Desatascar la negociación con ERC depende de la libertad de los presos

No hubo sorpresas ayer en la ronda negociadora de Pedro Sánchez con Pablo Casado e Inés Arrimadas. El presidente se reafirmó en su hoja de ruta: no romperá su acuerdo con Unidas Podemos y continuará la negociación con ERC.

Para lo único que sirvieron las reuniones fue para constatar lo que ya sabíamos. Eso sí, Sánchez tiene ya una coartada perfecta para defender que no tenía otra alternativa más que volver a la fórmula del gobierno Frankenstein con la que ya ha gestionado el país durante un año con resultados evidentes.

Mientras la farsa continúa, la negociación con los independentistas avanza en silencio. La portavoz socialista Adriana Lastra argumentó que la discreción es clave para el buen fin de la misma. Mientras, tanto, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la vicesecretaria general de ERC, Marta Vilalta insisten en que la mesa debe abordar "el tema de los presos". Aragonés dijo el domingo en La Vanguardia: "El fin de la represión pasa también por encontrar soluciones para aquellas personas que están condenadas de una manera absolutamente injusta. Eso tendrá que estar también sobre la mesa de negociación".

El gobierno insiste en que la solución al "problema político" de Cataluña tiene que estar dentro del "marco de las leyes", lo cual deja poco margen a que ERC pueda lograr algo más que la promesa de un referéndum para dar luz verde a un nuevo Estatuto de Autonomía en el que se reconozca que Cataluña es una nación no sólo en el preámbulo del mismo, como sucede ahora.

Lo único que pueden esgrimir los negociadores de ERC para justificar su apoyo a un gobierno de Sánchez y que, al mismo tiempo, que no vulnere las leyes y no les haga quedar como unos auténticos butiflers a ojos de Puigdemont es que los condenados puedan salir de prisión.

Y eso sólo se puede lograr de dos formas. En primer lugar, mediante una amnistía, que es lo que ha pedido siempre ERC. La amnistía no sería ilegal y le proporcionaría a los republicanos un éxito sin precedentes, con el que le podrían callar la boca al ex president.

La amnistía o la semilibertad sin que recurra la Fiscalía. La negociación con ERC podría acelerarse a partir del jueves, día en que del Tribunal Europeo decide sobre la inmunidad de Oriol Junqueras

Ahora bien, el coste político de la amnistía para el gobierno sería muy alto ¿Cómo justificar ante la opinión pública esa medida de gracia para condenados a 13 años por graves delitos tan graves como la malversación y la sedición?

Eso daría un arma potentísima en manos del centro derecha para afirmar que, en efecto, Sánchez se ha puesto de rodillas ante el independentismo.

El gobierno podría argumentar que la amnistía no implica una cesión política y que, con esta medida, se calmarían los ánimos entre los partidarios del independentismo. Se desinflaría el suflé. O no.

Si se produce una medida de gracia para los sediciosos ¿qué impediría que lo volvieran a intentar?

La otra posibilidad que aceptarían los representantes de ERC para lograr la excarcelación de los presos es que la Generalitat aplique de forma inmediata el artículo 100.2 de Régimen Penitenciario y que la Fiscalía -ese sería el sacrificio que debería hacer el gobierno- no recurra la medida.

Para llevar a cabo esa solución habría que torcerle el brazo a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, que ya ha hecho saber que no estaría dispuesta a colaborar en ese pasteleo, que se barruntan los fiscales del Tribunal Supremo.

Pero, ¿qué pesa más en la balanza de Pedro Sánchez: su continuidad en el gobierno o la cabeza de la Fiscal General? Respondan ustedes mismos a esa pregunta.

La negociación con ERC podría acelerarse a partir del próximo jueves, día en el que Tribunal de Justicia de la UE decidirá sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Se da por hecho que la resolución no será favorable a las tesis del Supremo, aunque la resolución no afectaría a las causas por las que el líder de ERC está en prisión.

Veremos lo que ocurre el jueves y como se interpreta la sentencia tanto en el gobierno como en las filas del independentismo.

Un amordazamiento de la Fiscalía y la aceptación de la bilateralidad, con una mesa en la que esté representado el gobierno español y la Generalitat en pie de igualdad, serían suficientes para que ERC diera vía libre al gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. Un gobierno con el que no dormirían tranquilos el 95% de los españoles.