Juan Carlos I provoca una gran operación de desprestigio y derribo de la Monarquía

"La Fiscalía del Tribunal Supremo considera preciso realizar diligencias de investigación que afectan directamente a Juan Carlos de Borbón, rey emérito, dentro de las investigaciones por las presuntas comisiones cobradas por el AVE a la Meca". Eso dicen los medios de comunicación citando las declaraciones de la Fiscal General del Estado.

Ah, ¿pero no estaba ya claro que existían indicios de la implicación del viejo rey en ese asunto y que, precisamente por eso, la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado el caso al Tribunal Supremo? Simplemente con ese presupuesto indiciario, el caso tenía que ir a la Sala Segunda del Alto Tribunal porque es ante la que está aforado Juan Carlos I.

Ningún otro órgano judicial puede hacer investigaciones sobre las actividades supuestamente delictivas de este señor. ¿Por qué se detiene el caso en la Fiscalía del Supremo? Porque en el Estatuto del Ministerio Fiscal hay un precepto que permite a los fiscales iniciar diligencias, pero con una sola finalidad: la de asegurar al fiscal que no inicia prematuramente o temerariamente una acción penal. Lo que se traduce en que el fiscal tenga la posibilidad de asegurarse antes de decidirse a apretar el botón de la acción penal.

Por eso no es verdad que lo que pretenden hacer por encargo de la Fiscal General del Estado se lo permita el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que faculta al fiscal para practicar las diligencias que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos, porque resulta que esas diligencias están ya realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y porque el mismo artículo 5 dice que " si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual sea el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización".

Eso significa que, puesto que la Fiscalía Anticorrupción de la AN ya ha detectado que puede haber indicios de criminalidad que toquen de cerca o de lejos al rey emérito, motivo por el cual lo ha enviado al Tribunal Supremo, lo único que le cabe hacer al fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, designado por la señora Dolores Delgado es dar traslado del caso a la Sala Segunda.

Parece más bien que la Fiscal General del Estado pretende mantener embalsado el caso durante los próximos seis, o incluso 12, meses en lugar de que los fiscales del Supremo cumplan su papel

Lo contrario supone sustraer las competencias instructoras al juez de instrucción que determine la Sala Segunda, algo así como intentar convertirse en un poder judicial bis. Hay veces, y este parece que va a ser el caso, en que los fiscales hacen de jueces de instrucción. Lo cual no es admisible. Es una desmesura. Y además es muy peligroso por lo que luego diré.

Parece más bien que la Fiscal General del Estado pretende mantener embalsado el caso durante los próximos seis, o incluso 12, meses en lugar de que los fiscales del Supremo cumplan su papel que en este caso es el de hacer de correa de transmisión de la Fiscalia Anticorrupción. Pero no va a ser así, parece que el caso se va a quedar en el vestíbulo, en el limbo, en tierra de nadie, durante un tiempo indeterminado que servirá para ir engordando los datos de la investigación a pesar de que ya se ha pasado el límite de la evidencia indiciaria de que Juan Carlos I pudiera estar implicado en los hechos que se investigan.

Y eso no puede hacerse. Tan pronto como la sombra del rey emérito ha tocado el escenario -y eso ya ha sucedido de un modo palmario porque hay datos, informes procedentes de Suiza que le tienen comprometido- el fiscal tiene que retirarse, no puede seguir investigando, eso ya es algo que le corresponde a una Sala, la Segunda, compuesta por 15 señores que son los que deciden si incoan procedimiento o no lo incoan y que, en caso afirmativo, uno de ellos se va a encargar de cumplir las funciones de juez instructor, paso previo a la posible apertura de un juicio oral .

Pero eso quiere decir también que nadie puede estar investigado por la Fiscalía sin que el interesado lo sepa y se pueda personar con su abogado, que interviene. Son lo que se llama principios de defensa y de contradicción, que quiere decir que todo se tiene que hacer con la participación de la parte contraria.

El rey emérito está aforado ante los jueces de la Sala Segunda y ante nadie más. Y la comprobación de si los indicios tienen crédito o no, corresponde en exclusiva a los magistrados de esa Sala. De modo que si las diligencias dicen que se debe incoar procedimiento, se incoa, y entonces es cuando el fiscal, que es parte del proceso, ya dice lo que considere oportuno: pide declaraciones o lo que quiera.

