Dos años de la moción de censura, un tiempo de continuos sobresaltos

Dos años que parecen 20 por el estado de agitación permanente en el que ha vivido el país desde entonces. Hace hoy dos años que, por primera vez en la historia de este período democrático, el Congreso votó a favor de la moción de censura que había planteado el PSOE ocho días antes de una manera inesperada hasta para sus propios dirigentes.

El detonante de aquella moción de censura fue la sentencia de la Audiencia Nacional sobre una de las piezas del caso Gürtel en la que se incluían unas afirmaciones que nada tenían que ver con la cosa juzgada pero que resultaron determinantes para el terremoto político que se desató a a continuación. Las afirmaciones eran dos: una, que el PP había ayudado a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local». Y la otra, que Mariano Rajoy no había sido «veraz» en su testimonio como testigo durante el juicio.

Basado en esas afirmaciones que no estaban relacionadas con el asunto enjuiciado pero que habían sido introducidas por uno de los tres magistrados miembros del tribunal, Pedro Sánchez decide en cuestión de horas la presentación de una moción de censura al por entonces presidente Mariano Rajoy. La sentencia se hacía pública el 24 de mayo y el 25 se registraba en el Congreso la moción por parte del PSOE.

La negociaciones se hicieron con el acelerador a su máxima potencia porque la entonces presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor, establece el 31 de mayo para la primera sesión del debate. Y ahí se produce lo que en el PP de la época se considera suprema deslealtad del PNV que acababa de apoyar los presupuestos del gobierno de Rajoy y apenas 10 días más tarde anuncia que va a votar a favor de la moción de censura del PSOE que propone para ocupar la presidencia a Pedro Sánchez. Y la moción sale adelante. Una auténtica carambola.

Por 180 votos a favor, el secretario genera del Partido Socialista asume la presidencia del Gobierno de España en unas condiciones insólitas. No se vota un programa de gobierno

Por 180 votos a favor, el secretario genera del Partido Socialista asume la presidencia del Gobierno de España en unas condiciones insólitas. No se vota un programa de gobierno, porque el candidato no expone más allá de unas cuantas declaraciones de intenciones, de modo que, en contra de lo que exige la Constitución, no se cumple la condición de que la moción sea constructiva. En los editoriales de la época se señala con frecuencia que el país ha asistido a una moción de censura "destructiva" porque de lo que se había tratado no había sido tanto de aupar a Sánchez cuanto de derribar a Rajoy.

Sánchez empieza por lo tanto su media legislatura en una situación personal y política también insólitas puesto que en aquellos momento él había renunciado a su acta de diputado para no tener que abstenerse en la sesión de investidura de Mariano Rajoy en 2016. Esa circunstancia y el hecho de haber accedido a la presidencia en condiciones no ortodoxas políticamente hablando, es decir, no como resultado de la elección de los españoles, la coloca en una situación de provisionalidad asumida. Por ese motivo anuncia que su intención es establecer un "gobierno de transición" que asegure la recuperación de la normalidad democrática alterada por la crisis política desatada por el caso Gürtel para "cuanto antes" convocar elecciones generales.

Pero Sánchez incumple su primera promesa y no será ni muchísimo menos la última vez que lo haga. El caso es que el tiempo va pasando y no se atisba la menor intención del presidente de convocar a los ciudadanos a las urnas. Es más, inicia una aproximación a los independentistas catalanes que se traduce apenas un mes después de su investidura en un encuentro en Madrid con el presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, que acude a La Moncloa en una visita presidida por la cordialidad.

Sánchez declara con este motivo que está decidido “a dar un paso al frente para devolver la normalidad a España", lo cual pone de manifiesto su firme intención de permanecer en el cargo lo bastante como para disponerse a abordar el problema más grave que en esos momentos padece el país. Pero es ése precisamente el asunto que se le va a complicar cada vez más hasta que le estalle en las manos.

En diciembre de ese 2018 las negociaciones con los independentistas catalanes han llegado hasta un punto de descompresión que permite que ambos gobiernos celebren una reunión en Barcelona, en el palacio de Pedralbes, en la que se llegan a alcanzar acuerdos aparentemente ambiguos pero que desatan las alarmas entre las filas de la oposición.

