Afortunadamente, vuelve a imperar la Justicia

Las cosas parece que regresan al ámbito de lo razonable y, sobre todo, de lo justo. Porque lo que estaba sucediendo con los dirigentes independentistas condenados en octubre pasado por el Tribunal Supremo clamaba al cielo.

Lo que ha hecho la Generalitat, es decir, los compañeros del grupo de los condenados en su intento de violar las leyes, derribar el orden constitucional y tratar de imponer por la vía de los hechos una república catalana independiente de España, es decir, de romper la unidad de la nación por el procedimiento de declararlo así sobre la base de un simulacro de referéndum de todo punto ilegal, lo que ha hecho la Generalitat, decía, es ignorar otra vez la ley y las sentencias judiciales y aplicar el principio profundamente antidemocrático del "aquí se hace lo que nosotros queramos".

Es decir, que se han saltado a la bartola el cumplimiento de una sentencia condenatoria de nada menos que el Tribunal Supremo con la intención de imponer su burla al orden constitucional y demostrar así que la legalidad española era para ellos papel mojado.

Si la Fiscalía no hubiera recurrido, como lo hizo, ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, la aplicación a Carmen Forcadell del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y el juez no hubiera decidido trasladar ese recurso ante el Supremo, este Tribunal no habría tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el caso y sobre los otros recursos que, gracias a este primer auto del Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona, que debe recibir el resto de recursos porque los demás presos estaban en cárceles de esa provincia, remitirá en su totalidad al Alto Tribunal.

Así es como funciona un verdadero Estado de Derecho, en contraposición a las tretas y triquiñuelas practicadas por la clase política independentista

Ahora el Supremo tomará una decisión sobre este procedimiento por el cual los nueve condenados están ahora mismo en la calle y van a dormir de momento a la prisión de lunes a jueves. Pero a partir del recurso de la Fiscalía, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Barcelona ha suspendido de forma inmediata la libertad efectiva de Junqueras, Sánchez, Cuixart, Romeva y Forn, además de la de Forcadell. La Fiscalía ha dejado la puerta abierta, además, a recurrir el tercer grado de los también condenados Rull, Turull y Bassa.

Así es como funciona un verdadero Estado de Derecho, en contraposición a las tretas y triquiñuelas practicadas por la clase política independentista que pensó que ningún juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña se atrevería a enfrentarse a su designio de sacar a los condenados a la calle aprovechando los resquicios del Reglamento Penitenciario, que era su propósito. Algo que ha podido conseguir pero, afortunadamente, sólo hasta este momento.

Lo que han pretendido desde la Generalitat y desde sus terminales ideológicas ha sido estafar a la Justicia de nuestro país, de modo que unos señores condenados a entre 13 y nueve años por sedición y malversación pasaran apenas unos meses en la cárcel y a continuación salieran en libertad por el procedimiento de aplicar fraudulentamente la legislación.

De esa manera, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a nueve de los 12 dirigentes sometidos a juicio se habría convertido en un escrito en el agua, no habría tenido el menor efecto. Se habrían burlado, los condenados y sus partidarios, de la ley, a la que habrían sometido a un escarnio público inadmisible. Y eso, además de resultar insoportable para cualquier demócrata, habría resultado letal para nuestro Estado de Derecho.

No podía tolerarse un engaño de ese calibre. Era imprescindible que la sentencia condenatoria se cumpliera en los términos que marcan las leyes. No se trata de ninguna clase de venganza contra los presos, como clama el presidente de la Generalitat Quim Torra, en una interpretación, digamos "silvestre", de lo que es y lo que supone la administración de Justicia.

Se trata sencillamente de respetar el ámbito de actuación de la Justicia como se hace en cualquier país civilizado. Se trata de que en ese mundo de democracias asentadas, al que España pertenece por derecho propio, las sentencias de los tribunales se cumplen y las reducciones de condena se obtienen después de haber cumplido rigurosamente los pasos y los procedimientos establecidos por la ley.

El espectáculo de estos líderes independentistas libres por la calle saltándose por la vía de los hechos la prisión a la que fueron condenados en sentencia firme no es algo que una democracia como la española hubiera podido digerir sin que los cimientos del Estado se debilitaran de manera irrecuperable hasta convertir a España en un estado fallido. Esto no es ninguna exageración. Un país en el que las sentencias de su más alto tribunal no se cumplen porque directamente se ignoran por el poder político, no es un país serio, no lo es ni lo será nunca.

Por eso era imprescindible que ese auténtico pitorreo de las autoridades de la Generalitat frente al Poder Judicial fuera respondido con la contundencia de la ley y del deber de los tribunales de cumplirla y hacerla cumplir.

De lo que hablamos es de no permitir que se dinamiten los cimientos del Estado de Derecho que sigue siendo, a pesar de muchos, España

Puede que esta rectificación tan necesaria de lo que era una situación sangrante y ofensiva para el sistema democrático español no le venga bien al Gobierno y a su propósito de intentar obtener el voto favorable de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.

Pero ya resultaba muy dudoso que ese partido, entregado ahora mismo en una batalla a sangre y fuego con JxCat y su líder Puigdemont, estuviera dispuesto a entrar por la vía del pacto con el Gobierno cuando lo que se está jugando es la primogenitura del independentismo en las próximas elecciones catalanas.

De hecho, no hay nada a día de hoy que permita pensar en esa deseada por Pedro Sánchez disposición al pacto de los de Esquerra. Pero es que, además, el problema del Gobierno está en empeñarse en sacar adelante las cuentas del Estado, y encima en las terribles condiciones que padece ahora mismo el país, con los socios equivocados. No busquen a los independentistas para eso. Busquen mejor a Ciudadanos y al PP, que España y la Comisión Europea se lo agradecerán.

Pero en este asunto de la libertad de los condenados por el Supremo estamos hablando de otra cosa de mucha mayor trascendencia para el país que la selección de un interlocutor para una negociación, por decisiva que ésta sea.

De lo que hablamos es de no permitir que se dinamiten por la voluntad de los secesionistas los cimientos del Estado de Derecho que sigue siendo, a pesar de todos ellos, España.