Patriotas a la fuerza

Con motivo de la campaña política podemita sobre el Impuesto al Patrimonio, circula un rumor –no sabemos si fundado o no– acerca de la verdadera denominación de dicho impuesto, que pasaría a llamarse Impuesto Patriótico y que desde luego coincide con las predicaciones del vicepresidente segundo del Gobierno. En todo caso, como reza el dicho italiano, es algo que se non è vero, è ben trovato.

Más de un siglo después de que España aportara al mundo de la filosofía política la hermosa palabra liberalismo, los populistas españoles es de suponer que estarían encantados de imponer, ahora como antónimo, un nuevo concepto totalitario: patriota a la fuerza.

Tal desmán semántico sólo puede concebirse en las mentes totalitarias de la secta del marxismo cultural, que trampeando con el lenguaje y desde su fatua arrogancia intelectual quieren retrotraernos a la revolución cultural china, en este caso mediante la invención de una nueva –aunque forzada– identidad.

Carente del más mínimo bagaje –ni falta que les hace– intelectual en materia impositiva, el pensamiento populista se desliza rencorosamente por la vía de la envidia y el odio hacia el éxito económico logrado en la libre economía de mercado que, tras pagar severos impuestos, aún permanece –a pesar  de las aspiraciones comunistas– en manos de sus legítimos dueños.

No cabe razonamiento alguno contra la descrita  ideología comunista, cuyos resultados prácticos no han podido ser más desastrosos, pero quizás sea útil recordar a la mayoría no comunista del Gobierno lo que muy recientemente ha publicado, desde la óptica del bien común, un competente y honrado ex ministro socialista, Miguel Sebastián.

He aquí sus incontestables argumentos sobre el impuesto al patrimonio:

• Carece de entidad recaudatoria, en contra de las ensoñaciones populistas.
• Penaliza el ahorro, un factor tan escaso en España como imprescindible para impulsar el crecimiento económico.
• Viola la equidad fiscal entre contribuyentes.
• Provoca la fuga de capitales; al Portugal socialista, por ejemplo.
• Los verdaderos ricos nunca lo han pagado, ni lo pagarán, pues sus sociedades pueden salir fiscalmente de España con un click.
• El gobierno socialista de Zapatero lo suprimió; aunque lo recuperó –provisionalmente por dos años– más tarde como "baza electoral".
• Ningún país de Europa tiene tan desatinado impuesto: o nunca existió o se abolió.

El establecimiento este "patriótico" impuesto –un perverso sarcasmo del vicepresidente del Gobierno–, vista su sinrazón económica, no tiene otra finalidad que la de atemorizar a la gran mayoría de la población que trabaja duro y ya paga unos elevados impuestos, para agradar a los votantes podemitas que la ministra de Trabajo trata de confundir  con "sus numerosos damnificados" que tan felizmente contabiliza.

Como muy bien sostiene Sebastián: "Casi todos los economistas, keynesianos o no, pensamos que lo último que se debe hacer en una crisis económica es subir los impuestos o recortar gastos". Claro que este supuesto sirve a quienes ansiamos una rápida y vigorosa recuperación económica, que no parece ser lo que interesa a los defensores del patriotismo fiscal, sino justamente lo contrario.

Una fiscalidad responsable, esta sí patriótica de verdad, tiene que estar orientada en la presente situación de crisis económica a dos finalidades: la primera y principal, favorecer el crecimiento de la economía y con él la recaudación impositiva, y la segunda orientar la estructura de los impuestos en la misma dirección; justamente lo contrario que anuncia el Gobierno.

Los clientelismos políticos han ido generando cada vez más actividades económicas exentas de IVA y con tipos reducidos, con lo que la recaudación se sitúa en la cola de Europa

Para facilitar el crecimiento de la economía es perentorio rebajar los impuestos al ahorro –generador de inversión– y al trabajo, que en España se sitúan entre los más elevados de nuestro entorno. España, según la OCDE, es el quinto país que más grava la riqueza –el ahorro– y el séptimo de la UE-28 con más elevadas cotizaciones sociales de las empresas. Es absurdo que el país con más desempleo persista fiscalmente ¡en aumentarlo! 

En contra de las supercherías progresistas al uso, los impuestos que pagan las empresas españolas –sobre beneficios más cotizaciones sociales– son del 47% frente al 39,3% de la UE, el 40,3% de la OCDE y el 40,4% del resto del mundo, según un estudio de la firma consultora PWC.

En IRPF, España se sitúa por encima de  la media de la UE-28 y la OCDE; aunque nuestra renta alta fiscal se sitúa en 65.000€, mientras que en el socialista Portugal en 280.000€.

Es evidente, por tanto, que la imposición directa tanto de las empresas como de las personas físicas no tiene recorrido al alza en España, sino más bien lo contrario; su rebaja redundaría en mayor crecimiento económico y del empleo –también de la recaudación fiscal- , que es justamente lo que más necesitamos.  

Sin embargo nuestra estructura impositiva presenta dos frentes recaudatorios que los socialistas –de todos los partidos- nunca han querido ver: los impuestos indirectos y las tasas fiscales. España es el último país de Europa por recaudación del IVA y el único que no cobra tasas por el uso de las autovías, amén de tener los combustibles y el tabaco más baratos.

Los clientelismos políticos han ido generando cada vez más actividades económicas exentas de IVA y con tipos reducidos, con lo que la recaudación se sitúa en la cola de Europa. En ningún país de nuestro entorno, la Acción colectiva que magistralmente descubriera Mancur Olson en su obra Auge y decadencia de las naciones (1982), ha tenido tanto éxito: se trata de minorías –lobbies organizados al efecto– que consiguen beneficios que han de sufragar la inmensa mayoría.

¿Por qué tienen que pagar quienes no utilizan, o lo hacen muy poco, los costes de las autovías a los que hacen un uso intensivo de ellas? Las tasas fiscales fueron concebidas para trasladar a los usuarios los costes de los bienes públicos, que no tienen por qué pagar quienes no se benefician de ellos.

España tiene un amplio recorrido fiscal en impuestos indirectos y tasas y ninguno en impuestos a la renta y el capital, sino más bien lo contrario. El bien común que se manifiesta a través del crecimiento económico y una equilibrada y competitiva estructura impositiva, es evidente que no ocupa el norte de las preocupaciones del gobierno, sino todo lo contrario. Ello está teniendo consecuencias económicas que se trasladarán a la recuperación de nuestra economía.

Después de liderar mundialmente los daños sanitarios ocasionados –fallecimientos y desprotección del personal sanitario– por la pandemia de Covid-19, el Gobierno tiene en sus manos que salgamos los primeros o los últimos de la crisis económica, siendo patriotas a la fuerza, lo segundo está garantizado.