Prepárense para lo peor

El Congreso que celebraba ERC este sábado por la mañana se consideraba de la máxima importancia en cuanto a que daría la medida del patrón que tanto los dirigentes como sus bases dejarían establecido para continuar con las negociaciones con el PSOE para facilitar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez.

La impresión que ha producido este cónclave de los independentistas sigue siendo tan catastrófica como lo era hace una semana, si no más aún. La única cosa positiva que se podría subrayar de las conclusiones de este congreso es la de que no se ha expresado de un modo contundente la famosa unilateralidad como fórmula para volver a intentar la independencia de Cataluña. Pero la unilateralidad sigue presente en el último punto de la ponencia política, que es el texto aprobado por las bases sobre los tres principios que sustentan su exigencia al Estado español y por derivación a su Gobierno: "amnistía, autodeterminación y república".

Todo lo demás es la repetición de sus viejas exigencias inasumibles con las que se viene movilizando a los bárbaros que arrasan las calles de esa comunidad y a las que el propio Pere Aragonés, el número uno efectivo de ERC mientras Oriol Junqueras siga en la cárcel, ha alentado a continuar con las movilizaciones que, piensan ellos, acabarán por ablandar al Estado y forzarles a negociar y pactar su referéndum de autodeterminación. Para eso, dice Aragonés, es imprescindible "que las calles no se vacíen".

Hay que preguntarse inmediatamente a qué clase de "gesto" se refieren y la respuesta la dan ellos mismos: que se abandone la vía judicial y se acabe con "la represión"

Como es costumbre en ellos, no se han movido un milímetro de sus posiciones: autodeterminación, independencia y puesta en libertad de los condenados por sediciosos. Eso sí, ERC dice que va a hacer de rompehielos en unas negociaciones con el PSOE que volverán a reanudarse en función de que la Abogacía del Estado, a las órdenes del Gobierno, una dependencia que permitirá calibrar la disposición de Pedro Sánchez a partir de las sugerencias que realice, haga "un gesto" que a los independentistas les parezca suficiente como para alcanzar algún acuerdo con la delegación socialista.

Hay que preguntarse inmediatamente a qué clase de "gesto" se refieren y la respuesta la dan ellos mismos: que se abandone la vía judicial y se acabe con "la represión". Esto significa, para que lo entienda todo el mundo, en primer lugar que se cierren todos los procedimientos judiciales abiertos en los distintos tribunales de Cataluña y en la Audiencia Nacional contra quienes han violentado las leyes. Y en segundo lugar que los encarcelados por condena firme sean puestos en libertad.

Pere Aragonés se lo ha lanzado en un tono decididamente chulesco a Pedro Sánchez esta mañana: "Hay que abrir una etapa en la que la política venza a la represión, pero sólo se puede abrir si la política desplaza a la represión. ¿Se entiende o no se entiende?", ha soltado en castellano para que no cupiera ninguna duda de a quién se estaba dirigiendo. Pues no señor, no se entiende o, en realidad, sí se entiende pero no se admite.

Es decir, lo que quieren estos señores es que lo que han perpetrado y piensan volver a perpetrar, lo ha dicho hoy Junqueras en el audio que se ha emitido en el congreso de su partido -"Lo volvería a hacer, sé que lo volveremos a hacer, de hecho"- no tenga la más mínima sanción penal.

Quieren campar en plena libertad por sus respetos y no tener sobre la cabeza la única limitación que es posible imponer en un Estado de Derecho: el sometimiento a la Justicia y el castigo de los tribunales. Ni más ni menos. Y así, con ese compromiso inimaginable hasta para alguien como Pedro Sánchez, poder negociar el modo más eficaz para hacer realidad su aspiración de independencia.

Claro, a nadie se le escapa que las bases sobre las que estos señores pretenden levantar su acción política serían los escombros de nuestro Estado de Derecho, un paisaje en el que no rigiera el imperio de la ley por encima de todas las cosas y en el que la separación de los poderes del Estado hubieran desaparecido de la escena. Un paisaje espeluznante que, de llevarse a cabo, cosa que jamás se producirá, nos acercaría a las dictaduras más feroces o a los estados fallidos que puntean el mapa político del mundo.

No se puede decir que escondan sus pretensiones, que son las de siempre, aunque ahora formuladas con mayor seguridad y fortaleza en virtud de una interpretación absolutamente falsaria de la sentencia del TJUE del jueves pasado. Los secesionistas pretenden convencer a la opinión pública, gracias a su formidable maquinaria propagandística, de que lo dicho por el tribunal de Luxemburgo obliga a declarar la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo español y a la consiguiente puesta en libertad de los condenados.

Nada más lejos de la verdad. El propio TJUE dice en su sentencia que el tribunal español decidirá lo que sea oportuno sobre una cuestión que ya ha quedado sobrepasada por los hechos, cual es si debió permitirse al señor Junqueras acudir a recoger su acta cuando estaba en prisión provisional. Pero para entonces el juicio oral ya había concluido y quedado visto para una sentencia en virtud de la cual el señor Junqueras ha sido condenado a 13 años de prisión y a los mismos de inhabilitación por haber cometido el gravísimo delito de sedición junto con el de malversación. No hay más que hablar.

Pero lo que interesa aquí es subrayar como, apoyándose en la sentencia del TJUE -que, por cierto, ha modificado los usos de todos los miembros de la UE en lo que se refiere a las circunstancias en que un eurodiputado adquiere la condición de tal- los secesionistas se han venido arriba y actúan como si hubieran recibido de todos los países miembros de la Unión el nihil obstat para sus pretensiones políticas. Y nada más lejos de la verdad.

La investidura de Sánchez estará más cerca, o eso dicen en el PSOE, pero el precio que los españoles vamos a pagar por ella no nos lo han comunicado aún

Y es a partir de esa posición desde la que los negociadores de ERC afrontan las conversaciones con la delegación socialista. Y de lo que se trata ahora, visto que por la parte de los secesionistas no se ha producido ningún cambio reseñable, por lo menos no en público, es averiguar por qué razón en el PSOE hay tanta confianza en que la investidura se va a producir en los primeros días de enero.

Si ha habido algún tipo de avance, algún acuerdo, algún pacto que permita a Pedro Sánchez dar por hecho que los Reyes Magos le van a traer de regalo una estancia garantizada en el palacio de La Moncloa, los españoles seguimos sin saberlo y sin saber por lo tanto en qué ha consistido ese acuerdo, esa cesión. Y eso resulta de la máxima importancia, de hecho es decisivo para la opinión pública conocer qué se ha ofrecido en esta negociación al secesionismo irredento.

La Abogacía del Estado se pronunciará dentro de nada y tendremos entonces ocasión de calibrar hasta dónde ha estado dispuesto a llegar el candidato socialista para obtener la abstención de ERC. Pero los independentistas ya han aclarado muchas veces que no están negociando una abstención sino un conflicto político, cuyas líneas maestras para abordarlo a su satisfacción han sido enumeradas con absoluta claridad en el congreso de esta mañana.

La investidura de Sánchez estará más cerca, o eso dicen en el PSOE, pero el precio que los españoles vamos a pagar por ella no nos lo han comunicado aún. Por si acaso, prepárense para lo peor porque ERC sigue estando donde estaba.