En el documento firmado conjuntamente no se hace la menor alusión a la Constitución española y en él el Gobierno se limita a afirmar que la solución que se alcanzara tenía que limitarse a lo que fija el "marco de la seguridad jurídica". Es verdad que la pretensión independentista de celebrar un referéndum de autodeterminación fue siempre rechazada por el equipo gubernamental y que los representantes de la Generalitat aceptaron conformarse con el reconocimiento de que el referéndum contaba con "un amplio apoyo en la sociedad catalana".

Pero el documento que firman ambas partes establece la creación de una "mesa de partidos" en la que cada participante plantearía sus propuestas de resolución y proyecto político, "con total libertad" y al frente de ella se propondría "de común acuerdo" una persona que sería "quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día".

Esa figura, aunque disfrazada en el texto del acuerdo, era la del famoso relator, una pretensión que siempre ha interesado extraordinariamente al independentismo catalán, deseoso de dar la impresión ante el mundo de que se estaba abordando una negociación entre gobiernos de igual a igual. Para ratificar esa impresión era capital la figura de un relator internacional.

El escándalo que se desata en España es mayúsculo cuando la vicepresidenta Carmen Calvo trata de convencer a la opinión pública de que el tal relator es una figura irrelevante que hace poco menos que las veces de un secretario. Pero ese intento de colocar una versión edulcorada de lo que hubiera sido una cesión de importancia capital fracasa estrepitosamente. Estamos a principios del mes de febrero de 2019 y los partidos de la oposición acusan al Gobierno de someterse a los independentistas y a su pretensión de romper la unidad de España.

El 10 de febrero el Partido Popular y Ciudadanos convocan una concentración en la Plaza de Colón de Madrid para exigir el fin de la negociación del Gobierno con los independentistas y pidiendo convocar elecciones cuanto antes. “España no necesita relatores” y "con la soberanía nacional no se negocia" fueron unos de los gritos que se corearon ese día.

El escándalo que se desata en España es mayúsculo cuando la vicepresidenta Carmen Calvo trata de convencer a la opinión pública de que el tal relator es una figura irrelevante que hace poco menos que las veces de un secretario

A PP y Ciudadanos se unieron otros cinco partidos: Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias, Partido Aragonés y UPyD que acusaban al Gobierno de Pedro Sánchez de querer perpetuarse en el poder a costa incluso de poner en almoneda la soberanía nacional.

La presencia en el escenario, junto a Pablo Casado y Albert Rivera, de Santiago Abascal, el líder de Vox, constituyó un regalo para el Partido Socialista que utilizó la que sería conocida como "la foto de Colón" para situar a todo el espectro político a la derecha del PSOE en las posiciones de la ultraderecha.

Pero al margen de la utilización estratégica de esa comparecencia de los líderes de la oposición constitucionalista, lo cierto es que la negociaciones de Pedralbes sufrieron ese día un frenazo del que ya no se recuperaron. El relator pasó a mejor vida como proyecto, la mesa de partidos no llegó a nacer y el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que admitir su fracaso en su intento -el primero- de alcanzar una mínima base de acuerdo con los independentistas catalanes.

Ese fue el primer gran tropiezo de un Pedro Sánchez que a esas alturas del año había demostrado que su promesa de presidir un gobierno de transición para celebrar elecciones "cuanto antes" había sido un engaño. Él quería estar en el poder hasta agotar la legislatura. Pero las cosas se le torcieron a este Gobierno unos días después de la convocatoria de Colón porque los independentistas catalanes, irritados por el fracaso de la negociaciones de Pedralbes, decidieron romper la mayoría que había aupado al líder socialista a la presidencia del Gobierno y unos días después de la "foto de Colón", el 13 de febrero, tumbaron la aprobación de los Presupuestos Generales.

La legislatura había acabado. La presidencia de Sánchez obtenida tras una moción de censura tenía que someterse por fin al escrutinio general. Los comicios se convocan para el 28 de abril. Las elecciones municipales, autonómicas y europeas estaban ya convocadas para el 26 de mayo. España entra así en un nuevo período de incertidumbre mientras el Gobierno se limita a prolongar la precampaña electoral en la que lleva inmerso desde el 1 de junio de 2018, cuando el presidente se comprometió a convocar "cuanto antes" las elecciones.

Esta vez se ha cumplido, aunque no por su voluntad sino en contra de ella, su promesa inicial. Y sale extraordinariamente reforzado por las urnas. Sánchez gana en un mes todas las elecciones convocadas. El PSOE sale elegido como primera fuerza en las generales, las autonómicas y las municipales, además de en las europeas.

