“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino”. Esta frase del poeta Goethe, uno de los principales exponentes del Romanticismo alemán, bien podría ilustrar el que debería ser el principio rector que guiase la gobernanza mundial frente al coronavirus y la posterior recuperación política, económica y social.
Desde que el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a pandemia, los distintos países enfrentan con intensidades asimétricas la batalla contra un enemigo invisible, en lo que se ha tildado ya como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y, por desgracia, a tenor de las cifras que manejan los organismos internacionacionales, no hay hipérbole en tan catastrófico vaticinio.
El FMI prevé un impacto de severidad insólita en la actividad económica, con una caída de la economía global del 3% en 2020, la mayor contracción desde 1930. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, a nivel global, se perderán alrededor de 250 millones de puestos de trabajo.
Esta misma organización estima que las desigualdades económicas se incrementarán significativamente el próximo año. La Eurozona no permanecerá ajena a semejante cataclismo, con un promedio de contracción del 7,5% y una factura de más de 25 millones de empleos.
Como en anteriores crisis, España, por la naturaleza de su tejido productivo, capeará con gran dificultad el temporal. El FMI nos sitúa como una de las potencias de la zona euro más afectadas
Como en anteriores crisis, España, por la naturaleza de su tejido productivo, capeará con gran dificultad el temporal. Tanto es así que el organismo presidido por Kristalina Georgieva nos sitúa como una de las potencias de la zona euro más afectadas, junto con Grecia e Italia, con un hundimiento de nuestra economía del 8% del PIB, unido a unas cifras de desempleo históricas (por encima del 20%) y una deuda del 110%. Estimaciones avaladas al alza por el Banco de España.
Es evidente que España no va bien. Sin embargo, con independencia de la batería de debilidades estructurales, la mayor zozobra que perturba nuestro país es la mediocridad e incapacidad de su clase política; más apegada en los últimos tiempos al resonar vocero de trinchera que a los pactos y consensos de país tan necesarios para la salvaguarda de un futuro con mínimas garantías.
Con más de 22 000 fallecidos en España en plena emergencia sanitaria, no es momento de arremeter en sesión parlamentaria contra “la ideología de género y los panfletos propagandistas de la niña Greta”, tildando de ocurrencia y derroche los planteamientos para la transición ecológica de la Comisión Europea. Tampoco lo es, lógicamente, de socavar la legitimidad de las instituciones que sostienen nuestro Estado de Derecho, alegando parcialidad y preferencia ideológica de nuestros jueces.
Lo realmente relevante en estos momentos para España es la UNIDAD. Tanto gobierno como oposición en su conjunto deben aparcar sus intereses partidistas para consensuar la recuperación de España, cuanto más amplio sea el consenso más beneficioso será el acuerdo al que se llegue. Todas las fuerzas políticas o, al menos un gran número de ellas, deben dejar de atacarse para presentar propuestas, con voluntad de cesión y adopción de posturas intermedias.
Cuando en España se decidió poner un punto y final a los 36 años de la dictadura franquista y abrir un periodo transitorio de transformación democrática, las diferentes fuerzas políticas actuaron con la generosidad suficiente como para establecer un régimen democrático que perdura aún en nuestros días.
En este periodo histórico, se alcanzaron los archiconocidos Pactos de la Moncloa. Gracias a estos pactos, se logró estabilizar la economía en 1974, controlar la inflación y favorecer un clima de paz social para negociar una constitución.
También fue amplio el consenso que suscitó en España nuestra entrada en la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) en 1985, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Un acontecimiento que es considerado por diversos historiadores como la consolidación de nuestra democracia. Treinta y cinco años después de la adhesión, si España alberga hoy alguna esperanza para esa reconstrucción imponente que seguirá al horizonte postpandemia, será bajo el liderazgo, coordinación y cooperación de la Unión Europea, o sencillamente no será.
El Parlamento Europeo, condicionado por su pluralidad y por el hecho de que ningún grupo político haya logrado fraguar una mayoría significativa desde 1979, ha hecho del consenso su símbolo de identidad. El ejemplo más reciente es la resolución adoptada por socialistas, populares y liberales el 16 de abril.
En dicha resolución, la institución planteó un gran paquete que incluiría “bonos de recuperación” emitidos por una institución europea y garantizados por el presupuesto de la UE y un Fondo de Solidaridad.
Esta propuesta influyó notablemente en la resolución del Consejo Europeo del 23 de abril para la consecución de un fondo de reconstrucción. Ahora, como bien sabemos, la Comisión Europea trabajará en la creación de ese programa que tendrá una asignación de 1,5-2 billones de euros. Falta dirimir si esos fondos llegarán en forma de subvenciones, como defienden los sureños, o de créditos, como piden los nórdicos.
En España, su clase política, permanece impertérrita al devenir de los días, incapaz de haber consensuado nada más allá de las prórrogas para mantener vivo el estado de alarma
En España, su clase política permanece impertérrita al devenir de los días, incapaz de haber consensuado nada más allá de las sucesivas prórrogas para mantener vivo el estado de alarma y la situación de confinamiento mientras nuestros sanitarios pelean incansables.
El problema es que, para configurar esa reconstrucción al calor económico de la Unión, además de unidad, se precisa de CREDIBILIDAD. Eurostat ha corregido esta misma semana al Gobierno elevando el déficit de 2019 al 2,8% frente al 2,64% que había anunciado el Ejecutivo. Con estos nuevos datos, España ya tiene el tercer déficit público más elevado de toda la UE y el segundo de la eurozona, solo por detrás de Francia (3%) y Rumanía (4,3%). El Gobierno prevé, además, un incremento de la deuda pública en 40.000 millones, lo que provocará que rebase el 100% del PIB.
La gravedad del momento exige la unidad de todos los Estados europeos, pero es innegable que estas cifras restan credibilidad a España para alcanzar el acuerdo frente al COVID-19. Por ese motivo, para encarar con sinceridad, responsabilidad y pragmatismo el plan de reconstrucción económico y social nacional, es fundamental que todos nuestros dirigentes políticos, tanto los que apelan a la unidad como a la credibilidad, Gobierno y Oposición, prediquen con el ejemplo.
Y recuerden la frase de Goethe: “No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino”. ¿Empezamos ya?
Alberto Cuena es periodista y analista de política nacional y asuntos europeos. Presidente de JEF Madrid.@Cuena_Vilches
Jorge Juan Morante es politólogo especializado en Comunicación Digital y Unión Europea. Doctorando en Comunicación Política. Presidente de UEF Madrid. @jjmorante
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