El Gobierno ha hecho saber que quiere modificar el Código Penal para rebajar las penas a los delitos de sedición. Es decir, que está dispuesto a cambiar la ley para contentar a los líderes del procés.
Hemos pasado de la supuesta "judicialización de la política" que denuncian los independentistas a una abierta y grosera politización de la Justicia. El poder tiene un precio.
La modificación necesita de mayoría absoluta en el Congreso, pero eso no es problema: son precisamente los votos de ERC (a los que también podrían sumarse los de JxC) los que le darían al Gobierno la mayoría necesaria para reformar una ley orgánica.
Probablemente, el Gobierno quiera evitarse el desgaste de indultar a los condenados por el Tribunal Supremo, pero moldear el Código Penal al gusto del consumidor (aunque esto se haga metiendo en el mismo saco el endurecimiento de penas a delitos de violencia de género, o incluso aumentando las penas para los delitos de rebelión) tiene también consecuencias evidentes, como, por ejemplo, consolidar dos bloques irreconciliables en el Congreso y en el Senado. Parece claro que ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos van a apoyar esta nueva cesión ante el independentismo. Pero lo que es peor aún: esta decisión ahonda en el descrédito de la Justicia y en el deterioro del Estado de Derecho.
La reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición quebranta el principio de igualdad ante la ley y supone una revisión por la puerta de atrás de la sentencia del Tribunal Supremo
Los argumentos para cuestionar este nuevo regalo de Sánchez al independentismo son evidentes:
1º Se trata de una iniciativa diseñada ad hoc para beneficiar a un colectivo concreto. De hecho, los presos del procés son los únicos condenados por un delito de sedición cumpliendo condena.
2º Con ello, se quebranta el principio de igualdad ante la ley. Se beneficia a los afectados por un delito específico, en una decisión arbitraria y discriminatoria difícil de justificar.
3º Los beneficiarios son políticos en ejercicio o cargos públicos. En lugar de reducir los privilegios de los políticos -como es la tendencia en toda Europa, por ejemplo, al limitar al máximo la necesidad de solicitud del suplicatorio- el Gobierno se amplía y se refuerza su protección ante la ley.
4º Uno de los delitos por los que están condenados los presos del procés es la malversación de fondos públicos, considerado por el Tribunal de Justicia de la UE como un "delito de corrupción", cuya penas habría que aumentar, no recortar.
5º Modificar el delito de sedición es, en la práctica, una revisión de la sentencia del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Es decir, es tanto como anular un proceso que se llevó a cabo con todas las garantías.
6º Si al reformar el delito de sedición se modifican las conductas consideradas delictivas, además de las penas, los presos podrían solicitar la revisión del juicio y reclamar su inmediata excarcelación dado que los hechos por los que fueron condenados ya no tienen la calificación que provocó su condena.
7º Los efectos de la reforma serían inmediatos para los condenados, al ser estos retroactivos, según establece el artículo 2.2 del Código Penal ("tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena").
La iniciativa que el Gobierno quiere poner en marcha es de mucho mayor alcance y, por tanto, más lesiva que el nombramiento como Fiscal General del Estado de Dolores Delgado. Esta concesión al independentismo tiene efectos limitados, por cuanto el Estatuto Fiscal limita el margen de maniobra del Gobierno para poner a los fiscales a su servicio, mientras que una modificación legislativa jueces y fiscales no tienen más remedio que aplicarla.
El presidente del Gobierno tuvo la oportunidad de contarles a todos los ciudadanos lo que tenía en mente durante la entrevista que concedió el lunes a TVE-1, dado, además, que los periodistas le preguntaron por esa cuestión. ¿Sería porque le dio vergüenza?
El Gobierno ha hecho saber que quiere modificar el Código Penal para rebajar las penas a los delitos de sedición. Es decir, que está dispuesto a cambiar la ley para contentar a los líderes del procés.
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