Pere Aragonès, durante la reunión del Consejo de ERC.
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido inhabilitar a Quim Torra como diputado del Parlamento de Cataluña, lo que debería forzarle a dimitir como presidente de la Generalitat.
Pero Torra se niega a cumplir el dictamen de la JEC, porque sólo reconoce legitimidad para designar su cargo al propio parlamento catalán: "Seguiré siendo presidente de la Generalitat hasta que el Parlament no diga lo contrario", ha dicho en declaración institucional tras una reunión del Consell Executiu. Eso significa que el presidente catalán se propone, una vez más, desobedecer una resolución judicial -de hecho, su inhabilitación se ha producido por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos de la sede del gobierno- y poner en un brete tanto a su socio de gobierno, ERC, como al gobierno de España.
En la misma reunión en la que se acordaba la inhabilitación de Torra, la JEC decidió también que Oriol Junqueras no puede ser euordiputado, lo que provocó la convocatoria de una reunión extraordinaria de la dirección de ERC para el día 4.
La decisión de la JEC se produce a tan sólo unas horas del comienzo del pleno de investidura, en el que la abstención de ERC es clave para que Pedro Sánchez sea investido presidente en segunda votación.
Si ERC apoya a Torra en su insumisión estaríamos ante una situación inaudita: Sánchez le debería su cargo a un partido que, al mismo tiempo que ratifica un pacto para investirle presidente, avala con su voto en el Parlamento catalán desobedecer una resolución de la JEC.
La continuidad de Torra o no al frente de la Generalitat es fundamental para el desarrollo del pacto del PSOE y ERC, que contempla la creación de una mesa de negociación bilateral en la que, en principio, debería participar el presidente catalán.
El presidente del Govern, Quim Torra, ha desafiado a la Junta Electoral y ha dicho que continuará como presidente del […]Pero es que incluso existe la posibilidad de que el partido republicano se replantee el mismo día de comienzo del debate de investidura su abstención para investir a Sánchez, en protesta por la decisión de la JEC respecto a su líder. Así que todo está en el aire.
Todo un embrollo que no hace sino evidenciar que la solución al conflicto catalán no será tan sencilla como aplicar la fórmula de diálogo a la que ahora se aferra el gobierno como a un clavo ardiendo.
Desde las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 los acontecimiento en la vida política española se producen de forma precipitada, ahondando en la inestabilidad fruto del derrumbe de los dos grandes partidos que han gobernado España desde 1982, el PSOE y el PP.
Esa vorágine se ha convertido en vértigo tras la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 2018 que propició la caída del gobierno de Mariano Rajoy. Han pasado tantas cosas, se han producido tantos bandazos que pedir coherencia a los líderes políticos que los han protagonizado sería tan inútil como pedir explicaciones por superar los límites de velocidad a los pilotos de Formula 1.
Pero una cosa es que los políticos se aprovechen de la confusión para sacar provecho del despiste y otra muy distinta es que aceptemos su oportunismo como algo natural y hasta necesario.
El día 3 de enero podría pasar a la historia como el día en el que todo fue posible. Hasta tal punto, que si las bases de Bildu hubieran decidido votar en contra, la investidura de Sánchez habría naufragado incluso antes de que se conocieran las decisiones de la JEC sobre Torra y Junqueras.
Torra anuncia que desobedecerá a la Junta Electoral, que fuerza su cese como presidente de la Generalitat. Mientras, ERC podría replantearse su abstención a la investidura de Sánchez
El día comenzó con la rueda de prensa del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la que dio explicaciones, tras el visto bueno de la Ejecutiva socialista, sobre el pacto con Unidas Podemos y al acuerdo con ERC, ratificado por el Consell Nacional de dicha organización en la tarde del día 2 de enero.
Sin rubor, Ábalos culpó a las derechas (PP, Vox y Ciudadanos) de aplicar una "agenda obstruccionista" que ha supuesto, en su opinión, un "boicot" al gobierno de Pedro Sánchez. Olvida el número tres del PSOE que Sánchez se vio forzado a convocar elecciones generales el pasado mes de abril porque ERC votó el 13 de febrero (¡no hace ni un año!) en contra de los presupuestos, que salieron derrotados por 191 votos contra 156.
