El presidente del Gobierno aseguró en su última comparecencia pública que las condiciones para avanzar en las distintas fases hacia la "nueva normalidad" se establecerían con "criterios objetivos y transparentes". Habrá, dijo Pedro Sánchez, una serie de "marcadores" para que cada comunidad autónoma y todos los ciudadanos sepan, con transparencia, en función de qué baremos se puede recuperar, poco a poco, la vida social o la actividad económica.

El planteamiento parecía impecable. Y se correspondía con la filosofía también expresada por el presidente: "entramos juntos y saldremos juntos de la pandemia". Pero eso era hace unos días, cuando todavía Sánchez creía que podría mantener un "mando único", centralizado en el Ministerio de Sanidad, como juez supremo del cumplimiento de esos marcadores que, básicamente, muestran la capacidad de cada autonomía para hacer frente a un posible rebrote del coronavirus.

Pero, una vez más, la política se ha impuesto a los criterios técnicos. La necesidad de apoyos del Gobierno en el Congreso para sacar adelante la cuarta prórroga del estado de alarma, obligó a Sánchez a abandonar la idea del "mando único" y ceder a la de "cogobernanza", que, entre otros, planteaba el gobierno vasco. El PNV se llevó el gato al agua. Eso quiere decir que se va a permitir a las comunidades un alto grado de autonomía para pilotar la desescalada de las medidas de confinamiento establecidas el 15 de marzo.

Como anunció este jueves Fernando Simón, lo que hará el llamado Comité Técnico de Desescalada (cuyos miembros se mantienen en secreto) será una evaluación "de conjunto" para determinar si se aprueba o no el paso a la siguiente fase de cada comunidad, lo que introduce un amplio grado de subjetividad.

La dimisión de la directora de Salud genera dudas sobre la capacidad de Madrid para pasar a la fase 1

Esa flexibilización ha llevado a que cada una de las 17 autonomías presente propuestas variopintas, sobre las que el mencionado comité secreto tendrá que decidir, entrando en cuestiones tan peregrinas como, por ejemplo, si se puede autorizar de nuevo el juego de bolos en Cantabria, si se da luz verde al baño en las playas de la Comunidad Valenciana, o si se permite saltarse dos fases de golpe a los habitantes del Valle del Oso en Asturias.

Las discrepancias no sólo se producen entre comunidades (unas quieren la prohibición total del tránsito entre provincias; otras, como Galicia, quieren que se pueda circular por toda la comunidad sin limitaciones, excepto para los que acceden desde otras autonomías), sino que han hecho estallar las tensiones políticas internas ya existentes, como en Madrid.

El numero dos de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), quería pasar ya a la fase uno, mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso era más prudente y prefería esperar. En una entrevista en Radio Nacional el pasado miércoles Ayuso manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que Madrid pudiera pasar de fase en virtud del número de camas de UCI libres. Pero, por la tarde, el Consejo de Gobierno decidió solicitar entrar en la fase uno a partir del próximo lunes. Mantener la estabilidad del gobierno de coalición tenía un precio.

Ayer, la directora general de Sanidad de la Comunidad, Yolanda Fuentes, presentó su dimisión porque no estaba dispuesta a firmar el documento solicitando esa modificación de estatus. Lo que le preocupa a Fuentes es que la vuelta a la normalidad en los hospitales madrileños, que llevará consigo la ocupación de UCI por enfermos no afectados por el Covid-19, pueda coincidir con un rebrote del virus y, por tanto, se vuelva a repetir la situación de colapso que se produjo en marzo, incluso a pesar de que Ifema podría reabrirse en tiempo récord. Ese no es el mejor panorama para que los madrileños afronten con tranquilidad el paso a una fase que entraña mayores peligros.

Cuando parece que el virus comienza a batirse en retirada, las comunidades tienen que decidir entre dos vectores: primar la salud o bien asumir un cierto riesgo a cambio de evitar el colapso económico. Evidentemente, la salud debe estar por encima de todo. Pero muchas familias ya no aguantan más. Cada semana que se prolonga el cierre de los negocios de hostelería en Madrid se pierden unos 25.000 empleos, según los datos que maneja la propia Comunidad.

Tras dos meses de pánico, dolor y muerte, la sociedad española se enfrenta ahora a las incertidumbres que conlleva la vuelta a la normalidad pero con el virus todavía activo. Antes de ponernos a jugar a los bolos hay que medir muy cuidadosamente los pasos que se van a dar. Y ahora ya no es sólo una responsabilidad del Gobierno.