El Gobierno es responsable de los ataques de Podemos a la Monarquía

Ya sabíamos que existía un acuerdo entre el PSOE y Podemos según el cual se respetará la libertad de voto de cada partido en aquellas iniciativas «que no afecten a los acuerdos explícitos alcanzados en el programa de Gobierno progresista, a la acción unitaria de Gobierno y a los presupuestos».

Lo que no sabíamos, y nos acabamos de enterar, es que en ese protocolo estaban incluidos los ataques a la institución monárquica y la estrategia de Podemos destinada a minar los cimientos de la Constitución, el verdadero objetivo tanto de la ultraizquierda como de los partidos independentistas con quienes los líderes de Podemos se suelen alinear cuando de torpedear el texto constitucional se trata.

Una vez enterados de que semejante asunto, de una trascendencia y una gravedad evidentes hasta para quien no quiere mirar, hay que decir que el Gobierno, concretamente su parte socialista, está cometiendo un error garrafal que tendrá pésimas consecuencias según pase el tiempo y de cuya coautoría no se podrá librar aunque lo intente.

Este no es un asunto menor sino todo lo contrario y, por lo tanto, no puede de ninguna manera entrar en el "capítulo libre" de las especificidades reivindicativas de los socios populistas de este Gobierno. Porque Pablo Iglesias y los suyos, con el aplauso y el regocijo de sus compañeros de viaje independentistas, no están lamentándose de las noticias que involucran a Juan Carlos I en unos supuestos manejos de dinero no declarado a la Hacienda española. No nos engañemos y, sobre todo, no permitamos que el Partido Socialista intente hacer como que se engaña a sí mismo.

Estamos ante un ataque, primero a la Monarquía; segundo, a la forma de Estado recogida en la Constitución y tercero, a la Constitución misma

No, de eso nada. Iglesias, Montero, Echenique, Asens, Elizo y tantos otros están celebrando por todo lo alto la oportunidad que les proporciona el viejo rey para montar una estrategia de largo alcance contra la Constitución española, como muy bien explicó su líder el miércoles pasado en los Cursos de El Escorial, porque ése es uno de los puntos esenciales de su proyecto político y porque es un asunto que siempre ha estado en su programa: acabar con el régimen del 78 y con la Constitución que lo alumbró.

En realidad a Iglesias le habían preguntado sobre la posibilidad de que se abra paso en España un proceso constituyente para revisar el modelo territorial del Estado y avanzar hacia uno federal o confederal. Y ahí es donde el líder de Podemos aprovechó para extender la reforma constitucional que él desea hasta la forma del Estado, es decir, hasta una república. Exactamente "una república plurinacional y solidaria".

En definitiva, desmontar España tal como la conocemos y desmontar también el modelo autonómico para refundar un ente plurinacional. Lo de solidario lo vamos a dejar aparte porque es un pegote de adorno sin especificar a qué clase se solidaridad plurinacional de ese engendro de lo que quedara de España se refería, pero lo que es evidente es que ése es el proyecto de todos los partidos independentistas -acabar con España- con los que siempre ha estado de acuerdo y a los que siempre ha apoyado tanto en sus reivindicaciones a más largo plazo como en sus exigencias más inmediatas.

Esa proximidad a los planteamientos independentistas ha sido, por cierto, uno de los motivos por los que el partido de Iglesias se ha hundido irremisiblemente en las elecciones gallegas y se ha dado un batacazo monumental en las vascas. Pero lo que aquí y ahora nos interesa no es el futuro político de Podemos sino la tolerancia con la que el Gobierno admite que desde el mismísimo Consejo de Ministros se defienda un ataque a la Constitución de ese calibre y se intente quitar hierro al asunto como si fuera la travesura de unos adolescentes gamberros.

No lo es, no es ninguna broma. Estamos ante la puesta en marcha de una estrategia muy pensada y que está además dirigida fundamentalmente a los jóvenes que, dice Iglesias, "no entienden el funcionamiento de algunas instituciones ni el hecho de que al Jefe del Estado no se le vote porque así se decidió de manera indirectísima hace más de 40 años". Los jóvenes, dijo Iglesias en esa respuesta, quieren algo "más moderno, más avanzado".

