Trapero, un juicio anacrónico

El mayor Trapero (Josep Lluis Trapero Ávarez, Santa Coloma de Cramanet, 1965) se hizo popular tras los atentados de Las Ramblas y Cambrils que se produjeron en agosto de 2017. Sus comparecencias públicas nos mostraron a un tipo duro, seguro de sí mismo. Su ascenso a mayor -cargo simbólico, pero que él reclamó con insistencia- se produjo en 2017 de la mano de Carles Puigdemont, casi desde que fue nombrado jefe de los Mossos de d'Esquadra en 2013.

A pesar de que la gestión de los atentados fue muy cuestionada por otros cuerpos de seguridad (dos horas antes del tiroteo de Cambrils dijo en rueda de prensa que no esperaba nuevos ataques yihadistas, por sólo mencionar una de sus meteduras de pata) el presidente de la Generalitat se encargó de que Trapero saliera fortalecido.

Los meses de septiembre y octubre de 2017 le colocaron de nuevo en primer plano. Fueron los meses de mayor tensión en Cataluña. El 20 de septiembre tuvo lugar el cerco de unas 40.000 personas a la Consellería de Hacienda en pleno centro de Barcelona mientras se producía un registro judicial. Un rupo de manifestantes destrozó algunos coches de la Guardia Civil y la secretaria judicial a cargo del registro tuvo que salir por un teatro anexo a la Consellería para evitar que sufriera daños. Después vino el 1 de octubre, el referéndum ilegal en el que los Mossos tenían encomendada la función de ocupar los colegios electorales para impedir la votación, cosa que no hicieron, limitándose a una presencia testimonial de una pareja de agentes en cada uno de los centros.

Sería una contradicción, una burla macabra, que Trapero, al fin y al cabo, un peón, a lo más un alfil, de la estrategia separatista sufriera mayor condena que sus jefes

La Fiscalía considera a Trapero un hombre clave en la estrategia secesionista de la Generalitat. En concreto, le acusa de haber puesto a los Mossos "al servicio de la organización del referéndum". Hoy comparece ante la Audiencia Nacional para responder de un delito de rebelión.

Seguramente, la Fiscalía rebajará la tipificación del delito al grado de sedición, para que exista cierta coherencia entre la acusación del Ministerio Público y la condena del Tribunal Supremo a los principales responsables del procés. Eso, como mínimo. No es descartable que incluso la petición quede rebajada a un simple delito de desobediencia.

Cuando tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo como testigo, Trapero optó por una defensa técnica, distanciándose de sus jefes políticos. Dijo que nunca desobedeció las órdenes de la autoridad judicial y que su operativo para impedir el 1-O era el acordado con el coordinador de las fuerzas de seguridad, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Dijo también que advirtió al presidente de la Generalitat de que los Mossos nunca quebrantarían la Constitución. Llegó incluso a confesar que había elaborado un plan secreto para detener a Puigdemont. Desde entonces, dejó de ser un icono para el independentismo.

Ya no se venden camisetas con su rostro impreso en los top manta de las ramblas junto a las camisetas falsificadas del Barça con el nombre de Messi. Lejos quedan aquellos días en que compartía copas y coplas con su jefe Puigdemont.

Aunque ahora está apartado de cualquier función operativa y trabaja arrinconado en un despachode la comisaría sita en la Travessera de les Corts, sigue conservando su sueldo. Magro consuelo para un hombre que acumula cinco condecoraciones y que soñó con ser el superpolicía de Cataluña.

Como mínimo, Trapero colaboró a su modo con los planes separatistas de Pugidemont. Su connivencia permitió la celebración de un referéndum ilegal que fue la justificación de la declaración unilateral de independencia y que todavía figura en el imaginario independentista como un hito comparable a la derrota de 1714 frente a las tropas borbónicas.

Juguete roto del independentismo, Trapero es paradójicamente uno de los beneficiarios colaterales del cambio político que se ha producido en España después del 10 de noviembre. El Gobierno de España ha aceptado abrir una negociación bilateral con la Generalitat. El PSOE ha pactado una hoja de ruta con ERC para buscar una "solución dialogada". El jefe de filas de ERC, Oriol Junqueras, era vicepresidente de la Generalitat cuando se produjeron los hechos por los que ahora será juzgado Trapero. Nadie duda de que Junqueras saldrá de prisión más pronto que tarde, bien sea por la aplicación del artículo 100.2, o por una amnistía, como exigen los independentistas.

Sería una contradicción, una burla macabra, que Trapero, al fin y al cabo, un peón, a lo más un alfil, de la estrategia separatista sufriera mayor condena que sus jefes.

La "desjudicialización de la política", petición independentista que significa que la política decolore los delitos hasta hacerlos irreconocibles, nos hacen ver ahora a Trapero casi como un pobre hombre, una víctima de las circunstancias.

Su juicio oral no despertará la expectación de su declaración ante el Supremo el 14 de marzo de 2019. Las circunstancias ahora le son favorables. Mientras el Gobierno legaliza las 'embajadas' de la Generalitat, considera interlocutor válido al president Torra -inhabilitado por la JEC- y la Audiencia deja en libertad a los CDR acusados de terrorismo, parece casi un absurdo que Trapero se siente en el banquillo acusado de rebelión.

Aunque fue su inacción la que obligó a intervenir a la Policía y la Guardia Civil para cumplir la orden de impedir el 1-O; aunque sus hombres espiaron a ambos cuerpos para transmitir la información a la Generalitat; aunque él mismo advirtió a Carme Forcadell de un registro, verle ahora entrando en la Audiencia nos da hasta un poco de pena ¡Hasta ese punto la política ha cambiado nuestra percepción de las cosas!