbre española del enfrentamiento sistemático y que habla bien del espíritu con el que se enarbolaba el texto.
Debemos impedir con todas nuestras fuerzas los intentos de los partidarios de derribar directamente la Constitución, de acabar con ella
Hasta que llegamos a 1978, y esa es una de las grandezas de nuestra Carta Magna y es una de las razones por las que debe ser preservada. No la única pero sí una de las más principales. ¿Quiere decir eso que la actual Constitución no necesita ser reformada? De ninguna manera, lo necesita y de manera urgente. Entre otras razones porque las Constituciones que no van acoplando su articulado al paso del tiempo y no recogen los cambios sufridos por las sociedades cuyas vidas regula, están destinadas a morir por inútiles. La rigidez en estos textos es la garantía más segura de su sentencia de muerte porque no se puede responder a las cambiantes demandas de un cuerpo social desde el entumecimiento.
Por eso llevamos muchos años ya abordando la cuestión de la reforma de nuestra Carta Magna, un asunto sobre el que se han celebrado innumerables simposios y mesas redondas, se han escrito libros y se han publicado artículos a centenares. No será porque no se haya abordado el asunto desde todos los puntos de vista posibles.
Pero... pero no se puede hacer porque nunca llega el momento en que los defensores de la reforma constitucional no sientan cerca de sí la amenaza cierta de quienes más que reformarla quieran abolirla, acabar con ella. La presencia en el Congreso de los Diputados de los partidos nacionalistas que pretenden imponer en sus respectivas comunidades autónomas, ésas cuya existencia la Constitución de 1978 sancionó y cuyos derechos históricos en el caso vasco y navarro "ampara y respeta", impide que prospere toda iniciativa destinada a estudiar y en su caso a abordar su reforma.
Porque estos partidos nacionalistas quieren acabar nada menos que con el artículo 1 en sus puntos 2: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y 3: "La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria" y, por supuesto, con su artículo 2, sobre todo en su primera parte: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Son los primeros artículos de nuestra Ley Fundamental y de ellos cuelga el resto del articulado, lo cual quiere decir que, si se decidiera por algún gobernante irresponsable abrir en el Congreso los trabajos de reforma de la Constitución, los primeros artículos contra los que lanzarían los independentistas y republicanos serían éstos.
Conclusión, la Constitución se sometería a un bombardeo de tal magnitud con el propósito de desacreditarla y debilitarla en la medida de las fuerzas de sus enemigos que convierte en una aventura suicida el necesario proceso de reformas que todo texto constitucional necesita para conservarse con vida y para cumplir su papel de garante de los derechos y libertades de todo un pueblo.
Hoy mismo está convocada en Bilbao por la llamada "izquierda abertzale" de Bildu una manifestación en favor de la República y contra la Constitución, manifestación que tiene el propósito de sabotear el acto en defensa de la Constitución en el que van a participar personas tan honorables y tan profundamente demócratas como la portavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, la política Rosa Díez o el filósofo Fernando Savater, a quienes los proetarras pretenden expulsar de allí por pertenecer, dicen, "a la ultraderecha más ultramontana que campa a sus anchas por el Estado con mensajes amenazantes "
En un terreno más templado en las formas pero igualmente contrario a la letra y al espíritu de la Constitución se sitúa un Partido Nacionalista Vasco que acaba de dar su visto bueno a un proyecto de nuevo estatuto que defiende el derecho de autodeterminación con un referéndum que atenta directamente contra el artículo 1 de la Constitución y una nueva relación con el Estado español de igual a igual, de Estado a Estado.
Por su parte, el nacionalismo catalán convertido desde hace años en independentismo que ya en octubre de 2017 declaró la independencia de Cataluña aunque no estaba en condiciones de traducir esa declaración en hechos, mantiene en los mismos términos sus pretensiones y en estos momentos lo puede hacer de una manera especialmente contundente puesto que de sus votos depende que el presidente del Gobierno en funciones salga investido.
Tampoco esta vez ha llegado el momento de acometer la reforma de la Constitución. Habrá que seguir esperando
Si a esto le añadimos la miríada de pequeñas formaciones que han logrado representación parlamentaria y que se sumarían gustosas a la operación de desguace de la Constitución de 1978, se hace evidente que esta es quizá la legislatura menos adecuada, de las muchas que hemos vivido ya, para insinuar siquiera la apertura de los trabajos de reforma constitucional.
La tentación por parte del PSOE de ofrecer a los negociadores de ERC una reforma de la Constitución para la conformación de un estado federal ha sido recibida con desdén por sus interlocutores. "Estamos ya en otra pantalla", han dicho.
Pero por si estuviéramos ante un mero farol de los independentistas, que no es probable pero nunca se sabe, debemos tranquilizarnos porque todo cambio constitucional, y más si se trata del núcleo duro del texto, que lo conforman el Título Preliminar, una parte del Título I y el Título II, las condiciones que el propio texto exige para su modificación aseguran que sólo podría abordarse esa reforma contando con los votos favorables de los partidos constitucionalistas. Lo que no es el caso ahora mismo.
Tampoco esta vez ha llegado el momento de acometer la reforma de la Constitución. Habrá que seguir esperando.
Los datos que expone Ana Belén Ramos en la información contigua nos habla de la existencia de más de un tercio de los diputados con acta en el Congreso de esta XIV legislatura que son partidarios, no de reformar la Constitución como tantos expertos recomiendan desde hace años, sino directamente de derribarla, de acabar con ella. Y eso es precisamente lo que los españoles que somos conscientes del valor que tiene el haber llegado hace más de 40 años a un espacio de acuerdo que diera cabida a todas las posiciones ideológicas con representación parlamentaria, debemos intentar impedir con todas nuestras fuerzas.
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