Una vulgar historia de cuernos convertida en algo mucho más grave por la megalomanía de un señor

Esta historia, más propia inicialmente de una telenovela de los años 80, podía haberse quedado en las crónicas del corazón como una de las muchas historias de cuernos que tan buena audiencia tienen si no fuera porque incorpora varios elementos que la están convirtiendo en un episodio de evidente trascendencia. En primer lugar, por la personalidad del protagonista principal de lo sucedido, nada menos que el vicepresidente segundo del Gobierno. Segundo, por la dimensión política relacionada con la corrupción policial que el propio vicepresidente otorgó repetidamente al episodio. Y tercero, porque ahora se han constatado las mentiras con que el citado ha pretendido, con plena conciencia de que lo hacía, engañar a la ciudadanía y también al juez.

Porque esto es lo que está pasando -y lo que va a pasar porque aún no ha terminado ni mucho menos la historia- con el episodio, en principio del todo irrelevante desde un punto de vista político e institucional, del robo de un teléfono móvil en el Ikea de Alcorcón a una señora que en el momento de la sustracción era asesora de Pablo Iglesias, en el Parlamento Europeo. La señora Dina Bousselham denunció el robo y ahí quedó la cosa.

Iglesias ha mentido a los españoles y encima ha mentido al juez con la estúpida pretensión de colarle al magistrado una monumental trola

No pasó nada hasta que un periódico digital, OK Diario, publica unos pantallazos en los que Pablo Iglesias, ya diputado elegido en las elecciones generales al frente de Podemos, hace unos comentarios de ínfimo nivel propios de un chulo de billares -o de un potencial maltratador- sobre una presentadora de televisión a la que soñaba con azotar y otros sobre la excelsa opinión que él tiene de sí mismo en materia de liderazgo y de dominio del grupo.

Esa publicación por parte del periódico digital se produce meses antes de que se conociera que la Policía había encontrado en los registros de la documentación del ex comisario Villarejo dos memorias USB con información de la tarjeta de memoria del móvil sustraído. El juez encargado del caso Villarejo decide entonces abrir una pieza separada sobre este aspecto, pieza que se bautiza como "Dina".

En el momento en que Pablo Iglesias se entera de este dato -en una investigación que se había declarado secreta, lo cual tendrá luego una derivada institucional potencialmente muy grave- y atisba la posibilidad de convertir el episodio en una operación de acoso político a su formación y a él mismo, no lo duda un instante: monta su campaña electoral de las generales de abril de 2019 y la de las autonómicas y municipales de mayo de ese año sobre un único argumento dominante: acusar a la estructura policial y política del PP de tener organizada en las "cloacas del Estado" una policía paralela, que él incluye dentro de la supuesta "policía patriótica", destinada a desacreditarle a él y a su partido.

Fue la victimización perfecta de una formación política y sobre todo de su líder, él. Ésa fue la cantinela con la que recorrió España y que expuso en todos los mítines de aquella campaña electoral. Y éste es su primer problema: que ahora se sabe que ha mentido. Que ha mentido a los españoles y que encima ha mentido al juez con la estúpida pretensión de colarle al magistrado esa monumental trola con la que ha estado manipulando a la opinión pública dos años exactos.

Bien es cierto que su ex asesora y actualmente directora de un periódico del partido morado, la señora Bousselham, no le ha ido a la zaga y ha intentado colarle al juez no menos de cuatro o cinco versiones distintas de un mismo hecho. Tal para cual, pero no parece que vayan a tener éxito en la tarea. Más tarde o más temprano acabaremos sabiendo por qué manos ha pasado esa tarjeta robada y quién exactamente la dañó hasta dejarla ilegible. Y sabremos también si el juez Manuel García Castellón decide archivar el caso o lo envía al Tribunal Supremo porque puede afectar penalmente a un aforado: el vicepresidente Iglesias.

De momento lo que se sabe es que desde enero de 2016, es decir, alrededor de dos meses después de la denuncia del robo del móvil por parte de su dueña, Pablo Iglesias tenía en su poder la tarjeta de memoria. Que se la guardó y no le dijo nada a su dueña y que así estuvo muchos meses, sin desvelarle a su ex asesora y miembro de Podemos que esa tarjeta, en la que había fotos comprometedoras de la propia señora Bousselham y de él mismo, no se ha acreditado todavía si juntos o separados, esa tarjeta la tenía él. Guardada y bien guardada pero callado como un muerto. Y que la tenía desde antes de que Villarejo o quien fuera de su entorno hubieran creado los archivos que luego le fueron incautados.

Sabemos Pablo Iglesias vio en enero de 2016 el contenido de esa tarjeta. Y se la guardó, no se la devolvió a su dueña más que muchos meses más tarde

Se la había entregado en mano el editor de Zeta, Antonio Asensio, en su propio despacho y le dejó completamente solo en él para que pudiera revisar su contenido después de advertirle que, dada la dimensión íntima de las fotos en él contenidas, la revista Interviú no iba a publicar nada.

