La humillación

Veo a Carles Puigdemont luciendo sonriente su acreditación como europarlamentario y siento vergüenza.

Puigdemont debería haber sido juzgado junto al resto de procesados por el procés, pero huyó de la acción de la justicia. Si no hubiera buscado refugio en Bélgica, ahora estaría condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que Puigdemont se convirtió en miembro del Parlamento Europeo desde el momento de su elección (en las elecciones del pasado 26 de mayo) y que, por tanto, tiene la cobertura de la inmunidad.

El presidente de la Generalitat que impulsó la declaración unilateral de independencia, rompiendo la legalidad constitucional y saltándose a la torera la soberanía nacional, se permite el lujo ahora de humillar a España argumentando que ha sido víctima de un "juicio político" y sin garantías.

Cuando Puigdemont cuestiona al Tribunal Supremo está atacando a la democracia española, a su separación de poderes, a la soberanía de España como Estado. Esto es, que el TJUE ha puesto los derechos políticos por encima de la legalidad, ha salvaguardado las prerrogativas de un miembro de la Eurocámara a cambio de mancillar nada menos que al Tribunal Supremo de uno de los países miembros de la Unión.

En lugar de defender al Supremo el gobierno se apunta a la tesis de que el anterior gobierno judicializó un "problema político". Puigdemont se burla de España y a Sánchez parece que lo único que le preocupa es que Junqueras no rompa la negociación

Los independentistas están felices. Lo entiendo. Lo que no entiendo es la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el sentido de que lo que está ocurriendo es fruto de la herencia de Rajoy, por haber "judicializado la política", alineándose de esa forma con las tesis más rancias del independentismo. De ahí a la acusación de prevaricación, que hacen algunos miembros de Podemos, sólo hay un paso.

¿Se ha parado alguien a pensar el daño que ha sufrido España con la sentencia del TJUE?

Si el gobierno no estuviera suplicándole a ERC el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, tendría que haber salido en tromba a defender al Tribunal Supremo. Pero parece que se les ve satisfechos con lo que está ocurriendo, como si la cosa no fuera con ellos.

Los delitos cometidos por los condenados del procés son gravísimos. La decisión del TJUE no prescribe esos delitos, ni acorta las condenas, tan sólo se refiere a la vulneración de unos derechos políticos que, en ningún caso, afectan a la sentencia del Supremo.

El comportamiento de algunos de nuestros socios respecto a la cuestión catalana ha sido lamentable. El mejor ejemplo, Bélgica. Ese país, que ha sido refugio de los fugados del procés, fue condenado por el Tribunal de Derechos Humanos el pasado mes de julio por vulnerar el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dando la razón a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por el Comando Vizcaya de ETA en 1981, uno de cuyos miembros, Natividad Jáuregui, vive tranquilamente en Bélgica, cuyos tribunales han denegado de manera retirada su extradición a España.

¿Ha servido de algo esa condena? La señora Jaúregui sigue viviendo a sus anchas dando clases de cocina como si tal cosa.

Por cierto, la justificación para no extraditarla era que Bélgica entendía que el Estado español no garantizaría sus derechos.

La sentencia del TJUE ha tenido ya consecuencias, al margen de la entrega al huido y a su compañero de aventuras Toni Comín de las acreditaciones como europarlamentarios. El juez Pablo Llarena retirará próximamente la euroorden de detención contra los mismos al ser ésta inútil en virtud de lo dictaminado por el Tribunal de la UE. Puigdemont se paseará por Europa difundiendo la mentira de que Europa ha dado una lección a España. Y se instalará en Perpiñán, desde donde hará campaña para intentar volver a presidir la Generalitat.

Queda por saber lo que hará la Abogacía del Estado en relación a Oriol Junqueras, pero me temo que actuará al dictado del gobierno, que pretende continuar las negociaciones con ERC para investir a Sánchez antes de Nochevieja, o antes del día de Reyes, como ayer se acordó en el Congreso de los republicanos. Siempre, claro está, que la Abogacía del Estado se ponga de rodillas.

Que este gobierno diga que la vía política y la vía judicial tienen que ir por caminos separados parece un sarcasmo.

El presidente Sánchez, hay que recordarlo una vez más, se presentó a las elecciones del 10 de noviembre pidiendo un gobierno fuerte "para no depender de los independentistas". Esperemos a conocer los pormenores de su acuerdo con ERC, el precio pagado para seguir en Moncloa, para comprobar hasta qué punto ha llegado su impostura.

España ha sido mayoritariamente un país proeuropeo. A Europa la identificábamos con la democracia, la cultura y el estado de bienestar. Esperemos a ver cómo afecta la decisión del TJUE y sus consecuencias en la opinión pública. Sobre todo, cuando ya hay un partido, Vox, que no tiene complejos en defender el euroescepticismo.

Nos esperan tiempos difíciles. La debilidad del partido que ha ganado las elecciones ha llevado a su líder a echarse en brazos del populismo de izquierda y del independentismo, los peores aliados que uno puede tener si quiere preservar la unidad y la dignidad de España.