Carta abierta a los encargados de elaborar un nuevo sistema fiscal

El cambio del actual modelo de recaudación por un sistema fiscal coherente y justo es algo parecido a lo de que hay que cambiar el modelo productivo del país: todo el mundo lo dice, pero nadie hace nada. Probablemente, el tsunami producido por el Covid-19 marque las pautas para una transformación de la sociedad española en diferentes niveles, y uno de ellos, necesariamente, tiene que ser la elaboración de un sistema fiscal equilibrado que mire más en la justicia de las exacciones que en la cantidad de euros (cada vez mayor) que el ministro de turno quiera recaudar.

La justicia fiscal debe cimentarse en las ideas, no en el afán recaudatorio. Hay cosas que son imprescindibles para los españoles, como pueden ser la luz, el agua, internet, etc. ¿Tiene sentido que en el recibo eléctrico sufra un impuesto de más del 27% en la factura mensual? Sin embargo, si un galerista compra antigüedades u obras de arte para su negocio, paga un tipo reducido del 10% de IVA en lugar del 21% del tipo general. Son meros ejemplos de hechos imponibles que no parece que sean muy lógicos desde el punto de vista de la teoría hacendística; son más bien caprichos de los ministros de turno y, en particular, de Cristóbal Montoro, cuyos presupuestos cargados de voracidad fiscal parece que van a ser eternos en la economía española.

Como todo, tiene que haber mesura en la regulación de las exacciones fiscales. No se trata de suprimir impuestos, sino de hacerlos más justos. Parecería lógico que se establecieran unos mínimos de subsistencia de electricidad y de agua, y que sólo a partir de esos mínimos se comenzase a tributar (por ejemplo, los que tienen una piscina olímpica en su chalé o gastan una cantidad enorme de kilovatios). Pero, para una persona que apenas tiene para subsistir, no parece muy lógico que tenga que pagar impuestos al Estado por algo tan necesario como el agua y la luz; y esos impuestos deberían ser una función de la renta disponible.

El problema de la extrema izquierda es que sólo piensa en gastar, pero ni se plantea de dónde sale el dinero

El citado ministro Montoro inició durante su mandato, aparte de las subidas de IRPF e IVA, una ampliación de bases imponibles cuyo único objetivo era recaudar más. Sometió las segundas viviendas a IRPF, a pesar de que no tienen más que costes para sus propietarios (¿dónde está la renta que produce poseer un apartamento en la playa si no se alquila?); y en ningún momento trató de limitar los insufribles incrementos del IBI que, aunque fueran de exacción municipal, se habían multiplicado por tres en los últimos diez años, de manera que un mismo hecho imponible, poseer una segunda vivienda, era sometido a tres impuestos, el IRPF, el IBI y, en su caso, el Impuesto sobre el Patrimonio.

Parecería razonable asumir que la tributación de un sujeto pasivo, en este caso, los ciudadanos de a pie, se debería circunscribir a su capacidad para contribuir al erario público; es decir, no debería ser lo mismo el IBI a pagar por un empresario que tiene un piso en el centro de Madrid, que una viuda que vive de su exigua pensión, por el hecho de vivir en la misma zona (probablemente ha vivido allí durante sesenta años); y, sin embargo, los dos pisos pagan el mismo IBI, y a la viuda probablemente le vuelan las dos pagas extras de la pensión para poder pagarlo. Por tanto, la primera labor de un futuro equipo, que se encargase de modificar nuestro sistema fiscal, sería la de segmentar a los ciudadanos según su capacidad adquisitiva y su capacidad de contribución fiscal.

El otro aspecto, quizás más político, sería evaluar la capacidad de contribución fiscal del conjunto de los ciudadanos españoles, y una vez fijada, ver en qué se puede gastar y en qué no. Lo digo porque se hace al revés, es decir, se fija el límite de gasto, y como no se llega, se emite más deuda pública, y que la paguen nuestros hijos o nuestros nietos, incumpliendo el denominado pacto intergeneracional. Si fijáramos el límite de ingresos y ajustáramos los gastos a ese límite, probablemente nos encontraríamos con que no todo puede ser gratis total, y me refiero a las líneas rojas de la extrema izquierda, es decir, educación y sanidad, amén de las ayudas a la dependencia o la denominada renta básica. Y no digamos el problema cada vez más acuciante de la sostenibilidad de las pensiones.

El problema de la extrema izquierda es que sólo piensa en gastar, pero ni se plantea de dónde sale el dinero. A todos nos gustaría poder repartir dádivas entre los ciudadanos y que todo el mundo viviera muy bien, pero el dinero es limitado y sale de los bolsillos de las clases medias, que ya están bastante malparadas desde la época de Montoro y el continuismo de Montero. O se fija el nivel adecuado de tributación estatal, autonómica y municipal para los diferentes segmentos de ciudadanos, y se ajusta el gasto público a ese nivel, o las cuentas públicas naufragarán precisamente en una época en la que el Covid 19 va a hacer irremediable un aumento geométrico de deuda pública. Eso puede conllevar copagos en sanidad y educación, establecer mínimos de subsistencia exentos de tributación, e incluso cartillas de racionamiento para los ciudadanos más vulnerables, los que están en las colas de los bancos de alimentos pidiendo comida, que no son tan pocos, y que van a ser muchos más.

¡Señoras y señores encargados de modificar nuestro sistema fiscal! Por favor, olvídense de la herencia del Sr. Montoro; hagan un presupuesto base cero en todos los sentidos; piensen que no tienen sólo que tocar los porcentajes de los impuestos, sino entrar en la esencia misma de su exacción, y cambien todo lo que haya que cambiar para que tengamos un modelo fiscal justo para los próximos veinte años. De ello va a depender, y mucho, lo que le ocurra económica y financieramente a España en el próximo quinquenio.

Miguel Córdoba. Profesor de Economía Financiera. Universidad CEU San Pablo