Dejando a un lado el método de brocha gorda de su razonamiento, aquí está, desnudo de toda sutileza, su propósito que no es otro que apoyarse en las nuevas generaciones "de veintantos, treinta y tantos y cuarenta y tantos años" para poner en discusión la forma del Estado consagrada en el artículo 1 de la Constitución aunque sea, dice ladino, a largo plazo y "respetando la legalidad".

Este planteamiento no se puede defender cuando se está ocupando una vicepresidencia del Gobierno de España. Y tampoco se puede excusar el ataque a la institución monárquica y a la Constitución con el argumento, expresado por la ministra portavoz, María Jesús Montero, de que una cosa es el cargo que ocupa en el Ejecutivo y otra sus opiniones personales en un curso universitario abierto al público. No, señora ministra, todo miembro del Gobierno, incluido el presidente, lo es las 24 horas del día, también cuando duerme y eso incluye el señor Iglesias y a sus otros cuatro colegas del partido morado.

Por lo tanto, estamos ante un ataque, primero a la Monarquía; segundo, a la forma de Estado recogida en la Constitución y tercero, a la Constitución misma. Ataque que se está articulando y poniendo en marcha desde el propio Gobierno de España mientra es tolerado, con miopía política evidente sometida a los intereses más inmediatos de supervivencia, por la parte socialista del Gobierno.

Es por lo tanto una responsabilidad de Pedro Sánchez y, de ahí para abajo, de todos y cada uno de sus ministros. Ésa no puede ser de ninguna manera una de esas licencias menores que se suponía que entraban dentro de lo que no se había pactado en el acuerdo de coalición. Otra cosa sería cometer una irresponsabilidad de la que tendrían que dar cuenta los socialistas llegado el momento.

Tengamos presente que Iglesias y los demás dirigentes de Podemos son ya muy conscientes de que su influencia política en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales y de que su peso como partido en el escenario nacional está disminuyendo de manera imparable. Pocas opciones le quedan para intentar recuperar posiciones ante el electorado y ésta de la enmienda a la Monarquía basada en los errores presuntamente cometidos por el viejo rey es una opción a la que no van a renunciar fácilmente porque puede encontrar una respuesta favorable en una buena porción de los jóvenes mal informados del insustituible papel que cumple la institución monárquica en la estabilidad social y política de España. Insistirán, pues, en los ataques.

Y no es que la Constitución no esté necesitada de reformas pero no precisamente de ésas que buscan los independentistas y los ultraizquierdistas de Podemos para cargársela

Ésta es una cuestión mayor, trascendental porque de lo que se trata es de poner en cuestión no la impecable e impagable gestión institucional de Juan Carlos I como Rey de España -cosa que ni Iglesias se atreve a discutir- sino su comportamiento privado. Y a partir de ahí, y bajo la falsa premisa de "la corrupción de la institución monárquica", así en general, poner en cuestión la propia permanencia de un Rey limpio de toda sombra tanto pública como privada, como es Felipe VI, para, a continuación, promover un referéndum sobre Monarquía o República, lo que conllevaría inexorablemente abrir en canal la Constitución para someterla a una profunda reforma de alcance y objetivos más que dudosos que la podrían llevar a su destrucción. Y no es que la Constitución no esté necesitada de reformas pero no precisamente de ésas que buscan los independentistas y los ultraizquierdistas de Podemos para cargársela.

El Gobierno no puede ponerse de perfil y quitar importancia a lo que no ha sido, de ninguna manera, un único comentario de un profesor de Ciencia Política sino que es y forma parte intrínseca de una estrategia del partido Podemos formulada desde hace años e implementada ahora desde el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, ellos dos especialmente, están obligados a pararle los pies a Iglesias y éste tiene que comprometerse a hacer lo propio con los suyos so pena de que el PSOE acabe estando involucrado ante la opinión pública en ese plan de desmantelamiento de la Constitución que alimenta desde siempre tanto a los morados como a los independentistas, enemigos declarados de la nación española.

No se podría imaginar un final más indigno para el Partido Socialista Obrero Español que contribuyó tan grandemente a elaborar el texto constitucional del 78, el más tolerante, el más moderno y el más inclusivo de toda nuestra Historia. Los socialistas no pueden, no deben, creer que se pueden quitar de encima este muy grave problema a base de mirar hacia otro lado. Porque los demás les estamos mirando a ellos.