La gestión del estallido de la irrupción del coronavirus fue un desastre por parte del Gobierno. Se restó importancia a sus consecuencias -"es como una gripe", se llegó a decir-; incluso se puso en duda que la pandemia llegara a España -esa frase perseguirá de por vida al responsable de Alarmas, Fernando Simón-. Se dispararon los contagios, las muertes, los infectados entre el personal sanitario... Y entonces llegaron los nervios: las compras masivas sin control a empresas chinas, el material defectuoso, etc.

Pero ahora estamos en el periodo de desescalada hacia la "nueva normalidad". El confinamiento de la población y el esfuerzo de médicos, enfermeras, celadores, etc. ha logrado que la cifra de infectados y de muertos se reduzca de forma significativa.

Cuando el presidente del Gobierno anunció que pediría una cuarta prórroga para mantener las medidas excepcionales en la lucha contra el virus ya adelantó que la desescalada se haría por fases y que los criterios para pasar de una a otra serían "objetivos y transparentes".

Las cosas se complicaron: ERC anunció que votaría "no" al alargamiento del estado de alarma y Pablo Casado comenzó la semana anunciando el lunes 4 de mayo en Onda Cero que no apoyaría la medida. En Moncloa se pusieron a temblar: si el PP (89 escaños) y Ciudadanos (10) votaban que "no", dando por hecho que Vox (52), ERC (15) y JxC (7) ya habían dicho que lo rechazarían, eso supondría que el decreto estaba en el aire. Los 6 votos del PNV -que también había amenazado con votar en contra- cobraron un valor extraordinario.

Finalmente, ya sabemos, el PP se abstuvo y el PNV votó a favor. Yo no recuerdo ningún apoyo de los nacionalistas vascos gratis al gobierno, fuera este del PP o del PSOE. Así que lo único que quedaba por saber era el precio: ¿a cambio de qué le había dado su vital apoyo el PNV al Gobierno de Sánchez?

Pues bien, ya lo sabemos: a cambio de garantizarle a Urkullu que podrá convocar las elecciones en el mes de julio. El lehendakari no quiere verse en la tesitura de retrasar hasta octubre, dado el riesgo de rebrote.

Ximo Puig trató de solventar la situación en el último minuto hablando con Teresa Ribera. Parece obvio que se equivocó de puerta.

Y, para cumplir el calendario electoral al que se comprometió en la Diputación Permanente de que los comicios se harían en julio, era necesario pasar a la fase uno de la desescalada. Eso le garantiza al lehendakari que -si no hay un rebrote salvaje del virus- a finales de julio el País Vasco esté ya plenamente integrado en la "nueva normalidad".

Sin embargo, ese favor político (tu me votas a mi para no perder la votación en el Congreso, yo te permito convocar las elecciones para que las ganes) tenía que hacerse a cambio de algo. Entonces fue cuando los "criterios de objetividad y transparencia" a los que se había comprometido el presidente del Gobierno el 2 de mayo saltaron por los aires.

Ha sido el propio Simón el que se ha encargado de desmontar el teatrillo de los técnicos y sus criterios aparentemente inapelables. En la noche del sábado 9 de mayo conocimos la decisión de Sanidad sobre qué comunidades se quedaban en la fase 0 y cuáles pasaban a la fase 1. Era evidente, después de lo que pasó con la dimisión de la directora general de Salud, Yolanda Fuentes, que Madrid no pasaría. Sin embargo, la sorpresa fue que la Comunidad Valenciana no pasó (con la excepción de algunas localidades). Simón explicó en rueda de prensa el por qué: "Hay un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha podido hacer un test diagnóstico". ¡Ah! parece algo "objetivo", pensamos todos.

Pero, como dice el refrán, "se coge antes a un mentiroso que a un cojo". Ximo Puig, presidente la Comunidad Valenciana, que daba por hecho que pasaría sin problemas, y así se lo hizo saber incluso a los empresarios, se quedó de piedra. Sin embargo, ante los argumentos de Simón, no tuvo más que mirar sus datos y los del País Vasco para darse cuenta de que se trataba de un camelo. Mientras que la Comunidad Valenciana tenía 2.969 casos sospechosos sin realización de test PCR, el País Vasco tenía 5.499.

Cuando a Simón le preguntaron el martes en su tradicional rueda de prensa por ese pequeño detalle, el responsable de Alarmas no tuvo más remedio que reconocer: "La decisión última es a nivel de ministro".

El presidente valenciano está que se sube por las paredes y, rompiendo su tradicional moderación, ha acusado al gobierno de "falta de transparencia". En privado dice cosas peores. Tiene razón en su enfado. A Ximo lo que es de Ximo.

La decisión del Gobierno ha logrado algo que parecía imposible: poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas, desde Compromís al PP, en contra de la arbitrariedad de Sanidad. Una decisión con graves efectos económicos.

Los seis votos del PNV le han salido muy caros al Gobierno. La operación para salvar la votación en el Congreso se ha saldado con un desgaste de crebilidad -ya muy tocada- imposible de recuperar. Ni objetividad, ni transparencia, ni gaitas. Aquí lo que siguen primando son los criterios políticos.

Hay un último aspecto de la cuestión no menor ¿Cómo se ha podido hacer esa faena a un presidente socialista? ¿En qué situación se le deja frente a sus socios y votantes? ¿No es acaso esa la labor que debería hacer desempeñado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo? Sabemos que Puig habló con Teresa Ribera (vicepresidenta cuarta y responsable en teoría de la desescalada) para salvar la situación en el último momento. Obviamente, se equivocó de puerta.