Por detrás, y a mucha distancia, un PP que recoge los peores resultados de su historia, 66 diputados, y que apenas sobrepasa en nueve escaños a Ciudadanos, que le pisa los talones. Sánchez, con 123 diputados, se ha visto revalidado por los votos, su poder ya no es en absoluto discutible porque ha sido ampliamente avalado por las urnas. El PSOE es la fuerza hegemónica en el país, algo que era impensable tan sólo un año atrás.

En esas condiciones Sánchez tiene las manos libres para formar gobierno y para cerrar acuerdos de coalición o pactos de legislatura a derecha y a izquierda. En el país se levantan voces autorizadas proponiendo como mejor solución para los intereses de España un pacto PSOE-Ciudadanos. Eso suma 180 escaños, mayoría absoluta, y permite gobernar con tranquilidad para los próximos cuatro años.

No pudo ser. Ni uno ni otro, ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera hicieron en las semanas siguientes el menor gesto de acercamiento político. El recién elegido para presidir el Gobierno de España se inclinó desde el primer momento por buscar pactos a la izquierda de su partido.

No pudo ser. Ni uno ni otro, ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera hicieron en las semanas siguientes el menor gesto de acercamiento político

Pero las negociaciones con el líder de Podemos, Pablo Iglesias no llegaron a buen puerto. Iglesias quería entrar en el Gobierno y no de cualquier manera sino con carteras de contenido, no de "floreros". Sánchez se resistía como gato panza arriba y, en un esfuerzo que los negociadores socialistas consideraron de la máxima generosidad, llegaron a ofrecer al partido morado una vicepresidencia social, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Vivienda y el de Igualdad, pero Iglesias lo rechazó. Quería más y mejores cartas.

Así llegamos a la sesión de investidura del 25 de julio de 2019, una sesión dramática en la que Sánchez empieza a dejar para la hemeroteca y para la Historia frases que se han vuelto implacables contra él en vista del giro copernicano dado por él mismo pocos meses después. Por ejemplo: "Hace falta un Gobierno coherente y cohesionado y no dos Gobiernos", le reprocha a Iglesias. "Conciliar dos culturas y dos tradiciones siempre supe que no era posible". Explicó que no se les daba la cartera de Trabajo "para derogar la reforma laboral y subir el SMI", según había solicitado la formación de Iglesias, "como si no supieran que eso depende de todo el Gobierno de la nación y del Parlamento".

La investidura fracasa por 155 votos negativos frente a 124 positivos y 67 abstenciones. El encargo del Rey para que tratara de ser investido decae con esta derrota. Pero aún tiene dos meses para intentarlo antes de que sea inexorable una nueva convocatoria electoral. “Negocie con nosotros y no lleve a los españoles a otras elecciones”, le pide el líder de Unidas Podemos. Petición que cae en saco roto.

Fracasada la investidura, se abre un nuevo período, se supone que de negociaciones, que se convierte de hecho en realidad en un tiempo muerto, pero en el que Pedro Sánchez produce, eso sí, algunas afirmaciones más relevantes aún que las que había pronunciado en el mes de julio, que sólo eran la primera tanda de frases del presidente para la Historia.

"Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias hoy sería presidente del Gobierno. Pero sería un presidente que no dormiría, como el 95% de los españoles, incluidos votantes de Unidas Podemos", decía el presidente en funciones a la altura del mes de septiembre al tiempo que reprocha a Iglesias que pretendiera colocar en el Consejo de Ministros a algunos de sus afines sin experiencia en la gestión pública, algo que él, presidente, no podía aceptar.

A esas alturas ya es evidente que la pasividad demostrada por Pedro Sánchez a lo largo de todo el verano respondía a un propósito no confesado pero firme: repetir las elecciones. Al presidente en funciones y a su círculo más próximo de asesores no les cabía ninguna duda de que unas segundas elecciones iban a proporcionar al Partido Socialista una clara subida en votos y escaños. Y a ese propósito someten los intereses generales del país, sumido ya en un esfuerzo y una tensión injustificables.

Mientras el país está a la espera, una espera que ya dura demasiados meses, el Tribunal Supremo emite el 14 de octubre la sentencia del juicio del procés con condenas por sedición a entre 9 y 13 años de prisión para los principales condenados. Cataluña estalla y se producen durante muchas jornadas seguidas gravísimos altercados callejeros de una inusitada violencia.