¿Quién había hecho llegar a Interviú esa tarjeta del móvil robado a Dina Bouselham? No se sabe pero se acabará sabiendo. Seguramente alguien a quien importara especialmente lo que reflejaban esas fotos. De lo contrario, si se hubiera tratado de un simple ladrón, no cabe duda de que habría intentado vender esas imágenes a la revista. Un carterista no las habría "desperdiciado" así, habría intentado sacarles un dinero. Esta es una especulación, que quede claro, pero una especulación con mucho fundamento. Ese envío tuvo que correr necesariamente a cargo de alguien directamente afectado por su contenido.

Es decir, que sabemos Pablo Iglesias vio en enero de 2016 el contenido de esa tarjeta. Y que se la guardó, no se la devolvió a su dueña más que muchos meses más tarde y completamente dañada. Irrecuperable. Pero es evidente que en aquel momento esa tarjeta estaba en perfectas condiciones, tanto como para que el director de Interviú y el editor del grupo la vieran y decidieran llamarle para entregársela en mano y tranquilizarle sobre su no publicación. Y que él sí tuvo la oportunidad de comprobar lo que contenía.

Pero, con la teoría de la conspiración contra él por parte de las cloacas del Estado por bandera, no tuvo el menor inconveniente en hacerse una campaña electoral a la medida y tampoco en personarse en la pieza separada del caso Tándem en calidad de "perjudicado". Ahora que sabemos que su abogada, Marta Flor, pudo tener "relaciones íntimas" con uno de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, entendemos por qué la Fiscalía permitió que el único dirigente de Podemos que figura como "perjudicado" por el robo y publicación de esa tarjeta fuera el propio Pablo Iglesias a pesar de que eran varios los posibles perjudicados en el caso. Eso fue precisamente lo que le permitió centrar los focos sobre él, en calidad de víctima de las cloacas, durante toda la campaña electoral,

Porque ésa es la otra derivada del asunto y que afecta a la neutralidad a la que está obligado el ministerio fiscal porque las leyes de Enjuiciamiento Criminal y la Orgánica del Poder Judicial además del Estatuto del Ministerio Fiscal establecen como causa de abstención: la “amistad o enemistad manifiesta” con cualquiera de las partes de un procedimiento.

Y resulta que cada vez hay más indicios, incluidos sus propios correos electrónicos, de que la abogada de Iglesias y al mismo tiempo -hasta la semana pasada- de Dina Bousselham mantenía una "relación íntima" con uno de los dos fiscales Anticorrupción. Si eso fuera como parece, tanto el fiscal José Ignacio Stampa como la abogada Marta Flor tenían que haberse apartado del caso, cosa que ninguno de los dos ha hecho. Eso podría tener consecuencias para ambos. Consecuencias penales.

Ahora también se entiende mejor que la Fiscalía hubiera sugerido al juez que se preguntara a Bousselham que si perdonaba a quien hubiera podido apropiarse de su tarjeta de memoria, cosa que molestó mucho al juez Manuel García Castellón, que reprochó a los fiscales un "intento de exculpar" al señor Iglesias, cosa que ambos fiscales han negado vehementemente. Pero es que además están las filtraciones de una instrucción declarada secreta pero que llegó previamente a conocimiento de la abogada y del propio aparente "perjudicado", el hoy vicepresidente del Gobierno.

Y aquí entramos ya en terreno pantanoso. Por todo lo anterior, y además porque hay un recurso planteado por una periodista canaria para que la Fiscalía -que ya ha anunciado una nueva investigación sobre este punto- “averigüe la existencia de unos presuntos correos electrónicos entre la abogada Marta Flor y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón", en la que ella habría propuesto a éste nada menos que "negociar la no imputación de Iglesias a cambio de confesar públicamente que su relación con Stampa no era real sino una exageración". El recurso pide también que se deduzca testimonio de los principales dirigentes de Podemos sobre su conocimiento del grado de intimidad de la relación entre la abogada y el fiscal del caso.

Esto añade oscuridad y trascendencia, y también enorme gravedad, a un caso que probablemente no fuera en sus inicios más que un asunto de cuernos pero que ahora mismo está a punto de poner en cuestión no solamente la reputación del fiscal Stampa sino el propio prestigio de toda la Fiscalía Anticorrupción, lo cual supondría un daño institucional incalculable. Por no contar lo que supone que nada menos que un vicepresidente del Gobierno de España esté metido hasta el cuello en una historia de trampas, manipulaciones y mentiras descaradas al juez y a la ciudadanía. Y que se hayan orquestado diferentes movimientos para intentar evitar su posible imputación.

Lamentable asunto que empezó como un mero problema de posible cuernos y puede acabar arrasando el crédito de instituciones judiciales y también políticas. Termine como termine, parece que de aquí nadie va a salir indemne.