La creación del Cluster Madrid Capital FinTech, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España y el Foro Ecofin, ha agitado el sector del emprendimiento de nuestro país. Diez empresas de base tecnológica (Aplázame, Bnext, Creditea, Finizens, Housers, Life.Box, N26, October, Tesoriza y Woonivers), que destacan por su trayectoria y por crear tendencia en el sector financiero, han analizado los desafíos a los que nos enfrentamos los que trabajamos en el sector Fintech con el objetivo de contribuir a impulsar y seguir posicionando el emprendimiento en el tejido empresarial para que siga generando empleo, riqueza y valor para todos.

El anteproyecto de ley del Gobierno de España para la transformación digital del sector financiero marcó la presentación del Cluster Madrid Capital Fintech. Esta ley tiene previsto desarrollar un espacio regulatorio y supervisor, conocido como 'sandbox', en el que las Fintech podrán probar sus innovaciones de forma controlada. Esta iniciativa, que nos va a poner a la vanguardia europea junto a países como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca, llevaba sobre la mesa desde 2017, pero también es verdad que se ha retrasado más de tres años. Un tiempo valioso que no hemos sabido aprovechar.

Si echamos la vista para atrás, el ecosistema emprendedor e innovador ha ido creciendo y profesionalizándose durante la pasada década -cuando las startups se reconocían como algo exótico en el panorama económico y empresarial- tanto desde los proyectos de base tecnológica, como en el talento que los conforma o el mayor apoyo y confianza de los inversores a los proyectos. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer.

En Woonivers nos hemos encargado de analizar en el grupo de trabajo de LegalTech del TopTen FinTech 2020 del Foro Ecofin, la realidad de las startups desde el punto de vista legal y regulatorio. Entre las cuestiones tratadas, debatimos sobre cuáles son sus problemas y necesidades regulatorias, cómo sensibilizar a la Administración Pública nacional, autonómica y local acerca de esta realidad y qué cambios normativos podrían favorecer o contribuir a su consolidación.

Después de una década de desarrollo del ecosistema emprendedor, las startups siguen conviviendo con la regulación de la empresa tradicional, lo que muchas veces sigue frenando su impulso. En 2018 se superó por primera vez los 1.000 millones de euros en rondas de inversión en el sector (1.227 millones de euros), cifra que se mantuvo en 2019, aunque descendió levemente (1.098 millones euros) y que queda muy lejana a los 131 millones de 2011, según datos de El Referente. Este crecimiento exponencial de la inversión en empresas innovadoras es un claro ejemplo de la importancia que están ganando en la economía.

Ahora que el Gobierno acaba de crear un Alto Comisionado España de la Nación Emprendedora, que liderará Francisco Polo, estaría bien que cumpliera con la intención del presidente Pedro Sánchez de crear un nuevo marco legal para las startups, como avanzó en la clausura del South Summit 2018. Esto no es una cuestión de ideas políticas sino de dinamización de la economía. Por eso se necesita una mayor coordinación tanto a nivel estatal como autonómico. Además, sería necesaria una Ley que reconozca las particularidades de este tipo de empresas, que simplifique los trámites para su creación y registro, que flexibilice su evolución, que facilite su actividad y que le permita un funcionamiento seguro a la vez que ágil.

Ni pymes ni glamurosas

Normalmente, a las startups, por la media de los equipos que las conforman se las consideran pymes, pero no son una empresa tradicional. La ausencia de reconocimiento de las particularidades de las startups se refleja igualmente en la existencia de un sistema tributario inadaptado a sus necesidades. Por ejemplo, en países de nuestro entorno las empresas de base tecnológica están exentas de pagar impuestos hasta que han facturado los primeros 50.000 o 100.000 euros.

Hay que recordar que las startups no nacen con el objetivo de generar ingresos, y mucho menos beneficios, a corto plazo, sino que, en la mayoría de los casos, dado que su modelo suele ser fácilmente escalable, tratan de buscar una expansión territorial e incluso internacional tan pronto como haya comprobado la viabilidad del producto o servicio.

Por otro lado, esta situación, combinada con el hecho de que el modelo startup está fuertemente determinado por el desarrollo y la inversión en I+D+i, contribuyen a incrementar la presión sobre ellas e imposibilitando la sostenibilidad del proyecto. En España, la vida media de las startups es de 2,3 años, cifra similar a Europa (2,4 años), según el Barómetro de Emprendimiento en España del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).

Cuando vemos rondas millonarias de startups o ‘Unicornios’ (empresas de base tecnológica con un valor de más de 1.000 millones de euros), que en España sólo tenemos a Cabify o Glovo, cuando en otros países crecen exponencialmente, la sociedad suele pensar que el mundo del emprendimiento es glamoroso o elitista. Y nada más lejos de la realidad, porque detrás de cada ronda hay un trabajo de equipos que se van profesionalizando según les permite su coyuntura.

Para impulsar el ecosistema emprendedor también sería necesario que las ayudas públicas, que muchas startups piden en sus inicios para lanzar la compañía, a través del CDTI, Enisa, CEIA o IDEA, sean más accesibles, no las frenen la burocracia y lleguen cuando el proyecto la necesita y no se retrasen cuando ya es demasiado tarde para su sostenibilidad.

Las startups queremos seguir generando valor para la sociedad, crear empleo, dinamizar la economía y atraer la inversión nacional e internacional para contribuir a que España sea un polo de innovación tecnológica. Sólo pedimos un marco legal que la fomente para hacer del país un referente real de emprendimiento y un marco tributario que se adapte a nuestra realidad.

Antonio Cantalapiedra es cofundador de Woonivers