La 'ley Montero' es un bodrio

Es lo que tiene las prisas, que al final lo que sale es un churro. Y eso es lo que le ha pasado a este anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que la ministra de Igualdad Irene Montero se empeñó en presentar en sociedad antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para así darse un baño de prestigio entre el colectivo de mujeres que batallan no solo por la igualdad de derechos sino por una tipificación más adecuada de los delitos de violación y agresiones sexuales varias.

Pero se le ha ido la mano y ahora el texto de este proyecto de ley está recibiendo críticas a derechas e izquierdas, incluidas la de organizaciones feministas que la acusan de estar traicionando las reivindicaciones de las mujeres para plegarse ante las exigencias de los colectivos transexuales en asuntos tan importantes como es el de la prostitución.

Porque es verdad que este proyecto de ley que persigue las agresiones sexuales -aunque las penas que propone para cada caso resulten sorprendentemente más leves que las que ahora se aplican con la legislación actual- no se ocupa, sin embargo, del negocio de la agresión sexual organizada y monetizada que supone la trata de mujeres esclavizadas y sometidas con violencia por las redes de prostitución.

Es inexplicable que en una ley como la que se propone no se haga más que una levísima referencia a la trata de mujeres y no se aborde con total contundencia y eficacia normativa una de las situaciones más vejatorias, si no la más, que padecen miles de mujeres que han llegado a esa situación demoledora de violación sistemática habitualmente con engaños y que padecen el abuso y la explotación porque son víctimas de chantajes y amenazas de muerte por parte de sus explotadores.

Esta ley nace, por eso, muy coja aunque pretenda ser una medida global, "Integral" dice en su denominación, pero que se deja a un lado el grandísimo problema que afecta a miles y miles de mujeres obligadas a aceptar ser violadas, naturalmente contra su voluntad, todos los días en horario continuo.

Las feministas sin adjetivos, las que no son queer ni trans ni ninguna otra denominación, acusan a la ministra Montero de no abordar el asunto más sangrante que hubiera requerido su dedicación plena para erradicar esa lacra esclavista que padecen tantas mujeres, mayoritariamente provenientes de los países más pobres, porque ella no se atreve a enfrentarse al lobby de las transexuales. Y eso es así porque dentro de ese colectivo hay una mayoría que defiende la prostitución como medio de ganarse la vida y no tolerarían que la señora Montero se metiera a fondo contra el negocio de la prostitución.

El texto estaba lleno de imprecisiones, de errores y de lagunas jurídicas que lo convertían en impresentable en el sentido estricto de la palabra

Pero no sólo la acusan de eso sino de algo igualmente grave como es el de traicionar las reivindicaciones de las mujeres, que no son, efectivamente, el resultado de una construcción cultural y voluntaria de identidad de género sino el de una naturaleza biológica que nos distingue morfológicamente de los hombres. Por eso le reprochan que utilice la expresión de "identidad de género", lo cual pretende imponer la idea de que ser mujer es únicamente un sentimiento, una opción que se elige libremente. "Mujer es quien nace mujer", defienden. Y debe de ser durísimo escuchar reproches de semejante calibre por parte de quienes la ministra dice defender y representar.

Esa es una acusación muy seria que priva al anteproyecto de ley de la ministra de Igualdad del prestigio buscado con tantas ansias pero que al final se le ha vuelto en contra. Porque las objeciones a esa ley no han venido, como se ve, únicamente de los jueces ministros del Gobierno de España, alguna de los cuales se echó las manos a la cabeza cuando hace días leyó el borrador que les presentó su colega.

No es sólo que aquello pareciera una exposición más política que jurídica, un error imperdonable cuando de lo que se está hablando es de una ley orgánica que pretende nada menos que modificar el Código Penal, que no es cualquier cosa. Es que el texto estaba lleno de imprecisiones, de errores y de lagunas jurídicas que lo convertían en impresentable en el sentido estricto de la palabra.

