Siendo la obvia prioridad del momento controlar, si  no detener por completo, la pandemia del coronavirus, la siguiente y casi simultánea es tratar de evitar o paliar  las peores consecuencias de la crisis económica y conseguir una recuperación rápida y enérgica.

Con respecto a lo primero, es perentorio preguntarse por qué un país como Corea del Sur, con una población y una renta per cápita como España, está resolviendo tan bien la pandemia y nosotros tan mal. Sin duda tiene que ver con la calidad de la gestión pública que allí sobresale y aquí es evidente que suspende.

En cuanto a la economía, el Gobierno acaba de decretar la suspensión de los despidos en las empresas. Hay que recordar al respecto que, efectivamente, en los países comunistas amigos de parte del Gobierno no sólo no hay despidos, tampoco desempleo. En ellos todo el mundo está ocupado -es un decir, claro– en las tareas que decreta el partido, mayormente improductivas, ganando salarios de miseria y sin libertad alguna para buscarse un vida mejor.

En el mundo libre los empresarios contratan trabajadores y les pagan, mientras trabajan porque hay cosas que hacer y vender, y los despiden cuando no tienen más remedio.

En una economía de mercado no hay manera de obligar a ningún empresario a que contrate a nadie contra su voluntad; en los años treinta del pasado siglo, durante la Segunda  República -con un gobierno como el de ahora–, se intentó en el campo junto con la prohibición de utilizar maquinaria, con resultados obviamente desastrosos en materia de empleo.

Es bastante razonable pensar que todos los empresarios –sin excepción en el tiempo ni en el espacio– aspiran a tener los máximos empleados posibles; es decir, compatibles con la buena marcha de la empresa para seguir activa. En el mundo empresarial, el aumento del empleo se identifica con el éxito, mientras que el despido se considera un fracaso.

Cuando las circunstancias del mercado o incluso errores en la gestión empresarial –que siempre se conocen a posteriori– ponen en cuestión la rentabilidad o viabilidad de las empresas, éstas muy raramente comienzan con los despidos de sus empleados para resolver su crisis. Antes tratan de mejorar sus ventas, optimizar todos sus costes, buscar nuevos mercados y productos y en general todo cuanto puede favorecer el mantenimiento del empleo. Solo cuando falla todo, se plantea el empresario la posibilidad de despedir a sus trabajadores; lo que considerará un fracaso profesional y personal. Tiene gracia que, ocupado como estará en organizar su actividad para el futuro, se encuentre por el camino con trabas de todo tipo para seguir adelante en su negocio, que es lo que interesa no solo a él, sino a toda la comunidad.

Es la hora de someter a votación entre los trabajadores en la empresas en crisis la salvación de puestos de trabajo a cambio de una reducción de sus salarios

Es una evidencia tan lógica como empírica que se crearán mas puestos de trabajo en mercados como el paradigmático danés en el que todo son facilidades para contratar y despedir, que en España cuyas rigideces –incluida la última e indiscriminada subida del salario mínimo– y costes fiscales a priori conllevan a liderar necesariamente las cifras de desempleo.

Puesto que estamos ante una crisis de una gravedad tan grande como indeterminada y España se caracteriza por un sistemático alto desempleo, el empeño principal de un gobierno responsable debiera ser salvar los máximos puestos de trabajo posibles, eso sí, con fórmulas propias de una economía y una sociedad libres.

Conviene recordar al respecto que el gobierno de Zapatero en la anterior crisis decretó subidas salariales que generaron un masivo desempleo, mientras que otros países más responsables como Alemania -gobernada entonces por socialistas- redujo los salarios y mantuvo el empleo.

Llegados a este punto, es la hora de poner en marcha un mecanismo de segura eficacia -practicada en Alemania, no en Corea del Norte ni en Venezuela- que consiste en someter a votación entre los trabajadores en la empresas en crisis la salvación de puestos de trabajo a cambio de una reducción de sus salarios. Es seguro que votando -obviamente en secreto- la inmensa mayoría de los trabajadores preferirán reducir su salario y salvar el empleo.

A esta medida se oponen los sindicatos, enemigos del voto secreto y amigos de convenios sectoriales y provinciales que restringen la libertad empresarial y la de los trabajadores a la hora de decidir su destino.

De llevarse a cabo esta propuesta tan lógica como alineada con el interés común, aunque alejada de la élite sindical aliada del desempleo, se conseguirían dos objetivos importantísimos:

  • Reducir al mínimo los despidos, manteniendo así los máximos puestos de trabajo y aliviando a la paupérrimas arcas públicas de enormes gastos para el desempleo.
  • Esta reducción de costes laborales, al hacer mucho más competitiva la economía española, nos situaría en una formidable rampa de salida de la crisis, que conllevaría altas tasas de crecimiento de la economía y del empleo.

Frente la política comunista del Gobierno –pasa a controlar la actividad y decisiones empresariales- y sus obvias y pésimas consecuencias, la propuesta que se acaba de hacer apela a la libertad -ahora suspendida- de los empresarios y los trabajadores para buscar su mejor destino, que la historia ha demostrado -muy cumplidamente- nunca ha estado del lado de quienes la secuestran.