El próximo miércoles se reunirá por primera vez la Mesa de Diálogo que reunirá en pie de igualdad a representantes del Gobierno y la Generalitat. La fórmula no tiene precedentes en la historia reciente de España. Supone de facto la ruptura con algunos de los principios básicos de la Transición y que operaron en la elaboración de la Constitución del 78: por un lado, se deja al Congreso al margen de una negociación que debería tener como consecuencia la elaboración de nuevas leyes; y, por otro, se establece el precedente de tratar a una Comunidad Autónoma de forma diferenciada respecto al resto, otorgándole un status similar al de un país extranjero. Lo que se trate en esa Mesa influirá en la estructura del Estado, pero esa decisión no se planteará en el foro donde reside la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, sino en un instrumento (la Mesa de Diálogo) creado ad hoc para, en teoría, solucionar el "conflicto de Cataluña".
La Mesa, como ha dicho el president Torra, "no ha empezado con buen pie". Moncloa anunció ayer que la cita sería el lunes y la Generalitat ha rechazado esa fecha porque el presidente tiene "asuntos personales" que atender ese día. Al final, será la cumbre será el miércoles 26 de febrero en Madrid.
El "detallito", como lo ha calificado al baile de fechas el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés, no tendría mayor relevancia si no fuera porque apunta las enormes dificultades que van a surgir para que, finalmente, pueda haber un acuerdo.
La cuestión es fácil de entender. La constitución de la Mesa de Diálogo se pactó en una negociación entre ERC y el PSOE. Es decir, al margen de JxC y del presidente de la Generalitat que, no olvidemos, es el vicario de Carles Puigdemont.
Por la parte catalana se sentarán Torra, Aragonés, Capella y probablemente Puigneró. Por el Gobierno, Iglesias, Castells,... ¿Pero quién va a defender la Constitución en esa Mesa?
Por ello, el éxito de esa Mesa (que la negociación avance y dé frutos) choca frontalmente con los intereses del partido heredero de Convergència, que lo que desea es su fracaso. Mientras que Junqueras piensa que le puede arrancar a Sánchez algo parecido a un referéndum de autodeterminación y una reforma del Código Penal que suponga la puesta en liberad de los condenados del procés, Puigdemont sigue pensando que la única forma de lograr el referéndum para la independencia y la amnistía es la vía unilateral.
Es decir, que los dos grupos que por la parte catalana se sentarán en la Mesa tienen intereses absolutamente contradictorios. Pero, además, la llave para convocar las elecciones autonómicas no la tiene ERC, el partido más favorable al acuerdo, sino Torra como presidente de la Generalitat, lo que, evidentemente, le da la posibilidad de llamar a las urnas en el mejor momento para JxC, lo que coincidiría con un fracaso de la Mesa.
El Gobierno, por su parte, jugando con fuego, ha levantado unas expectativas que sabe que no podrá cumplir. Pero cree que alargar la negociación le permitirá aprobar los Presupuestos con el apoyo de ERC. En Moncloa creen que la pugna cada vez más descarnada entre JxC y ERC, entre Puigdemont y Junqueras, le beneficia porque una ruptura en el bloque independentista podría aplazar sine die la cuestión del referéndum y, al mismo tiempo, propiciar la constitución de un tripartito (ERC, PSC, Comunes) en el Palau de la Generalitat.
Esto, como se ve, es un juego de trileros en el que nadie se fía de nadie pero en el que todos se creen más listos que el resto.
Pero miremos al lado del Gobierno. Ya sabemos que en esa parte de la Mesa -en la que, en teoría, debería defenderse la Constitución-, estarán Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, y Manuel Castells, ministro de Universidades, sociólogo y amigo de Ada Colau. También, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, el ministro de Sanidad y número dos del PSC, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, y, cómo no, el presidente del Gobierno.
La propia constitución de las partes llama la atención. En la parte catalana el peso estará repartido entre JxC y ERC (Torra y, probablemente, Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales, hombre de confianza de Puigdemont y anterior responsable del CNI catalan, por JxC; por el lado de ERC, Pere Aragonés y, seguramente Ester Capella, consejera de Justicia).
Al oto lado de la Mesa los representantes de la Generalitat se van a encontrar con importantes aliados. Iglesias ha manifestado reiteradamente que, aunque no es independentista, defiende el derecho de autodeterminación. Castells, por su parte, tiene una consideración de Cataluña como país no sólo diferente de España, sino más avanzado, que incluso "da lecciones al mundo" en temas como la lucha contra la xenofobia.
Jaume Asens, presidente del Grupo de Unidas Podemos, defendió en la Cadena Ser el nombramiento de Castells como miembro de la Mesa de Diálogo en representación del Gobierno. Dijo que aportaría, como sociólogo, "cercanía humana" y "empatía con el mundo independentistas", donde cuenta con amigos y grandes simpatías.
Con esa composición uno se pregunta quién va a defender la Constitución en esa mesa... ¡Ah!, sí, esa tarea quedará encomendada al presidente y a Carmen Calvo. Podemos dormir tranquilos.
El próximo miércoles se reunirá por primera vez la Mesa de Diálogo que reunirá en pie de igualdad a representantes del Gobierno y la Generalitat. La fórmula no tiene precedentes en la historia reciente de España. Supone de facto la ruptura con algunos de los principios básicos de la Transición y que operaron en la elaboración de la Constitución del 78: por un lado, se deja al Congreso al margen de una negociación que debería tener como consecuencia la elaboración de nuevas leyes; y, por otro, se establece el precedente de tratar a una Comunidad Autónoma de forma diferenciada respecto al resto, otorgándole un status similar al de un país extranjero. Lo que se trate en esa Mesa influirá en la estructura del Estado, pero esa decisión no se planteará en el foro donde reside la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, sino en un instrumento (la Mesa de Diálogo) creado ad hoc para, en teoría, solucionar el "conflicto de Cataluña".
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