Y ahora que hemos podido leerlo, ya desprovisto de cualquier ribete de excelencia, las objeciones y las críticas se multiplican de una manera exponencial, y abordan aspectos concretos incluidos en un anteproyecto de ley que, entre otras cosas no menores, supondría en su aplicación un formidable nivel de gasto pero que, sin embargo, ha sido presentado en sociedad sin memoria ecónomica que lo respalde. Es un brindis al sol.

Porque entre otras cuestiones prevé un grado de protección por parte de las distintas administraciones públicas a toda mujer que haya sufrido una agresión sexual que excedería con mucho la capacidad económica de ayuntamientos y comunidades autónomas. Toda mujer que haya sufrido una agresión sexual, y eso podrá quedar acreditado con un simple informe de los servicios sociales, lo cual es una desmesura, tendrá derecho a acceder prioritariamente a una vivienda social; a seguir recibiendo su salario durante el tiempo en que se dé de baja en su trabajo; a suspender su relación laboral y a que se le mantenga la reserva de su puesto; a la movilidad geográfica, lo cual sí tiene sentido cuando la agresión se ha producido por parte de su pareja o ex pareja, y a que se consideren devengados durante seis meses los pagos a la Seguridad Social, pagos de los que quedarán exentas.

Y además establece que se les proporcione una ayuda en dinero cuya cuantía no establece. Ya he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, que este anteproyecto de ley no va acompañado de memoria económica alguna, como si se pensara que todo este despliegue se pudiera hacer sin una dotación de proporciones gigantescas.

La protección integral se extenderá también a toda mujer que denuncia haber sido víctima de una agresión sexual y sea inmigrante irregular porque en ese caso quedará suspendida toda orden de expulsión y se le concederá permiso de residencia cuando se condene al agresor así como cuando se decrete el archivo de la causa por que no se haya podido localizarle.

Esta ley va acompañada de un tufillo autoritario, inquisitorial y al mismo tiempo mojigato

Esto en cuanto a la protección a las mujeres agredidas. Pero hay otro capítulo que incluye la preparación específica de jueces, fiscales, secretarios judiciales, psicólogos, asistentes sociales que deberán formar parte de los llamados "Centros de Crisis 24 horas" para la atención a las víctimas y las personas de su entorno que habrá que crear cuando la ley entre en vigor.

Y qué decir de los periodistas y comunicadores en general, que en el texto de esta ley deberán ser formados especialmente para "informar con objetividad y sin estereotipos de género", formación que deberá extenderse a todas las carreras universitarias cuyas autoridades académicas serán penalizadas si no cumplen con la orden de elaborar «contenidos dirigidos a la sensibilización y formación en materia de violencias sexuales». Penalización que consistirá en la publicación de una listas públicas, es decir, de unas listas negras, con la relación de los centros universitarios y educativos que no lo hagan.

Porque resulta que esta ley, que esperemos que sea pulida ampliamente en su tramitación parlamentaria, va acompañada de un tufillo autoritario, inquisitorial y al mismo tiempo mojigato que lleva a sus autoras a perseguir también la publicidad que exhiba el cuerpo femenino para vender productos que no tengan que ver directamente con el cuidado de ese cuerpo.

En fin que, como se decía antiguamente, el artista ha hecho la faena con más voluntad que acierto, y eso que lo que hemos leído es el texto ya afeitado y aseado por manos con sólida formación jurídica. No quiero ni pensar cómo sería la criatura en su estado original. Menos mal que ahora tiene que pasar por un segundo proceso, largo, dentro de la Cámara legislativa que lo dejará presentable porque hay que decir que la intención es buena pero la realización es deplorable.

Irene Montero se podría haber ahorrado la lluvia de críticas y descalificaciones que va a tener que soportar en los próximos días si su afán por quedar como la más feminista y la más guay de las mujeres en su Día Internacional no la hubiera empujado a sacar este anteproyecto a la luz mucho antes de que estuviera presentable para la opinión pública. Las prisas por figurar antes de tiempo es lo que tienen.