Nunca hasta ahora las instituciones del Estado habían sufrido tanto en su prestigio, nunca hasta ahora se había puesto en duda la imparcialidad, legalidad e impecabilidad de su comportamiento y de su actuación en un asunto concreto. Pero esta apuesta de Pedro Sánchez para lograr lo que él ha llamado un gobierno "progresista" está llevándose por delante hasta al apuntador.

Ni el Poder Legislativo -el Congreso y el Senado-, ni por supuesto el Poder Ejecutivo -el Gobierno- ni tampoco el Poder Judicial han salido indemnes de esta aventura en la que nos ha embarcado el señor Sánchez, pero ya tampoco el cuerpo de Abogados del Estado, que también está siendo objeto de presiones y cuyo Consejo Directivo ha tenido que salir ya a defender la limpieza de su actuación ante "cualquier intento de injerencia o presión". Y no digamos la credibilidad de España en el exterior. Ni siquiera el Rey se libra de los nefastos efectos de esta negociación para la sesión de investidura.

Vayamos por partes. Si el señor Sánchez no se hubiera empecinado en pactar con Unidas Podemos un gobierno sobre unas bases que seguimos sin conocer en absoluto y, sobre todo, si de esa decisión precipitada que se tomó para disfrazar el hecho de su fracaso en estas elecciones repetidas del 10 de noviembre no se hubiera seguido, como se siguió, que los independentistas de ERC se alzaran como socios imprescindibles sin cuya abstención no era posible el éxito del candidato socialista en una sesión de investidura, los españoles no hubiéramos tenido que soportar el esperpento y la ofensa de aquella sesión de acatamiento de la Constitución a cargo de muchas de sus señorías.

El Gobierno en funciones se está comportando de una manera directamente escandalosa e inaceptable utilizando el poder que conserva -y también el que no conserva- para ponerlo al servicio de sus intereses

Sólo porque el señor Sánchez necesita de los votos de los independentistas, la presidenta del Congreso Meritxell Batet se vio en la obligación de aceptar que algunos diputados juraran o prometieran precisamente actuar contra la Constitución: "Por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la Constitución de la república catalana". "Con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña". "En lealtad primera y última a nuestro pueblo". "Hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre".

Independientemente de los juramentos, digamos "adornados", que los hubo en profusión hasta llegar a alcanzar el ridículo, éstos que he seleccionado podrían haber atentado contra la propia Constitución. Per0 al independentismo había que permitirle todo o casi todo porque el Partido Socialista estaba embarcado ya en la operación negociadora que se está arrasando el prestigio de nuestras instituciones democráticas.

También el Gobierno en funciones se está comportando de una manera directamente escandalosa e inaceptable utilizando el poder que conserva -y también el que no conserva- para ponerlo al servicio de sus intereses. El último ejemplo lo dio la portavoz en la rueda de prensa del último viernes del año. Isabel Celáa anunció que el consejo de ministros había decidido suspender la aplicación del artículo 58 de la Ley de Seguridad Social, que es el que garantiza una subida anual del 0,25% a las pensiones porque, dijo, un Gobierno en funciones no puede incrementarlas un o,9%, como se había comprometido Pedro Sánchez a hacer. O sea, que no puede aprobar esa subida pero sí puede, en cambio, aprobar un decreto-ley por el que una ley en vigor queda suspendida. Qué barbaridad, qué descaro, qué atropello.

La razón de un comportamiento tan anómalo es la de siempre: al señor Sánchez le conviene anunciar la subida de las pensiones cuando esté investido y ocupe plaza fija en la presidencia del Gobierno. Y ante esa razón todas las demás razones quedan apartadas. La subidas del Salario Mínimo sufrió la misma congelación de las pensiones. ¿Por qué? Porque los independentistas han exigido que, ante la petición del Tribunal Supremo sobre los efectos que deberá tener la sentencia del TJUE a propósito de la inmunidad de Oriol Junqueras, la Abogacía del Estado fije una posición que les satisfaga. Y como eso todavía no se ha producido, los pensionistas tendrán que esperar a que el independentismo otorgue sus votos a Sánchez.

Pero, como contaba aquí hace dos días Casimiro García-Abadillo, las Abogadas del Estado que ejercieron la acusación durante el juicio contra los líderes independentistas y que deberían firmar el escrito solicitado por el Supremo, se resisten a defender según qué cosas para satisfacer las necesidades de Pedro Sánchez en relación con las pretensiones de los independentistas de Esquerra. Ésa razón y no otra explicaría la tardanza de la Abogacía del Estado en hacer pública su posición, algo que se espera para hoy lunes. Mientras tanto, ese cuerpo de funcionarios ya ha sido víctima de todas las especulaciones y de todas las sospechas por la utilización política que se está haciendo de la institución, algo que no tiene precedentes en la historia del Cuerpo.

