Eutanasia, una ley necesaria

La despenalización de la eutanasia es una de las decisiones más trascendentales que puede adoptar el Poder Legislativo en cualquier país democrático. En España ha llegado ya el momento de que este asunto delicadísimo sea abordado con la sensatez, la prudencia y las garantías exigibles porque la sociedad española parece estar perfectamente preparada para asumir que hay aspectos en el final de una vida que no tienen por qué constituir un proceso de sufrimiento infinito y dramáticamente inútil porque irreversiblemente la persona se encamina a su muerte.

Pero una cosa es la llamada muerte digna, que supone la aplicación de cuidados paliativos, muchos de los cuales aceleran el camino a la muerte, y otra es la llamada eutanasia. Por lo que se refiere al primer concepto, la muerte digna, hay una práctica unanimidad en la sociedad española en evitar en la medida de lo posible lo que años atrás se acabó bautizando como encarnizamiento médico, que se daba como consecuencia de los avances tecnológicos que permitían alargar la vida, pero también la agonía, del paciente aun sabiendo que ninguno de esos tratamientos conducirían a la curación del enfermo.

Ahí no hay dudas: prácticamente ningún español discute que, llegado el momento próximo a la muerte, hay que dejar que el familiar o el amigo se vaya en paz sin que se le prolongue el calvario.

Otra cosa muy distinta es la eutanasia porque de lo que se trata es de que se ayude a una persona a morir aunque no se esté muriendo. Ayudarla porque ha llegado a un punto irreversible que le causa un gran sufrimiento físico o moral y siempre que la persona pida ayuda para que se le permita dejar de vivir.

La sociedad de nuestro país está perfectamente preparada para contar con una ley de eutanasia

Esta es la proposición de ley que presenta el Partido Socialista y que incluye todas las precauciones, todas las garantías, todos los controles y todas las inspecciones y comprobaciones necesarias para evitar que con esa ley se pueda abrir un agujero negro por el que pidieran colarse homicidios encubiertos, aniquilación de ancianos por parte de descendientes que no deseen cargar con el padre o la madre ya demasiado viejos o de herederos ansiosos de recibir la herencia de quien ya no puede sino encaminarse a la muerte y a quien pudieran empujar para acelerarle en ese tránsito.

Para evitar esos posibles peligros está precisamente la deliberación parlamentaria. Pero de lo que no cabe duda es de que la sociedad de nuestro país está perfectamente preparada para contar con una ley de eutanasia que garantice plenamente que los casos en que se practique responden a la voluntad libre y conscientemente expresada por la persona que desea morir y pide ayuda para hacerlo porque él o ella no están en condiciones de hacerlo solos.

Hemos conocido el suficiente número de casos que han llegado a los medios de comunicación como para no tener que traerlos aquí a colación. Pero, eso sí, el riesgo de que esta ley se pudiera convertir en un pasaporte para el exterminio de los ancianos tiene que estar perfectamente conjurado en una ley que, por otra parte, no daña la dignidad de las personas ni tiene por qué abrir la puerta a delito alguno.

Como pasa con la ley del aborto o la del matrimonio homosexual, no obliga a nadie. Simplemente permite que quien lo desee o lo necesite, recurra a ella

Esta proposición de ley regula y respeta también la objeción de conciencia de los médicos y del resto del personal sanitario y no es incompatible sino complementaria con la proposición de ley de cuidados paliativos que va a proponer el Partido Popular para su discusión en el Congreso. Pero una no sustituye a la otra porque ambas son necesarias y ambas pueden hacer menos doloroso el camino inexorable hacia la muerte.

Y, por cierto, no tiene ningún sentido el argumento esgrimido por el portavoz del PP , el diputado José Ignacio Echániz, quien sostuvo desde la tribuna de oradores que tras la iniciativa legislativa del PSOE se esconde un afán de recorte de gastos, una intención de dar carpetazo al elevado coste que suponen los cuidados de las personas mayores o los enfermos incurables. Esa es una enormidad que no se sostiene.

Sí tiene sentido, en cambio, que se estudie muy detenidamente la legislación sobre la eutanasia aprobada en otros países europeos y los efectos de su aplicación porque eso permitirá al legislador español hacer los ajustes que pueda requerir antes de su entrada en vigor. Y, como pasa con la ley del aborto o la del matrimonio homosexual, no obliga a nadie. Simplemente permite que quien lo desee o lo necesite, recurra a ella para no verse obligado a hacerlo en la clandestinidad o implicar a terceros en un posible delito.

Pero esta es una ley que resulta conveniente y que es necesaria.