Los reiterados anuncios de subidas de impuestos que han venido realizado destacados miembros de la coalición “progresista” que aspira a convertirse en el próximo gobierno, están quedando un tanto escondidos tras la vorágine de encuentros y pactos con fuerzas independentistas.
Es evidente que la amenaza de sufrir una mayor carga fiscal parece poca cosa comparada con el peligro de alterar el orden constitucional o directamente desarticular la nación española, que acompaña como un siniestro cortejo las andanzas de nuestro presidente del gobierno aún en funciones.
Pero aunque las amenazas al orden constitucional sean tan ominosas, las que afectan al orden fiscal parecen mucho más reales y sobre todo inminentes.
Aunque las amenazas al orden constitucional sean tan ominosas, las que afectan al orden fiscal parecen mucho más reales e inminentes
Las sucesivas intentonas fracasadas de imponer un régimen fiscal “progresista”, modelo Robin Hood, no parecen frenar nunca la famosa demagogia de quitarles el dinero a los ricos para devolvérselo a los pobres.
Así que una vez más es necesario alertar a los ciudadanos acerca de una fiscalidad responsable que no es precisamente la que nos quieren imponer los social-podemitas.
Una primera aproximación a la fiscalidad responsable, la sitúa José Luís Feito en una pregunta crucial: ¿Qué es más deseable para España: subir sin más los impuestos o converger con la renta per cápita y el nivel de empleo de la EU amén de reducir nuestra exorbitante deuda externa? Mientras que lo primero es incompatible con lo segundo, la buena marcha de la economía y del empleo son la mejor garantía de mayores recaudaciones fiscales y reducción de nuestra dependencia financiera.
Para conseguir el mayor crecimiento económico posible la política fiscal debe orientarse en dirección contraria a la persecución de las empresas y los ricos que promete la alianza social-comunista si nos atenemos a los hechos que la izquierda suele sustituir por ideología.
España sufre una imposición fiscal a las empresas y a la riqueza de las más altas del mundo
Y los datos dicen lo siguiente: España según la OCDE, sufre una imposición fiscal a las empresas y a la riqueza de las más altas del mundo. Somos el quinto peor país del mundo en el impuesto de sociedades y también uno de los cinco países que más gravan la riqueza. Comparados con nuestros vecinos nuestro tipo efectivo de imposición a las empresas es un 23% superior a la media de la UE-28.
Por otra parte, frente a las amenazas progresistas de extender los confiscatorios impuestos al patrimonio y a las sucesiones a todas las comunidades autónomas: el excéntrico impuesto sobre el patrimonio sólo existe en Francia aunque en vías de extinción , es decir, en los restantes doscientos países del mundo no existió o dejó de existir, mientras que el de sucesiones ya duplica hoy la media de la OCDE y carece –como aquél– de relevancia recaudatoria. Frente a tales realidades, sólo una ideología desfasada anclada en el resentimiento puede seguir defendiendo tales falacias.
Sería muy recomendable que, al menos los nuevos socialistas, antes de seguir lanzando amenazas demagógicas inconsistentes y carentes de fundamento se molestaran en leer un documento imprescindible por su rigor intelectual y la personalidad política de sus autores. Se trata de un excelente y vigente trabajo académico que partiendo de una muy contrastada hipótesis: el ahorro –vía inversión- impulsa el crecimiento económico, compara la fiscalidad española con la de la UE con resultados muy elocuentes.
España es el 7º país de la Unión Europea -28 por cotizaciones sociales de las empresas, el 12º por impuestos de la renta personal y el último por recaudación de IVA. Ocupamos el 10º lugar por impuestos al capital, el 14º en impuestos al trabajo y el 28º en imposición indirecta. A pesar de estas obvias evidencias empíricas -que tanto desprecian las izquierdas– los aliados social-comunistas insisten en subir los impuestos directos y bajar los indirectos, se supone que basados en un viejo y ridículo dogma de la izquierda que los socialistas escandinavos abandonaron hace mucho tiempo.
