La Fiscalía General, al servicio de los intereses políticos del Gobierno

De todos los nombramientos decididos por Pedro Sánchez, el de la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado es de lejos el peor y el más alarmante por lo que significa y por lo que sugiere.

La señora Delgado fue desde que el anterior gobierno inició su andadura, una ministra en la picota porque aparecía en las grabaciones del ex comisario Villarejo compartiendo amigablemente no sólo mesa y mantel con el policía ahora en prisión, sino también confidencias de éste que la ministra, en el momento en que se hizo la grabación fiscal de la Audiencia Nacional en ejercicio, de ningún modo debería haber tolerado en su presencia.

Hay que señalar que en esa comida estaba también presente el ex juez de la Audiencia Baltasar Garzón que, en un momento de la amigable charla, le dice a Villarejo: "Tú eres un mal necesario". Es decir, que allí nadie, y ella tampoco habida cuenta de su muy estrecha amistad con el ex juez, ignoraba por entonces la catadura moral y legal del policía.

Lo que Villarejo contaba era que él tenía montado un sistema de servicio de prostitutas -una "agencia de modelos", decía él- que ofrecía a personas relevantes con el fin de obtener informaciones valiosas obtenidas, para uso ilegal del comisario, en medio de los vapores del placer. Un delito como una casa que a la fiscal de la Audiencia no le pareció que la obligara a tomar inmediatamente cartas en el asunto o, en su defecto, a levantarse de la mesa y abandonar la reunión.

No, no, a la fiscal Delgado le pareció muy adecuado el sistema de "información vaginal" ideado por el ex comisario, hasta el punto que sentenció con asombrosa impavidez y escandalosa complicidad algo así como "¡éxito seguro!".

Sánchez necesita a Delgado para que no se vuelva a meter el dedo en el ojo a los secesionistas catalanes a los que el presidente necesita imperiosamente para aprobar sus Presupuestos

Pero no sólo eso. En el transcurso de ese almuerzo ella misma contó a los presentes que durante un viaje de una delegación judicial española a Cartagena de Indias (Colombia) vio a magistrados del Tribunal Supremo y a miembros de la Fiscalía General del Estado acompañados de menores de edad en un ambiente y con unas intenciones no precisamente académicas. Y no hubo más, ni ella denunció ese presunto delito ni luego acreditó la veracidad de lo que había contado.

Aquella publicación de los audios dejó a la ya titular de Justicia en una posición política y profesional directamente imposible. Pero Pedro Sánchez, sin embargo, no la cesó. El presidente del gobierno en funciones acababa de perder a dos ministros recién nombrados, el de Cultura y la de Sanidad, por razones distintas pero que habían acabado provocando sus respectivas dimisiones.

Sánchez no podía aguantar una sola baja más en su equipo y mantuvo en su puesto a una Dolores Delgado políticamente muy disminuida y desde aquel entonces ya muy desprestigiada en el mundo judicial.

Cuento todo esto porque es evidente que la señora Delgado está inmensamente agradecida a su presidente y que le va a devolver el favor desde su nuevo puesto en la Fiscalía General del Estado. Un cargo del que Pedro Sánchez requiere ahora mismo ductilidad y sumisión. Y para eso nadie mejor que Dolores Delgado.

Sucede que las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, que van a resultar extraordinariamente difíciles porque lo que pretenden los independentistas catalanes no lo puede admitir el presidente del Gobierno, incluyen lo que ellos han llamado la "desjudicialización de la política", que en esencia consiste en que los desmanes cometidos por los líderes del secesionismo no encuentren su respuesta natural ante los tribunales.

En esencia, lo que los independentistas pretenden es la impunidad para sus delitos. Pero esa impunidad también tiene grados y uno de ellos reside en los recursos que el Gobierno ha planteado y en condiciones normales volvería a plantear ante el Tribunal Constitucional por motivos varios: la violación de las leyes o la invasión por parte de la Generalitat de competencias privativas del Estado. Otras cuestiones espinosas como la posición de los fiscales de Cataluña sobre los eventuales permisos penitenciarios de los presos independentistas o, más grave aún, sobre un posible indulto a los condenados, pondrán a la señora Delgado bajo los focos de la opinión pública.

Y para todos esos asuntos necesita Sánchez a Dolores Delgado, para que no se vuelva a meter el dedo en el ojo a los secesionistas catalanes a los que el presidente del Gobierno necesita imperiosamente para aprobar sus Presupuestos.

Así como la urgencia por celebrar la sesión de investidura no estaba determinada, como se comprobó después, por la necesidad imperiosa de que el país contara cuanto antes con un nuevo gobierno sino por su prisa en salir elegido presidente antes de que el Tribunal Supremo hiciera público su auto sobre la pretendida inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario, aquí la estrategia hace foco en la aprobación de la ley de Presupuestos.

Mientras las cuentas del Estado no hayan superado los trámites obligados, la nueva Fiscal General del Estado no se moverá ni un milímetro en la defensa de los intereses del Estado, que debía ser precisamente su función, si eso contradice las necesidades del presidente.

A partir de hoy en el primer puesto de la fila india de las instituciones candidatas al descrédito se sitúa la Fiscalía General

Es más, estará a las órdenes políticas del jefe del Gobierno en cuestiones muy relevantes para el sistema democrático español. Y no es éste un mero juicio de intenciones: ya hemos visto la presión que desde el ministerio de Justicia se hizo sobre la Abogacía General del Estado para destituir a Edmundo Bal de la jefatura de lo Penal y, después, para forzarla a hacer el ridículo más espantoso y defender lo indefendible a base de inauditas contorsiones del razonamiento en el caso de su escrito a propósito de la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

Si de la ministra de Justicia hubiera dependido, el líder de ERC estaría hoy paseándose junto a los otros huidos de la Justicia por los pasillos del Parlamento europeo. Afortunadamente la separación de poderes sigue siendo una realidad en nuestro país por lo que se refiere a la independencia de los tribunales.

Por eso las asociaciones mayoritarias de fiscales han reaccionado inmediatamente contra este nombramiento al que se le ve demasiado la muy evidente intención: tener a la Fiscalía General del Estado al servicio de los intereses políticos del Gobierno.

El señor Sánchez habría disimulado un poco más su propósito si hubiera designado a Juan Carlos Campo Fiscal General y hubiera dejado a Delgado al frente de Justicia. Pero, hecho de este modo, el nombramiento de la señora ministra desprende un inconfundible aroma a intromisión a fondo del Poder Ejecutivo en el Ministerio Fiscal en concreto y en el Poder Judicial en términos globales para satisfacer sus menesteres políticos.

Ya la Abogacía General del Estado ha sufrido un golpe letal para su hasta ahora magnífica reputación, que ha quedado muy seriamente dañada. A partir de hoy en el primer puesto de la fila india de las instituciones candidatas al descrédito se sitúa la Fiscalía General ocupada por la hasta hoy mismo ministra de Justicia Dolores Delgado.