Es decir, que fue una rebelión interna dentro del gobierno Frankenstein la que acabó con la legislatura, no una mayoría alternativa de la derecha. ERC votó contra los presupuestos por mantener las mismas posiciones que sostiene ahora, y que, entonces, la portavoz socialista Adriana Lastra calificó de "intransigencias inadmisibles".
A esa alteración de la realidad (culpar a la derecha de lo que son responsables los independentistas) en función de lo que le interesa a Sánchez en cada momento se añaden otras mutaciones no menos relevantes. Lo que hace once meses era para el PSOE una "injerencia política en un proceso judicial" (la cita vuelve a ser de Lastra), ahora, en virtud del acuerdo firmado con ERC, se convierte en una forma de "resolver el conflicto político mediante la negociación, superando la judicialización del mismo".
Ábalos olvida (como recordaba Victoria Prego en su último artículo publicado en El Independiente) que Junqueras no está en la cárcel por voluntad del gobierno de Mariano Rajoy, sino porque él, Puigdemont y demás condenados o huidos, tuvieron que rendir cuentas ante el Tribunal Supremo por haber vulnerado la ley, por haber encabezado un proceso de sedición contra la Constitución y la soberanía nacional.
Ábalos, volvemos a la rueda de prensa del secretario de Organización del PSOE, asumió sin reparos los argumentos y hasta el lenguaje de los independentistas, al afirmar que "el PP judicializó la política en Cataluña".
Si el pacto de gobierno con Unidas Podemos supone una bomba de relojería para el crecimiento económico y la creación de empleo, el acuerdo con ERC tiene implicaciones mucho más graves. Las medidas que incluye el primero son reversibles, mientras que la que implica el segundo conlleva cesiones en la soberanía difícilmente recuperables.
Si el primer gobierno de Sánchez cayó precisamente por un voto en contra de sus presupuestos por parte de los independentistas, ahora podría volver a pasar lo mismo
El documento del acuerdo con ERC está plagado de ambigüedad, un terreno idóneo para los independentistas. Por ejemplo, cuando habla de que la mesa de diálogo "actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático" ¿Eso qué quiere decir? Pues depende de quien lo interprete. Para Ábalos significa un respeto a nuestras leyes y a la Constitución. Pero, para Marta Vilalta, portavoz adjunta de ERC y miembro del equipo negociador de su partido con el PSOE, significa otra cosa muy distinta. Así lo entiende ella: "Hemos identificado que el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático y eso va mucho más allá de la Constitución". ¡Y eso que no habían pasado ni 24 horas desde la ratificación del acuerdo!
Esa calculada falta de concreción afecta de manera especial a uno de los puntos cruciales del acuerdo: la convocatoria de una consulta sobre los pactos que alcance la mesa de diálogo bilateral que se constituirá quince días después de que haya gobierno. Se habla de una "validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema político-jurídico".
Cuando un periodista le pregunto por ello en la rueda de prensa, Ábalos tuvo que reconocer que el gobierno está abierto a modificar el marco jurídico para que la consulta quepa en él ¿A qué modificaciones se refiere? ¿En qué tipo de consulta están pensando? ¿Se conformará ERC con una simple reforma del Estatuto de Autonomía? Esas preguntas no tienen respuesta... por ahora.
Pero, si cabe, lo más bochornoso del pacto con los independentistas es que no garantiza la continuidad del gobierno, sino simplemente la investidura de Sánchez. Eso es todo. Ábalos tuvo que reconocer que no existe ningún compromiso por parte de los republicanos para apoyar los presupuestos. Es decir, que el avance o la parálisis de la negociación en la mesa bilateral condicionará la continuidad del gobierno. Más en concreto, la continuidad de Sánchez en Moncloa penderá de un hilo que maneja de forma exclusiva ERC.
Si el primer gobierno de Sánchez cayó precisamente por un voto en contra de sus presupuestos por parte de los independentistas, ahora podría volver a pasar lo mismo. Con la diferencia de que entonces, hace tan sólo unos meses, el presidente no cedió a la presión y ahora lo ha hecho dándoles la razón en su argumentario. Y aún con todo, ese contorsionismo ideológico puede que no haya servido de nada.
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido inhabilitar a Quim Torra como diputado del Parlamento de Cataluña, lo que debería forzarle a dimitir como presidente de la Generalitat.