En torno al proceso judicial que provocó el cese del coronel Pérez de los Cobos por haberse negado a cometer el delito de inducir a alguno de los miembros de la Guardia Civil bajo su mando que actuaban en funciones de Policía Judicial a desvelar a otro que no fuera la juez el contenido de sus actuaciones, se está celebrando un auténtico juicio paralelo por parte de determinados medios de comunicación.

Resulta que la filtración a uno de esos medios del primer informe que la Guardia Civil entrega a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la presunta responsabilidad de las autoridades gubernamentales en Madrid sobre la celebración de la manifestación del 8-M, fue, según la versión número mil quinientos treinta y ocho del ministro Marlaska, el motivo de la destitución del coronel.

Pero ¿qué pasa con la filtración del segundo informe remitido a la juez? Porque los periódicos están publicando extensos retazos de ese texto y no se ha visto al ministro Marlaska ordenar a ningún subordinado que indague en esa fuga de información y muchísimo menos se le ha visto ordenar el cese de nadie por esa causa. Una prueba más de lo mucho que el ministro del Interior ha mentido: si hubiera sido por eso, ahora mismo estarían rodando varias cabezas más. Y, sin embargo, no ha ocurrido nada.

Los periódicos, digamos favorables al Gobierno, intentan desacreditar el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil

Al margen de esa sorprendente anomalía, se está produciendo un fenómeno que no es nuevo pero que sigue siendo denunciable. Y es que los periódicos, digamos favorables al Gobierno, están intentando por todos los medios desacreditar el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil para la juez. Y así, subrayaron en el primer texto errores de fechas que luego han sido corregidos pero que fueron puestos muy de relieve en su día como algo determinante para desacreditar la tesis que mantienen los autores del informe.

Ahora, con la segunda versión y los bailes de fechas sustanciados, se quiere poner de manifiesto lo que los redactores de estos periódicos consideran puntos débiles del informe, tan débiles que deberían convertir en papel mojado toda la información contenida en esos 200 folios entregados por la Policía Judicial a la juez. Por ejemplo, que sus autores "deducen", tan sólo "deducen", lo cual subrayan como si fuera una total falta de rigor que desacredita la afirmación subsiguiente,que podrían faltar documentos en el material entregado por el organismo que dirige el doctor Fernando Simón.

Añaden también que varios de los organizadores de determinadas concentraciones, marchas y congresos previstos para los primeros días de marzo a los que interrogaron los miembros de la Policía Judicial, desmienten, en contra de lo que afirma o sugiere la Guardia Civil, haber recibido presiones o prohibiciones de celebrar esas actividades por parte de los funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias que dirige Simón.

Se trata en este caso de desmontar por esa vía la tesis del informe según la cual las autoridades sanitarias ya eran muy conscientes días antes del 8 de marzo del peligro que suponían para la extensión del virus las grandes concentraciones de personas.

En definitiva, hay una operación destinada a desacreditar el trabajo y el informe de la Policía Judicial para intentar que la juez del caso no le otorgue el crédito suficiente y no lo toma como base para formar sus conclusiones y, si llegara el caso, dictar la correspondiente sentencia.

Ya no es la Abogacía del Estado sino la Abogacía del Gobierno.

En esta ofensiva está volcada la Abogacía del Estado que ha adoptado una posición de tal nivel de beligerancia que se está haciendo merecedora de que acabe teniendo definitivamente éxito un apelativo que tiene la terrible capacidad de desacreditar la reputación de este antiguamente muy prestigioso Cuerpo: que ya no es la Abogacía del Estado sino la Abogacía del Gobierno. Hay acumulados demasiados episodios ya en este sentido que empujan a desconfiar cada vez más del sesgo que la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, está imprimiendo al Cuerpo. Y en este caso lo que se ha producido es una auténtica ofensiva contra el informe de la Policía Judicial.

Pero hay que advertir que todos estos esfuerzos, realmente denodados, por impedir, o sabotear, o desacreditar la causa abierta por la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid pinchan en hueso.

Carmen Rodríguez-Medel fue en su día muy alabada por quienes ahora se sienten enormemente incómodos con la apertura de esta causa pero que la llenaron de elogios cuando decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía que se investigara al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio con motivo de la convalidación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Esta magistrada es una roca. Ni le importará lo que se escriba en los periódicos y probablemente ni siquiera los leerá

Y no digamos cuando procesó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el llamado "caso Máster", que está todavía pendiente de juicio. En esos dos casos fue muy criticada por los sectores de la derecha. Y ahora le faltan cinco minutos para empezar a ser criticada y desprestigiada por los de la izquierda, que ya se ve que están apostando sus misiles en dirección a su juzgado. Aún es pronto porque su señoría está todavía ordenando diligencias pero ya se oyen a lo lejos los redobles de tambores.

Por el momento, pues, los ataques se dirigen a los informes que se supone que serán la base de las decisiones de la juez. Pero ya digo: es un esfuerzo inútil. Esta magistrada es, como casi todos los jueces, una roca. Ni le importará lo que se escriba en los periódicos y probablemente ni siquiera los leerá.

Y del mismo modo que ya ha rechazado por dos veces investigar -imputar- a Fernando Simón pero mantiene la condición de investigado al Delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, tomará sus decisiones con absoluta y radical independencia y con arreglo a sus propias conclusiones. Por ese lado, los "hooligans" del Gobierno tienen muy poco que hacer.

Ahora bien, hay otro aspecto de esta controversia en torno a la celebración del 8-M que tiene una derivada política y de opinión pública que es la que explica el desmedido interés del Gobierno por esta causa y el tremendo error cometido por su ministro del Interior en su afán por husmear donde la ley no le permitía de ninguna manera meter la nariz.

Por eso se puede aventurar que, dependiendo de cuál sea la decisión de la juez, según hacia donde se incline -sobreseer el caso o procesar a algún responsable- se va a desplegar una auténtica operación propagandística a cargo del poderosísimo equipo de comunicación del Gobierno y sus terminales mediáticas.

Y eso será así porque lo que se va a dirimir en este juzgado es de la máxima importancia: se trata de establecer si el Gobierno de Pedro Sánchez es o no es responsable de haber puesto su conveniencia política por encima de su obligación de proteger la salud de los españoles. Y en esa tesitura el prestigio y la credibilidad del Ejecutivo corren el máximo riesgo, con la traducción electoral que eso conlleva.

Por eso las presiones van a ser formidables y por eso la opinión pública va a ser sometida a un bombardeo implacable para que asuma unas determinadas conclusiones al margen de lo que deje establecido la juez. Advertido queda.