La pretensión de dilucidar las responsabilidades de los responsables políticos que han gestionado la situación de crisis de la Covid-19 en sede penal, en mi opinión, es una nueva expresión de un derecho penal expansivo, falaz solución y respuesta a todos los problemas. La creciente y continuada tendencia a derivar al juzgado penal toda incidencia o alteración del trascurrir ordinario de la vida social, cuando incluye alguna cuestión ajena al limitadísimo campo de las conductas que llevan asociada responsabilidad penal, provoca el bucle de la insatisfacción recurrente. La denuncia abre grandes expectativas en la opinión pública y una tan intensa como inútil actividad del juzgado que se prolonga en el tiempo y, dentro de no sé cuántos años, termina en un juicio fallido.
La continuada tendencia a derivar al juzgado penal toda incidencia del trascurrir ordinario de la vida social provoca el bucle de la insatisfacción recurrente"
La historia termina siempre mal. La sentencia, si es condenatoria, conseguirá dar satisfacción a la opinión pública, pero tendrá que sortear -cuando no infringir abiertamente- los más elementales principios del Derecho Penal. Si la sentencia es absolutoria porque aplica la necesaria prudencia y el criterio de mínimos con que debe utilizar la autoridad un instrumento tan agresivo como el Derecho Penal, seguramente provocará la frustración de la ciudadanía.
Cuando en ese escenario viciado aparece el factor político, es decir, la incidencia de ese proceso penal en las encuestas, o las mayorías necesarias para una moción de investidura, el riesgo de convertir el asunto en una pelea en el barro empieza a convertirse en realidad.
Los juzgados deberían sustraerse a la tentación de asumir el papel de salvador del mundo que no les corresponde"
Como decía Luther King, I have a dream. Los juzgados deberían sustraerse a la tentación de asumir el papel de salvador del mundo que no les corresponde y entender que en ocasiones lo heroico es la prudencia y la discreción. En la misma línea estaría bien recordar que, más que hacer sesudos informes, lo propio de la Policía es hacer atestados, recoger vestigios, medir distancias, ofrecer datos objetivos sin valoraciones. Los medios de comunicación podrían algún día llegar a entender que sin sigilo y tranquilidad una investigación judicial es un espectáculo más lesivo y depravado que la pira medieval. Los líderes políticos, en algún momento de este siglo quizás alcancen a comprender hasta qué punto pervierten su función y ensucian su noble tarea llevando al juzgado su estrategia para alcanzar el poder. Imagine, que decía John Lennon.
Todo apunta a que en las acciones penales abiertas en relación con la gestión de la Covid-19 vamos a asistir de nuevo a esa conjunción de comportamientos indeseables, incapaces de sustraerse a esas irresistibles tentaciones. Descartando que pueda imaginarse que alguien hubiera elaborado algún plan para aprovechar el maldito virus para quitarle la vida a un semejante, es evidente que cualquier comportamiento de cariz penal habría de residenciarse en el marco de las conductas imprudentes o culposas. Y en todas ellas resulta necesario el elemento de la previsibilidad, que en ningún caso concurre, por más que juguemos con fechas, informes, presagios o estadísticas.
Por eso, más que lamentar un Derecho Penal insuficiente para hacer frente a conductas de mala gestión de la crisis, como hacia el profesor Choclán hace unos días en un brillante artículo de opinión, quizás habría que constatar que frente a un fenómeno más que imprevisto, inimaginable, la revisión de las decisiones políticas de su gestión -por más criticables que fueren- no puede tener lugar en el juzgado penal si queremos interrumpir el bucle infinito del populismo panjudicialista.
Propongo por eso a quienes tienen en su mano evitar el disparate que recuerden los primeros temas de los manuales de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y los apliquen. Aunque algún titular malinterprete o descalifique sus resoluciones, le atribuyan complicidades políticas o este verano murmure su cuñado, la recompensa es que tendrán la satisfacción del deber cumplido. Corresponde a otros ámbitos ajenos al juzgado penal la revisión crítica y la determinación de eventuales responsablidades de la gestión de la Covid-19.
La pretensión de dilucidar las responsabilidades de los responsables políticos que han gestionado la situación de crisis de la Covid-19 en sede penal, en mi opinión, es una nueva expresión de un derecho penal expansivo, falaz solución y respuesta a todos los problemas. La creciente y continuada tendencia a derivar al juzgado penal toda incidencia o alteración del trascurrir ordinario de la vida social, cuando incluye alguna cuestión ajena al limitadísimo campo de las conductas que llevan asociada responsabilidad penal, provoca el bucle de la insatisfacción recurrente. La denuncia abre grandes expectativas en la opinión pública y una tan intensa como inútil actividad del juzgado que se prolonga en el tiempo y, dentro de no sé cuántos años, termina en un juicio fallido.
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