Mantener varios meses el caso abierto sin que pase a manos del tribunal puede causar un daño inmenso al prestigio de la Corona, a la propia Constitución y, en general, a lo que los enemigos de nuestra Carta Magna llaman "el régimen del 78"

El abogado de Juan Carlos de Borbón debería presentarse ante la Fiscalía y, con una fundamentación jurídica rigurosa, pedir copia de las actuaciones que obran en poder de los fiscales porque, como las averiguaciones del Ministerio Fiscal se tienen que hacer bajo los principios de proporcionalidad contradicción y defensa, él como defensor, puede reclamar conocer lo que haya en esas actuaciones.

Y, como comprobará que existen unos indicios que afectan a su cliente, que es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, podrá exigir que esos documentos se envíen a la Sala inmediatamente. Es decir, que se cumpla precisamente lo que manda el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal.

En el peor de los casos, si no atendieran en la Fiscalía sus reclamaciones, debería mandar un escrito a la Sala Segunda que encienda el pelo, en el que se diga que los fiscales están manteniendo estas diligencias y que exige la judicialización del caso porque la instrucción y los procesos penales corresponden al poder judicial y no a la Fiscalía, que es parte del proceso, no es el tribunal. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo tampoco es el Tribunal Supremo y, por muy magníficos que sean sus componentes, el hecho es que tienen la misma subordinación a la Fiscal General del Estado que un fiscal de Soria.

Todas estas objeciones que planteo ante los planes de la Fiscal General del Estado y que ya he dicho que me parecen muy peligrosos, no las hago en defensa del viejo rey de España, que me parece que está tirando por la borda su excepcional papel en la también excepcional etapa de la Transición, sino porque creo que mantener varios meses el caso abierto sin que pase a manos del tribunal puede causar un daño inmenso al prestigio de la Corona como institución, a la propia Constitución y, en general, a lo que los enemigos de nuestra Carta Magna, presentes en el Congreso de los Diputados, llaman " el régimen del 78". Es decir, a nuestro sistema democrático constitucional. Un daño infinito y probablemente irrecuperable dentro, pero también fuera de España.

Ahora mismo existe un pulso brutal entre Podemos y el PSOE para que los socialistas voten afirmativamente a la apertura de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre las andanzas privadas de Juan Carlos de Borbón que, por lo que se está viendo, son cualquier cosa menos decentes ni propias de su condición de antiguo Jefe del Estado.

Esa Comisión, si el PSOE cediera finalmente al chantaje de sus socios habituales -ERC, PNV, BNG, Mas País, Compromís o EH Bildu- de no votarle los Presupuestos Generales del Estado si no se pliega a esta exigencia, supondría el desmantelamiento de la Constitución española porque el propósito de todos ellos, además del de la CUP y de JxCat, es precisamente derribarla, derribando de paso a la Monarquía, que está incardinada nada menos que en el artículo 1 del texto constitucional que dice en su punto 3: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria".

Si el PSOE cede a las presiones de sus socios independentistas será responsable de propiciar lo que supondría una catástrofe política, jurídica e institucional en España

Todo estos partidos son republicanos y lo que quieren para España o para lo que quedara de España después de sus respectivas secesiones, es una República. Llevan muchos años batallando por acabar con la institución monárquica. Pero es que el rey emérito les ha puesto ya en las manos el armamento necesario, y también la munición, para intentar conseguirlo precisamente ahora, cuando el caso de las actuaciones presuntamente ilegales de Juan Carlos I les ofrece una oportunidad de oro para salir victoriosos del combate.

La Monarquía está en peligro -la ha puesto en claro peligro el propio rey emérito con sus actuaciones- y con ella está en peligro también la Constitución más democrática e inclusiva de toda nuestra Historia que él contribuyó decisivamente a alumbrar. Por eso, si la Fiscalía se empeña en no cumplir con su obligación de dar traslado inmediatamente a la Sala Segunda del Supremo de las actuaciones del caso y persiste en someter el caso a una instrucción paralela, una instrucción "pirata", dará pie al desarrollo de una operación de gran calado contra la institución de la Corona y, en consecuencia, contra la pervivencia de la Constitución.

El PSOE siempre ha sido y se ha declarado republicano pero, al mismo tiempo, también ha sido siempre extraordinariamente respetuoso con la Jefatura del Estado. Si cede a las presiones de sus socios independentistas para la formación de esa Comisión de investigación sobre las actividades privadas presuntamente ilegales de Juan Carlos de Borbón y si, por otra parte, apoya el aparente propósito de la Fiscalía del Supremo de mantener las investigaciones más allá del límite ya cruzado de los indicios de responsabilidad penal del rey emérito, será a su vez el responsable de propiciar lo que supondría una catástrofe política, jurídica e institucional para España.

Esto no es ninguna broma. Es un asunto muy, pero que muy, serio.