Un miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo me confesó no hace mucho que el testimonio más contundente para disipar las dudas sobre la condena a los acusados del procés fue el del coronel Diego Pérez de los Cobos ¿Lo recuerdan? Vestido de paisano, sereno, preciso, aportando datos y fechas, sin introducir ni una dosis de valoración subjetiva en su largo y prolijo relato de hechos, sin mover un músculo ante los envenenados dardos que le lanzaban los abogados de los líderes de la revuelta que se sentaban en el banquillo.

Los independentistas catalanes ya le tenían entre sus enemigos a batir desde que ocupó la máxima responsabilidad de la coordinación entre las fuerzas de Policía, Guardia Civil y Mossos para hacer frente al referéndum ilegal del 1-0 en la que se conoció como Operación Copérnico.

A todas esas razones para ser una de las personas más odiadas por los independentistas hay que añadir que fue también su declaración ante la Audiencia Nacional la que desmontó la pretensión del Mayor Trapero de aparecer como un fiel cumplidor de la ley y la Constitución.

Por todo ello, no es extraño que cuando se conoció la noticia de su destitución algunos echaran mano del cava para brindar. Desde la ANC hasta el diputado de En Comú Podem, Jaume Asens. Felices y exigiendo candela para el picoleto.

Pues bien, yo me siento orgulloso de que en España queden todavía funcionarios que pongan el respeto a la ley y al estado de Derecho por encima de otras consideraciones, como la sumisión al poder o los ascensos.

Pérez de los Cobos fue un fiel colaborador del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y, con él, a sus órdenes, pilotó desde Interior la derrota de ETA.

La directora general de la Guardia Civil destituyó sobre la marcha a Pérez de los Cobos cuando éste negó conocer el informe que ha provocado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid

Rubalcaba no sabía a quien votaba, si era de derechas o de izquierdas, sabía que era un hombre eficiente y leal. Luego continuó en su cargo con Antonio Camacho (PSOE), y se mantuvo en su puesto como director del Gabinete de Coordinación del Ministerio del Interior con Juan Ignacio Zoido.

Fernando Grande Marlaska le apartó de un lugar tan sensible y Pérez de los Cobos asumió entonces la jefatura de la Comandancia de Madrid en 2018, puesto que ocupaba hasta hace apenas unas horas.

Como cortina de humo Interior difundió ayer por la mañana que había una relación causa efecto entre el dispositivo de seguridad montado en torno al chalet de Pablo Iglesias y su destitución. Pero no era cierto.

Pérez de los Cobos recibió a última hora del domingo una llamada de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien le pidió explicaciones sobre un informe remitido por sus subordinados el jueves 21 de mayo a la juez Carmen Rodríguez Medel, que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa por la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid, cuando ya se tenían datos sobre la peligrosidad del Covid-19.

El coronel dijo desconocer ese informe. Sus hombres trabajan para el juzgado como policía judicial y, por tanto, están obligados a guardar secreto sobre sus actuaciones. Más aún cuando uno de los investigados es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Gámez no perdió un segundo. "Queda relevado de su cargo. Es una decisión de la cúpula del Ministerio". Sólo le faltó añadir, del ministro Grande Marlaska.

¿Por qué Grande Marlaska, el Gobierno, se ha metido en este monumental lío? ¿Cuál era el contenido del mencionado informe? Pues ni más ni menos que una serie de datos, requeridos por la juez previamente al delegado del Gobierno, y que este se había negado a suministrar. Ha sido ese informe el que ha llevado a Rodríguez Medel a citar a declarar como investigado a Franco el próximo 5 de julio. En el informe también se menciona al responsable de Alarmas, Fernando Simón, otro protegido del Gobierno.

En resumen, que se han cargado al coronel Pérez de los Cobos no por no cumplir con sus obligaciones, sino por no haber sabido proteger a los cargos del Gobierno que están bajo la lupa de la juez. Es decir, por haber priorizado el respeto a la investigación judicial sobre la pleitesía hacia los que mandan.

Es todo un mensaje a navegantes. Marlaska ya actuó de forma parecida cuando destituyó al máximo responsable de la UCO, Manuel Sánchez Corbi. Tiene ese puntito autoritario.

Un Gobierno que se comporta así con funcionarios de esta talla es que, o ha perdido el norte, o es que se siente muy débil. O tal vez ambas cosas.