¿Y si Puigdemont decide venir a España?

Carles Puigdemont ha decidido montar un nuevo partido. No se ha roto la sesera a la hora de bautizarlo. Le ha puesto Junts, per Catalunya. No confundir con Junts per Catalunya. La coma, ya se sabe, tiene mucho valor y, en el caso del político huido, le sirve para evitar que sus ex compañeros le demanden por apropiarse de un nombre con el que ya se presentó a las elecciones de 2017. A eso, Artur Mas, que hasta el momento no ha dicho ni mu, lo llamaría astucia. Los políticos independentistas aspiran a derrotar al Estado no con las armas, ni con la ley, sino con astucia.

Puigdemont puede presentarse como candidato de su nuevo partido porque no tiene limitados sus derechos políticos. Podrá hacer mítines virtuales y no le van a faltar ofertas de los medios de comunicación catalanes y nacionales para hacer entrevistas y presentarse como el president legítimo, el hombre que representa la legitimidad de las urnas: las electorales y, sobre todo, las del 1-O.

"Puigdemont", asegura un magistrado del Supremo, "no tiene suspendido el derecho de sufragio pasivo. De hecho, se presentó a las elecciones catalanas en 2017 cuando ya se había fugado".

El ex 'president' no ha perdido sus derechos políticos. Y si es elegido diputado y aspira a la presidencia, el juez Llarena no le podría negar estar presente en la sesión de investidura

Si el ex president saliera elegido diputado podría tomar posesión de su escaño sin necesidad de presentarse físicamente en el Parlament. Ahora bien, si quiere ser elegido presidente de la Generalitat por la Cámara catalana tendría que hacerlo de forma presencial, como ya estableció una resolución del Tribunal Constitucional cuando intentó ser elegido a distancia tras los comicios de diciembre de 2017.

Pero, para acudir al Parlament, necesitaría de una autorización del juez instructor, Pablo Llarena, cosa que no se va a producir en ningún caso.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, para ser diputado del Parlament, Puigdemont debería renunciar a su acta de europarlamentario, con lo que perdería su valiosa inmunidad.

Sin embargo, Puigdemont tiene una baza valiosísima en su mano: volver a España. Si el líder independentista lograra, como es su sueño, vencer a ERC en las elecciones autonómicas que todo indica se celebrarán el próximo otoño, y los republicanos no tienen más remedio que apoyar su candidatura, el líder de JxC podría presentarse ante el Tribunal Supremo, aun a riesgo de que se le detuviera.

Una vez en prisión, y a la espera de juicio, el candidato a presidir la Generalitat pediría al juez Llarena permiso para acudir a la sesión de investidura. Y este no tendría más remedio que decirle que sí.

Si Puigdemont saliera elegido presidente de la Generalitat por mayoría absoluta entre los diputados electos del Parlament, ¿se atrevería el Gobierno español a meterle entre rejas?

Sería, por tanto, una jugada maestra, no exenta de riesgos, por supuesto. A Puigdemont no le gusta la cárcel, ya lo sabemos, pero, como ha podido comprobar, sus compañeros de andanzas ya están a punto de disfrutar del tercer grado. Así que, en la peor de las circunstancias, su reclusión no sería muy larga.

El juez ni siguiera podría recurrir al artículo 384 bis del Código Penal, que le permitió en su día inhabilitar a los procesados por un delito de rebelión. Como recuerda amargamente en ocasiones el fiscal Javier Zaragoza, la condena de la Sala Segunda a los líderes del procés a un delito de sedición y no de rebelión, como quería la Fiscalía, ha supuesto un varapalo con consecuencias evidentes.

Puigdemont, que naturalmente quiere engullir al PDeCat en su nuevo JxC, sobre todo para quedarse con sus activos, tanto económicos como de representación de cara a la campaña electoral, sabe que la debilidad más evidente de sus compañeros ex convergentes es que no tienen un líder digno de esa cualidad para competir. El independentismo sabe que el único cabeza de lista que podría ganar a ERC (que no puede presentar a Oriol Junqueras por estar inhabilitado) es él.

Su victoria, si es que se produce, supondría una derrota en toda regla para el Estado de Derecho, que tras haber aplicado el artículo 155 y haber juzgado a los líderes de la revuelta en el Tribunal Supremo, volvería a estar en la misma situación en la que se encontraba antes del 1-O.

Con una diferencia importante a favor de los independentistas. Que ahora el Gobierno necesita de ellos. Y que incluso el socio de Pedro Sánchez y vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, estaría encantado de que se produjera una situación que forzara al Ejecutivo a negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Por todo ello, algunos magistrados del Supremo no descartan que el ex president decida lanzar un último órdago a la legalidad presentándose en Madrid tras las elecciones catalanas. Sería un "Ja soc aquí" pero esta vez, a diferencia de Tarradellas, como una amenaza real de ruptura de la unidad de España.