Un discurso tramposo

Pedro Sánchez ha propuesto en su discurso de investidura el logro de una meta política de altos vuelos. "Recomenzar", esa ha sido la palabra clave de toda su intervención. "Recomenzar" significa, según ha explicado, poner fin a una etapa política que se inició con la aprobación de la Constitución en 1978 y empezar una nueva fase que se caracteriza por el "diálogo" como método para resolver el problema territorial y, en especial, el conflicto catalán. Ahí es nada.

El candidato a presidir el próximo gobierno comenzó su intervención de forma contundente: "No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Lo que se va romper es el bloqueo".

Después hizo un repaso de la historia del PSOE como partido esencial para la gobernabilidad de España y para justificar que se haya tenido que llegar a acuerdos con otras fuerzas para afrontar esta investidura. Echando un jarro de agua fría a sus socios de Unidas Podemos, que no paran de ensalzar las virtudes de una coalición de izquierdas que se forma por primera vez desde la Segunda República, Sánchez reconoció: "Hubiéramos preferido un gobierno formados por socialistas e independientes".

Mientras que para Pablo Iglesias la coalición es la virtud para hacer frente a la necesidad, para Sánchez ha sido la necesidad la que no ha tenido más remedio que convertir en virtud.

Luego, el discurso entró en un retahíla de propuestas que ya conocemos, porque son las que se incluyen en el Pacto de gobierno PSOE/UP que se hizo público el pasado lunes. El candidato a presidir el gobierno ha pronunciado el discurso de investidura más largo de la democracia reciente: una hora y tres cuartos, 105 minutos. Pero no fue hasta el minuto 100 cuando hizo referencia al pacto con ERC y a la conformación de una mesa bilateral de diálogo entre el gobierno central y la Generalitat.

Sánchez propone "recomenzar" el proceso político que comenzó con la Transición, pero lo hace dejando al margen a la mitad de la Cámara

Esa ha sido la trampa de su parlamento. Pasó por encima de lo fundamental, le dedicó tanto tiempo al pacto con ERC como a la ley contra el maltrato animal.

Si lo que Sánchez se propone es "recomenzar", volver a reabrir el melón del modelo territorial sobre nuevas bases, esa debería haber sido la guía de su discurso, porque el tema tiene suficiente trascendencia como para no dejarlo en una mera exposición de principios.

Ahora bien, si su aspiración es poner fin a la etapa que comenzó con la Transición, ¿por qué no profundizó en ello, por qué lo convirtió en un mero apunte en medio de su extensa exposición?

Veamos lo que ocurrió durante la Transición. La clave de bóveda que hizo posible inaugurar la etapa política democrática más longeva de nuestra historia fue que las fuerzas progresistas y conservadoras se pusieron de acuerdo en unas reglas de juego, que incorporaron con un premio de representación a los nacionalistas (aunque el PNV se puso de perfil) y definieron una Constitución que reconocía de forma explícita las diferencias entre territorios.

El reinicio que plantea Sánchez es tramposo porque sólo ha tenido en cuenta a sus socios de gobierno (Unidas Podemos) y, después, a ERC y al PNV. De forma consciente el presidente en funciones ha dejado al margen a los partidos de la derecha a los que, además, ha reprochado su actitud "obstruccionista".

Su plan para "recomenzar" una nueva etapa en la democracia española no resulta creíble porque deja al margen a la mitad de los ciudadanos. No es ni más ni menos que una justificación para envolver su verdadero fin: salir investido presidente.

Seguramente el modelo territorial inaugurado con la Constitución del 78 esté agotado. Quizás haya que reformar algunos aspectos de la Carta Magna que nos ha dado a los españoles más de 40 años de libertad, paz y prosperidad. Pero la forma en la que Sánchez quiere hacerlo es la más impertinente de todas.

El "recomienzo" no se puede hacer tachando de "antidemocrática" a la derecha como hizo ayer el líder de Izquierda Unida (y posible ministro), Alberto Garzón, ni poniendo en duda a las instituciones, como hizo también ayer Adriana Lastra al cuestionar la legitimidad de la Junta Electoral Central por tomar la decisión de inhabilitar a Torra y decir que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado.

"Recomenzar" la democracia española requiere altura de miras, sentido de Estado, convicciones profundas, algo que, para desgracia de los españoles, no está demostrando el hombre que quiere presidir el gobierno durante los próximos cuatro años.