Por eso ha tenido que salir el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado, algo que no se había producido nunca, a defender el buen nombre del Cuerpo. El contenido de su declaración no aclara a qué presiones o injerencias se refiere, pero es suficientemente representativo de que también a la Abogacía del Estado le está tocando enfrentarse a la insólita amenaza de un descrédito que nunca hasta ahora había estado en el horizonte de este cuerpo de servidores públicos.

El domingo por la tarde supimos que el escrito de la Abogacía General estaba ya listo. Lo tremendo es que supimos también que su contenido, cuyo destinatario es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, había sido comunicado a los negociadores de ERC para saber si le daban el visto bueno. Es decir, que el PSOE negociaba con el señor Junqueras, el condenado, la posición de la Abogacía sobre su propio destino. Esto destroza cualquier apariencia de dignidad y de respeto a las formas y a las normas en una democracia seria.

Sánchez preferiría que la Justicia española no hubiera actuado contra quienes violaron de manera tan flagrante las leyes

Y no digamos del daño que estas negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas de ERC están haciendo al prestigio institucional del Tribunal Supremo. El líder de ese partido está encarcelado porque cumple condena de 13 años por los delitos de sedición y malversación. Y es precisamente con él, a través de sus intermediarios, con el que el presidente del Gobierno en funciones está negociando su presidencia definitiva.

El mensaje no puede estar más claro: al señor Sánchez le viene mal la sentencia del Tribunal Supremo. En realidad, preferiría que la Justicia española no hubiera actuado contra quienes violaron de manera tan flagrante las leyes, dado que ahora considera, atendiendo a lo exigido por los negociadores de ERC, que éste es un problema político que debe tratarse al margen de los tribunales.

Por eso la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, reprochaba recientemente al Partido Popular de Mariano Rajoy que se hubiera optado por la vía judicial, como si la gravísima violación de la Constitución que supuso la declaración de independencia por parte de los secesionistas y la celebración de aquel simulacro de referéndum, de todo punto ilegal, no merecieran de oficio un juicio y una condena a sus autores.

La sentencia del Supremo se ha convertido en un obstáculo para los intereses de Pedro Sánchez que ha optado por ignorar sus consecuencias políticas ascendiendo al condenado Oriol Junqueras y a todos sus socios a la categoría de interlocutores válidos para garantizar su futuro gobierno, privando así de valor no jurídico sino sobre todo moral a la condena del Alto Tribunal. Más daño no se puede hacer para asegurarse una investidura.

Tampoco la figura del Rey ha salido indemne de este despropósito, de esta indignidad. Los representantes de ERC, que están negociando con el PSOE su abstención en la sesión de investidura, es decir, que están negociando la constitución del futuro gobierno de España, no tuvieron a bien acudir a la ronda de consultas que la Constitución establece y que Felipe VI llevó acabo. No acudieron porque querían evidenciar su rechazo a la Monarquía, que es precisamente la clave de bóveda de nuestra Constitución y, por lo tanto, de nuestro Estado de Derecho. Y no sólo eso, también el señor Rufián, negociador principal en esa mesa cubierta por el secreto, se permitió criticar el discurso del Rey en los términos que para él resultaban especialmente ofensivos. "Ha hecho el discurso de Vox", dijo.

El problema no son únicamente los malos modos o el tono buscadamente insultante del señor Rufián dada su posición de fuerza en la posible formación de un gobierno, sino el silencio tremendo con que los dirigentes socialistas han recibido este agravio, este menosprecio, esta afrenta a quien encarna constitucionalmente la unidad y permanencia del Estado español. El PSOE ha humillado con su mutismo al jefe del Estado y con él, a todos los españoles.

Y, para terminar, hay que considerar el efecto que esta negociación con los independentistas juzgados y condenados por la Justicia española está teniendo y va a tener entre los países democráticos de nuestro entorno. A ver quién es capaz de justificar en el exterior este pacto con unos señores que fueron puestos a disposición de los tribunales por haber violado la Constitución en su intento fallido de romper España. El crédito de nuestro país, en términos políticos pero inevitablemente también jurídicos, sufre con ello un durísimo golpe del que será muy difícil si no imposible recuperarse.

Todo esto y algunas cosas más nos está costando que Pedro Sánchez culmine su apuesta de ser presidente con los socios equivocados. Una factura demasiado cara para el prestigio y los intereses de nuestro país y sus instituciones.