La delgada línea verde

El universo de la inversión sostenible a través del mercado de los denominados bonos verdes está creciendo de manera imparable. Lo verde ha ido impregnando la mayoría de industrias y sectores productivos y ya nadie parece quererse quedar fuera del plus de respetabilidad y buen aspecto que se desprende al ser calificado como verde.

Aunque en el año 2007 el Banco Europeo de Inversiones lanzó el primer bono verde para financiar proyectos sobre el cambio climático, hubo que esperar hasta el 2014 para asistir a un crecimiento significativo del mercado en cuanto a volumen de emisiones. Desde ese año el mercado de bonos verdes ha crecido anualmente y a doble dígito. A cierre de diciembre de 2019 las emisiones de bonos verdes superaron la marca de los 500.000 millones de euros.

Pero, ¿qué son los bonos verdes? Son emisiones de deuda que permiten a las entidades públicas y privadas obtener financiación para desarrollar proyectos verdes. Y para que un proyecto sea considerado "verde" debe estar alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por Naciones Unidas.

Algunos ejemplos de este tipo de proyectos son los vinculados a energías limpias como la solar o la eólica o los relacionados con la gestión de residuos. Adicionalmente, para que un bono sea considerado "verde", es necesaria la certificación de uso de los fondos, es decir, la auditoría y verificación que el dinero recaudado se usa efectivamente para proyectos verdes.

La línea verde que separa lo realmente ecológico de lo que sólo lo aparenta es ciertamente delgada

Pero también en el cajón de sastre de lo ecológico y para acceder a la calificación de bono verde caben proyectos vinculados a edificios reformados ecológicamente, a transporte limpio o a procesos y productos adaptados a la economía eco. Incluso caben procesos vinculados a actividades agrícolas animal friendly o tan variopintos como el uso de riego por goteo. Una carta de actividades del todo heterogénea y lo que es peor, débil en el sentido de que casi todo – demasiado fácilmente- acaba pareciendo más verde de lo que es.

Y es aquí, en la debilidad o extensión de motivos verdes, en donde radica el problema, pues, aunque sobre el papel parece claro cuál es el objetivo de dichos bonos, en el ámbito legal no encontramos una taxonomía que defina de manera inequívoca qué constituye un proyecto verde.

La línea verde que separa lo realmente ecológico y sostenible de lo que simplemente lo aparenta es ciertamente delgada. Y esta debilidad fronteriza es la brecha que muchas empresas han aprovechado para realizar un lavado de imagen (greenwashing) y aparentar ser respetuosas con el medio ambiente.

Esta falta de una regulación clara supone el mayor reto al que se deberán enfrentar las entidades regulatorias de cara a dar confianza a los inversores, en especial tras el incremento del interés en este tipo de instrumentos financieros durante los últimos años.

En el caso de los bonos vinculados a los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) con 169 objetivos a cada cuál más taumatúrgico, una empresa puede afirmar su progreso en cualquiera de ellos y autoafirmar que son tan verdes como el que más. La discrecionalidad es pues tan alta que el greenwashing es aquí, más que descarado. 

Así pues, en el mundo de los bonos verdes no es verde todo lo que reluce clorofila y se deben imponer criterios de verificación y auditoría más consistentes que deslinden la delgada línea que separa lo verde de lo que no lo es y solo finge serlo con fines propagandísticos y/o económicos.

Retomando lo que decíamos arriba, las emisiones verdes están creciendo a ritmo exponencial. Los motivos detrás de este incremento obedecen a dos razones principales: el cambio del apetito de los inversores por inversiones socialmente responsables, que además suelen ser de alta calidad crediticia (la mayoría de las emisiones tienen la calificación Investment Grade) y porque a las empresas les permite adaptarse a los compromisos adquiridos por los diferentes países en el Acuerdo de París (2015).

Dentro de los bonos verdes, los bonos corporativos son los que han concentrado la mayoría de emisiones. En esta categoría, en 2019, las industrias líderes en emisiones han sido el sector financiero y el sector de servicios públicos. Sin embargo el abanico de industrias se está expandiendo y ya hemos visto emisores de sectores diversos como comunicaciones, tecnología o seguros.

Se deben imponer criterios de verificación y auditoría más consistentes que eviten un lavado de cara de las empresas

Para el próximo año 2020 se espera aún una mayor diversificación en el universo de emisores de bonos verdes, a destacar los fabricantes de automóviles que están realizando la transición hacia los vehículos eléctricos. Respecto al reparto geográfico, Estados Unidos lidera el ranking de emisión de bonos verdes (enero-septiembre de 2019), seguido de Francia y China, respectivamente. España ocupa una nada despreciable décima posición. 

Para el año 2020 esperamos una tendencia de emisiones parecida a la que hemos experimentado este año y con un crecimiento acelerado que hará aumentar el prado del mercado global de bonos verdes hasta los 800.000 millones de euros. Además de nuevas emisiones del sector corporativo, esperamos que gobiernos como el alemán o el español se estrenen en este mercado.

En cualquier caso es evidente que estamos ante un fenómeno imparable y que con independencia de la facilidad de encajar en lo verde sin demasiadas dificultades, la necesidad de un control eficaz que evite el lavado de cara verde de las empresas más tramposas y la adhesión sincera de la mayoría de ellas, nada apunta a que estemos delante de una moda pasajera sino frente a una palanca que debe permitir la reversión del cambio climático, una manera de obtener intereses financieros verdes con impacto positivo para el planeta y una oportunidad –quizás de las últimas-  para no defraudar la verde y colectiva esperanza de un futuro al que no le queda otra que teñirse de verde.

Carlos de Fuenmayor es consejero senior de AXA Exclusiv