Tenía razón Pedro Sánchez cuando en el mes de julio recelaba de un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP). No se fiaba y puso todas las trabas posibles para cerrar un acuerdo que permitiera la investidura y evitara la repetición electoral. Con todo, llegó a ofrecerle la vicepresidencia y la cartera de Igualdad a Irene Montero, lo que provocó las iras de Carmen Calvo, que no sólo hubiera tenido que compartir el rango, sino que perdía una de sus competencias más queridas y que, a la postre, le daban la posibilidad de capitanear el movimiento feminista, cada vez más influyente política y electoralmente.
Pero Unidas Podemos quería más y consideró que la oferta de Sánchez no cubría sus expectativas, calificándola como un insulto ("la caseta del perro" le llamó Pablo Echenique).
Ya conocen la historia. El PSOE esperaba obtener el 10-M más de 140 escaños, pero se quedó con 120 y no tuvo más remedio que tragarse el sapo de pactar con Unidas Podemos, pero esta vez con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo, Montero ocupando Igualdad, Yolanda Díaz en Trabajo y Castells en Universidades.
El gobierno de coalición de izquierdas (el tan cacareado primer gobierno de social comunista desde la Segunda República) lleva apenas dos meses funcionando y, a pesar de los esfuerzos que han hecho sus aparatos de comunicación para transmitir que todo va como una seda, la verdad es que no se pueden generar más tensiones en menos tiempo.
Como las primeras semanas estuvieron focalizadas en la mesa de diálogo con la Generalitat, nadie sacó los pies del tiesto. Ya había bastante con aguantar las salidas de tono de Quim Torra, como para añadir más ruido al asunto. Ya habrá tiempo de culpabilizarse mutuamente cuando la mesa salte por los aires.
Lo que sí hemos podido comprobar en apenas unas semanas es que Iglesias y los miembros de su grupo en el Gobierno tienen agenda propia.
Lo pudimos comprobar el 14 de febrero cuando el vicepresidente segundo excluyó de una reunión programada en el Ministerio de Agricultura a las organizaciones agrarias que habían sido citadas con antelación. Iglesias se quedó a solas con la ministra Yolanda Díaz y los respresentantes de CCOO y UGT. La conclusión del encuentro: rebajar las peonadas necesarias para cobrar el PER de 35 a 20. La mentalidad de Iglesias es que los propietarios de tierra son empresarios y que muchos de ellos son explotadores que votan a la derecha. Sin embargo, era importante para su partido apuntarse el tanto de las peonadas que reciben los "trabajadores del campo". Esa decisión no gustó en el Ministerio de Agricultura y obligó al ministro Planas a emplearse a fondo para rebajar la tensión con los agricultores que se sintieron "humillados" por el vicepresidente segundo.
Podemos necesita marcar perfil propio en el Gobierno para no desaparecer como partido. Esa necesidad ha enfrentado a dos pesos pesados con sobrada ambición: Carmen Calvo e Irene Montero
Diez días después, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tuvo que apagar un fuego con Marruecos, un país con el que España está obligada a llevarse bien y que es muy susceptible en determinados asuntos, como, por ejemplo, el Sáhara.
Sin avisar, el número dos de Iglesias, el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, mantuvo una reunión con su homólogo del Frente Polisario, Suilma Hay Emhamed Salem. González Laya se vio obligada a comunicar de manera oficial a Marruecos que la posición de España sobre el Sáhara no había variado en absoluto. La posición de Unidas Podemos sobre el conflicto del Sáhara es de todos conocida y choca frontalmente con la mantenida por los distintos gobiernos de España desde hace décadas.
No haré mención de la actividad del ministro de Universidades porque apenas existe. A no ser que apuntemos que en el road show que está haciendo por distintos campus ha excluido de sus encuentros (El ministro escucha, los llama) en la Universidad de Barcelona a organizaciones y colectivos no independentistas. Por lo visto, sólo escucha a los que piensan como él.
El pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo se descolgó con un protocolo de actuación para empresas y trabajadores sobre el coronavirus. Algo para lo que no contó con los agentes sociales, ni, lo que es más grave, con el Ministerio de Sanidad. Moncloa, la vicepresidenta Calvo, tuvo que salir al paso a las pocas horas para recriminar a la hiperactiva Yolanda Díaz: "Las decisiones sobre el coronavirus sólo las toma Sanidad".
Pero, sin duda, ha sido el choque a cuenta de la Ley de Igualdad Sexual el que ha puesto de manifiesto no sólo la virulencia de la tensión interna en el seno del Gobierno, sino las dificultades que habrá en el futuro para evitar nuevos roces, sobre todo entre la vicepresidenta Calvo y la titular de Igualdad, respaldada en todo momento por su compañero Iglesias.
Sánchez creía que dar una cierta cuota de poder a UP en el Gobierno era suficiente como para garantizarse la paz y apuntalar su poder. Se ha olvidado de algo muy importante: UP es un competidor electoral en el sector de la izquierda que no está dispuesto a desaparecer, ni mucho menos. El riesgo para Iglesias era que, al aceptar la coalición, los votantes de izquierda no vieran ya motivos para volverles a apoyar. Por ello se puso en marcha la estrategia: un pie en el gobierno, otro en la calle.
UP está casi obligada por pura supervivencia a jugar con dos caras. Algo que ya se visualizó en las Cortes cuando el discurso del Rey sólo fue aplaudido por los podemitas sentados en el banco azul.
Por mucho que PSOE y UP hayan llegado a un "pacto de no agresión" en País Vasco y Galicia, es evidente que tanto Sánchez como Iglesias van a hacer una lectura propia y distinta de los resultados. Lo que dicen las encuestas es que, mientras el Partido Socialista sube, Podemos no deja de bajar. Algo parecido ocurre en Cataluña.
Iglesias y su partido están habituados a hacer política en la oposición, con resultados bastante buenos, hasta el punto de superar los 70 escaños. La entrada en el gobierno fue una decisión táctica. Ante la caída en picado en votos y escaños, ante la división interna que afectó al partido en Madrid o en Andalucía, la entrada en el Gobierno permitía dos cosas: poder repartir poder entre sus dirigentes y, al mismo tiempo, apuntarse tantos políticos, como la Ley Montero.
Esa decisión no está exenta de riesgos. Al fin y al cabo, Podemos se ha convertido en un partido más. Eliminar el tope de mandatos y de salarios en Podemos es una consecuencia lógica después de la compra del chalet en Galapagar y la entrada en el Gobierno. Iglesias sufrió el pasado miércoles un escrache en la misma Facultad en la que él boicoteó un acto de Rosa Díez. Los estudiantes de extrema izquierda le llamaban "vende obreros". Seguro que muchos de ellos habían votado en alguna ocasión al partido morado.
Si el líder de Podemos quiere que de contestatario le quede algo más que la coleta tendrá que hacer valer en el Gobierno su perfil izquierdista. Es esa contradicción interna en Podemos la que necesariamente llevará a nuevos choques en el seno de la coalición. Y si sin añadir el ataque de celos de Calvo...
Tenía razón Pedro Sánchez cuando en el mes de julio recelaba de un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP). No se fiaba y puso todas las trabas posibles para cerrar un acuerdo que permitiera la investidura y evitara la repetición electoral. Con todo, llegó a ofrecerle la vicepresidencia y la cartera de Igualdad a Irene Montero, lo que provocó las iras de Carmen Calvo, que no sólo hubiera tenido que compartir el rango, sino que perdía una de sus competencias más queridas y que, a la postre, le daban la posibilidad de capitanear el movimiento feminista, cada vez más influyente política y electoralmente.
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