A esas alturas, y con el país sometido a una tensión y una violencia inusitadas, las segundas elecciones generales en el plazo de seis meses estaban ya convocadas para el 10 de noviembre. El país se ve de nuevo inmerso en la paralización que comporta siempre un periodo electoral que, en esta ocasión, se extiende mucho más allá de lo establecido oficialmente para la campaña. No importa, el resultado previsto iba a merecer la pena según las previsiones de Sánchez y su círculo.

El 10 de noviembre el PSOE pierde tres escaños y 700.000 votos. Unidas Podemos pierde 7 escaños y un número similar de votos. Las cosas no han salido como en el PSOE esperaban sino todo lo contrario. Y para colmo, el PP se recupera un poco y gana 22 escaños aunque para compensar el disgusto de la pérdida de apoyos Ciudadanos se da el batacazo de su vida y la terca actitud de su líder recibe un formidable castigo: de 57 diputados cae a 10.

Sánchez reacciona de inmediato con modos de apostador de fortuna: no han pasado ni 48 horas de la celebración de las elecciones y los españoles asisten a una escena asombrosa en el Palacio de La Moncloa

Sánchez reacciona de inmediato con modos de apostador de fortuna: no han pasado ni 48 horas de la celebración de las elecciones y los españoles asisten a una escena asombrosa en el Palacio de La Moncloa. El presidente y el hombre cuya presencia en el Gobierno no le habría dejado dormir ni a él ni al 95% de los españoles se abrazan y firman allí mismo un pacto de Gobierno que se materializa el 30 de diciembre en un Nuevo acuerdo para España firmado por la "Coalición Progresista".

En enero de 2020 toma posesión este Gobierno de coalición, el primero desde la II República. Hay cuatro vicepresidencias y 18 ministerios, con cinco miembros de Unidas Podemos, dos de ellos la pareja Iglesias- Montero. Y el primer tropiezo grave que apunta ya a que, a pesar del interés del Gobierno en desmentirlo, efectivamente las previsiones del presidente eran acertadas: va a ser que dentro de este Gobierno hay dos gobiernos.

La Ley de Libertad Sexual tenía que estar aprobada antes del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un empeño de la nueva ministra de Igualdad que quiere presentar su éxito en esa fecha tan señalada para las feministas. Pero la calidad del texto que la ministra presenta ante el Consejo de Ministros es muy deficiente, tanto que provoca serios enfrentamientos con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se ven en la necesidad de introducir de urgencia numerosas e importantes modificaciones antes de ser aprobado como proyecto de ley para su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Pero lo malo estaba por llegar. Este Gobierno, que había venido para evidenciar su perfil social y hacer unos presupuestos expansivos que acabaran con las desigualdades, se topa inesperadamente con la mayor crisis sanitaria y el más devastador panorama económico y laboral de nuestra Historia reciente. La pandemia del coronavirus da al traste con el proyecto económico, laboral y social del equipo de coalición.

Ya no vale de nada su programa porque ahora se enfrenta a la situación más grave y más desconocida que nadie haya podido imaginar. Los meses de marzo, abril y mayo han sido de lucha contra lo imprevisible. Pero en medio de ese bracear contra el desastre, el equipo gubernamental no ha desaprovechado la ocasión para crear aún más problemas serios dentro de los muy serios problemas que ya padece el país.

El escándalo y la indignación general por el pacto firmado en este mes de mayo con Bildu por el Partido Socialista y Podemos ha dejado en una situación de extrema debilidad a un Gobierno ya de por sí extremadamente débil en términos parlamentarios y ha supuesto auténticos chorros de descrédito político al equipo de Pedro Sánchez.

El siguiente error, este también de enorme envergadura, ha sido el cometido por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska al destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, por negarse a cometer la ilegalidad manifiesta de intentar averiguar el contenido del informe que la unidad de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial había enviado a la juez que investigaba la actuación de las autoridades sanitarias en los primeros días de la pandemia.

Ese cese ha provocado un auténtico terremoto en todo el país y ha supuesto una conmoción en el seno del Instituto Armado que lo ha vivido como una gravísima ofensa al Cuerpo en su conjunto.

Este es el último episodio de una trayectoria institucional que empezó hace hoy dos años y que no ha dejado de provocar sobresaltos en ningún momento de estos 24 meses. Un balance ciertamente agitado.