Una vergüenza y una falsedad

Independientemente de lo que establezca el Tribunal Supremo, el escrito elaborado por la Abogacía del Estado es un misil en la línea de flotación del sistema democrático español en la medida en que arma a los independentistas frente a las instituciones de nuestro país, incluido el prestigio de la propia Abogacía del Estado.

Para empezar, la señora Seoane ha recurrido a un argumento que es falso, según el cual se impone la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional. Eso es verdad salvo en los casos en que se trata de cosa juzgada. En esa situación el derecho comunitario deja de prevalecer y prevalece el derecho nacional. Y éste es precisamente el caso.

Existen suficientes sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acreditan lo que estoy diciendo como para que la Abogada del Estado no se hubiera apoyado en ese principio de observancia del Derecho de la Unión sobre el Derecho de España para dejar aclarada su posición en este momento, que no es ya el momento en que la señora Seoane se pronunció cuando pidió que Oriol Junqueras, entonces en prisión provisional, fuera autorizado a acudir a Estrasburgo.

Con su dictamen, la señora Seoane ha hecho un flaco favor al prestigio de un Cuerpo enormemente respetado hasta el día de hoy

Porque esa es la cuestión: el señor Junqueras ya había sido juzgado cuando salió elegido eurodiputado. Y ya había sido condenado cuando el TJUE emitió su sentencia. Y no es la inmunidad adquirida la que prevalece sobre su situación sino la condena a la que ha sido sentenciado la que le convierte en inelegible. De hecho, el reglamento europeo establece los mecanismos para que el diputado condenado por sentencia firme pueda ser sustituido.

Lo que determina la inegibilidad no es la inhabilitación sino la condena a una pena de privación de libertad. Es decir, no se puede autorizar a un condenado a prisión a que acuda a recoger algo a lo que no tiene ya derecho por la sencilla razón de que, con su condena, lo ha perdido. Y eso es lo que va a decir, no puede decir otra cosa, la Junta Electoral Central cuando se pronuncie el próximo día 3 de enero: aplicar la previsión contenida en la Ley Electoral española y comunicar al Parlamento europeo el nombre de quien sustituya en la lista al señor Junqueras.

El propio TJUE, responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en un momento en que el señor Junqueras estaba en prisión provisional. Hay que fijarse en los puntos 93 y 3o de la sentencia del TJUE en el que queda claro que el tribunal europeo dice claramente al alto tribunal español que resuelva la cuestión como considere oportuno. Y eso es lo que previsiblemente va a hacer, esperemos.

Porque digámoslo claro: la única forma de dejar que un señor condenado por sentencia firme salga en libertad a recoger su acta de eurodiputado es lisa y llanamente, la de anular la sentencia. Eso es lo que pide el abogado del señor Junqueras, Andreu Van Den Eynde pero, naturalmente, a plantear esa enormidad sí que no se ha atrevido la Abogacía General del Estado, que ha optado por surfear sobre un razonamiento que no se sostiene pero que conviene mucho a lo que Sánchez necesitaba.

Con su dictamen, escandalosamente sometido antes que al Tribunal Supremo a la consideración del propio preso para saber si al preso le parecía bien lo que la Abogacía del Estado -en nombre del Estado aunque en ese caso está actuando en nombre del Gobierno- iba a proponer, la señora Seoane ha hecho un flaco favor al prestigio de un Cuerpo enormemente respetado hasta el día de hoy.

La Abogacía se ha puesto de un modo casi obsceno al servicio de los intereses políticos de un presidente del Gobierno en funciones que necesitaba imperiosamente del nihil obstat del reo de Lledoners para meter el acelerador y convocar su sesión de investidura antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente sobre esta cuestión y deje zanjado el asunto, cosa que no se producirá previsiblemente antes del día 7 de enero.

Hablando en plata, un paso más en dirección al objetivo de dejar a España como una carcasa compuesta de tantas naciones como vayan dictando los nacionalistas y las necesidades de Sánchez

Por eso Sánchez va y, corre que te corre y en una sola jornada, la de hoy, ha presentado los acuerdos alcanzados con el PNV -el presidente de ese partido Andoni Ortuzar ha dicho que están muy contentos- que incluyen la previsible expulsión, aunque todavía encubierta, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de la comunidad foral de Navarra, una vieja reclamación de los nacionalistas vascos, la creación de una selección de fútbol de Euskadi, con el objetivo de "buscar cauces para aumentar la presencia internacional", y el compromiso asumido de "adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales".

Es decir, hablando en plata, un paso más en dirección al objetivo de dejar a España como una carcasa compuesta de tantas naciones como vayan dictando las exigencias de los nacionalistas y las necesidades del señor Sánchez. No es de extrañar que Ortuzar esté contento. Los que no estamos contentos somos los demás.

Y esta tarde ya nos hemos enterado por fin de en qué consisten los acuerdos, hasta ahora secretos, firmados con Pablo Iglesias, el de momento silente líder de Podemos. Deprisa, deprisa, no se nos vaya a hundir el montaje antes de haberlo rematado.

Este es el lamentable y desolador panorama que nos ofrece la política española este final de año. Les acompaño en el sentimiento.