En el estudio de Miguel Sebastián y Manuel Díaz, también se ponen de relieve los tipos implícitos comparados de los impuestos españoles en relación con la media de la UE: 14% frente el 22% en impuestos al consumo, 33,5% frente a 34,2% en impuestos al trabajo y el 25,3% frente al 24,4% en impuestos al capital. Mientras que la UE-28 recauda un 2,6% del PIB en impuestos medioambientales en España sólo alcanza el 1,6%, justamente lo contrario que sucede con los impuestos a la riqueza que aquí alcanza el 2,2% del PIB frente al 1,4% de la UE, casi un 60% más.
La categórica conclusión de este estudio es que en España el trabajo, el ahorro y el capital padecen una excesiva presión fiscal, mientras que la imposición indirecta y medioambiental disfrutan de una baja fiscalidad. Por tanto, lo que habría que hacer es justamente lo contrario de lo que andan anunciando las nuevas izquierdas.
Usar anacrónicos prejuicios ideológicos conduce a una visión "bolivariana" de la economía impropia de la España contemporánea
Usar anacrónicos prejuicios ideológicos carentes del más mínimo sostén argumental de base empírica, sin detenerse en leer -aunque fuera para tratar de desmentirlo- un trabajo como el citado, realizado en honor del que fuera director de la Oficina Económica del gobierno de Zapatero, conduce a una visión “bolivariana” de la economía impropia de la España contemporánea.
¿Sabrán los “bolivarianos españoles” que existe un “Índice de competitividad fiscal” elaborado por el Instituto de Estudios Económicos –con el mayor rigor y bases documentales internacionales- que sitúa la presión fiscal normativa española un 8,1% por encima de la media europea?. ¿Están al tanto los enemigos de las empresas y la riqueza de un estudio comparativo de alcance mundial de la firma consultora PWC que sitúa la contribución tributaria de nuestras empresas –beneficios más cotizaciones sociales– en un 47% frente al 39,3% de la UE, el 40,3% de la OCDE y el 40,4 del mundo?
Lo advertía este martes en Madrid la responsable de análisis de datos de PISA, Miyako Iked: los países de la […]Además de las reformas que dicta el rigor académico y la responsabilidad política, el próximo gobierno debiera preocuparse también por:
- La economía sumergida, apenas importunada por una inspección fiscal que se siente más cómoda exprimiendo a quienes pagan sistemáticamente que descubriendo a quienes nunca lo hacen.
- Una proliferación legislativa –la mayor de Europa- que hace cada vez más difícil, si no imposible, el cumplimento de una enormidad y siempre cambiante de normativas fiscales: más de 200 en el impuesto de sociedades en la última década. La inseguridad jurídica de la Hacienda española es un mal que debe ser erradicado.
- La asimetría de obligaciones entre Hacienda y los contribuyentes. En materia de plazos, los que afectan a los ciudadanos son imperativos mientras que los de Hacienda son potestativos. Las filtraciones mediáticas de las persecuciones fiscales de famosos, no son propias de una Administración seria; como tampoco es serio que quienes tantos derechos ciudadanos se inventan se olviden de los del contribuyente.
- La litigiosidad con Hacienda; sometida a una libertad interpretativa habitualmente antijurídica, que conlleva a una exorbitante cifra: 60.000 millones de euros avalados…pendientes de juicio.
La dimensión económica de la fiscalidad y sus enormes consecuencias sobre la economía y la sociedad no pueden manejarse con prejuicios ideológicos “bolivarianos”, sino con responsabilidad y seriedad políticas, para que en tiempos de modestas expectativas económicas podamos seguir avanzando en vez de retroceder como recientemente sucediera. Las naciones más prósperas son las que menos desatinos cometen, algo tan obvio como imprescindible de recordar al próximo Gobierno.
Los reiterados anuncios de subidas de impuestos que han venido realizado destacados miembros de la coalición “progresista” que aspira a convertirse en el próximo gobierno, están quedando un tanto escondidos tras la vorágine de encuentros y pactos con fuerzas independentistas.