Los trapos sucios de Podemos se parecen bastante a los de la casta

El escándalo que ha estallado en Podemos no es un tema menor, por mucho que algunos quieran arrinconarlo en la papelera de las noticias irrelevantes.

En él están implicados el secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez; el tesorero, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Esther Val, y la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra.

Las personas que denuncian las graves irregularidades que afectan a los antes citados son Mónica Carmona, responsable de control normativo de Podemos, que el pasado martes remitió una incendiaria carta dirigida al Consejo Ciudadano Estatal, y Manuel Calvente, responsable de protección de datos e integrado en el equipo de abogados de Podemos, que dirige Gloria Elizo, y cuyo despido provocó la misiva de Carmona.

Aunque el lunes día 2 algunos medios llamaron a Calvente para interesarse por su cese, no fue hasta el día siguiente cuando éste se enteró oficialmente de ello vía burofax. Fuentes oficiales de la organización han justificado la medida por una presunta denuncia de acoso sexual presentada por Marta Flor, miembro del equipo jurídico de Podemos. Carmona ha sido también despedida, según Podemos, por una "reorganización interna".

Carmona atribuye en su carta el despido de Calvente a "un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de protección de datos y cumplimiento normativo penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido". Más adelante añade: "Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias del partido... que podrían conllevar acusaciones penales para algunos miembros de la ejecutiva".

Calvente acusa directamente a Rodríguez, Esther Val y Belarra de haber fabricado la acusación falsa de un delito de acoso sexual. El despedido afirma que Marta Flor (la presunta acosada) de lo que se quejó en su día fue de un posible acoso laboral, por el traslado de su departamento y que ha sido él quien la denunció el pasado mes de julio por injurias y calumnias.

Cuando se le pregunta por lo que dice exactamente la carta de su despido, Calvente responde que, en primer lugar, se argumenta la desobediencia a una orden del secretario de organización (cuyo cumplimiento, según el despedido, hubiera significado una ilegalidad), y, en segundo lugar, el presunto acoso laboral a la abogada Marta Flor. No se dice nada de acoso sexual.

Sobresueldos, adjudicación de contratos sin concurso, despidos baratos, fabricación de pruebas falsas... ¿Les suena? No, no hablamos del PP, ni el PSOE. Estamos hablando de Podemos

Si lo que dice Calvente es cierto, estaríamos ante un hecho gravísimo: la acusación falsa de un delito que va contra la esencia feminista de Podemos para ocultar casos de corrupción interna. Eso es algo propio de regímenes autoritarios, métodos que alcanzaron su cénit en las terribles purgas de Stalin de los años 30.

¿Qué estaban investigando Calvente y Carmona para que la dirección de Podemos haya decidido su fulminante despido? En primer lugar, un posible cobro de sobresueldos en negro por parte de miembros de la dirección del partido; en segundo lugar, el fraccionamiento de contratos y la adjudicación de los mismos a miembros de la dirección (como la empresa Kimena Sociedad Cooperativa Madrileña, controlada por Rafael Mayoral, diputado y responsable de Movimientos Sociales de Podemos), y, en tercer lugar, el uso indebido de datos de los militantes en la realización de primarias y consultas y la cesión de los mismos, sin su consentimiento, a Facebook.

Tan graves son las acusaciones como la posible fabricación de una denuncia falsa.

Podemos ha presumido hasta ahora de ser un partido limpio, que no necesita de bancos y empresas para financiarse. Ha sido un auténtico martillo contra la corrupción, de la que acusó con virulencia a los viejos partidos: el PSOE y el PP. De ser ciertas las acusaciones que ahora hacen personas del círculo íntimo de Pablo Iglesias, todo ello se vendría abajo, con el irreparable perjuicio que implicaría para su imagen.

Los acusadores añaden, además, la doble moral que aplica la dirección de Podemos, al exigir la derogación de la reforma laboral y, al mismo tiempo, al indemnizar a sus despedidos con el mínimo que establece dicha legislación. Entre las irregularidades investigadas por los despedidos está la denuncia de una escolta de Irene Montero, que la acusa de hacer de recadera para ella, sus hijos y mascotas "de manera recurrente". Montero se sentará en el banquillo el próximo 20 de enero en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid.

Calvente dice que él sólo ha pretendido proteger al partido y que ha sido el secretario de organización, con su decisión de despedirle y su denuncia falsa, quien ha propiciado que salgan a la luz los trapos sucios de Podemos. Quiere dejar al margen a Iglesias y Montero, a quienes exonera de responsabilidades en la fabricación de pruebas falsas.

Por más que se quiera minimizar, el embrollo es de largo recorrido y va más allá de un oscuro ajuste de cuentas entre jerifaltes del partido. El escándalo, del que hasta ahora conocemos sólo una pequeña parte, afecta a la esencia de una organización que nació precisamente para combatir comportamientos como los que ahora presuntamente afectan a destacados miembros de su dirección.

El caso sale a la luz justo cuando Podemos está inmerso en la negociación para integrarse en un gobierno de coalición con el PSOE. Las acusaciones que ahora conocemos deberían ser investigadas por la Fiscalía y, por tanto, el gobierno debería poner en cuarentena dicha negociación hasta que se depuren responsabilidades.

Mariano Rajoy cayó por una moción de censura que tenía como causa la corrupción que afectaba al partido del gobierno. Pedro Sánchez debe ser, al menos, tan exigente con su socio preferente como lo fue con el PP.