La gran cuestión: ¿Converger, divergir y a qué precio?

España disfruta, aún con imperfecciones, de una verdadera democracia —liberal, por supuesto– y en tanto que sociedad abierta —según Karl Popper— su destino histórico está –tautológicamente— en nuestras  manos, como bien señalaba Julián Marías en los albores de la Transición.

Encuadrados en este escenario institucional tienen lugar las actuaciones de los gobiernos que eligen los ciudadanos cuya rendición de cuentas debería ser juzgada en tres frentes principales:

• La preservación de las libertades y la calidad institucional.

• La prestación de eficientes servicios públicos.

• La prosperidad económica de la nación.

Dejando para otra ocasión el juicio crítico de los dos primeros frentes, en lo que sigue se analiza el tercero desde una triple perspectiva:

• La convergencia o divergencia con la renta per cápita media de los países de la Unión Europea a lo largo del tiempo.
• La deuda pública contraída, cuya cuantía puede ser o no una rémora para el crecimiento futuro de la economía.
• El nivel de desempleo, que pone de relieve tanto el grado de utilización de la fuerza laboral como su coste como peso muerto.

Con datos del Banco Mundial se observan cuatro valoraciones distintas del PIB: valores corrientes que incluyen la inflación, valores constantes que la eliminan, valores asociados al poder de compra y el 'método Atlas' usado para comparaciones internacionales. Los especialistas consultados recomiendan como mejor valoración la de 'precios constantes', que está coloreada en azul.

Las conclusiones son muy palpables:

• La Transición fue un tiempo de importante decadencia relativa con Europa; los famosos pactos de La Moncloa de tanto prestigio político-sindical tuvieron un coste económico muy elevado.
• Los gobiernos de Felipe González impulsaron inicialmente la recuperación de la convergencia con la UE para volver a decaer con un saldo final positivo.
• Los gobiernos de Aznar consiguieron recuperar el mejor nivel de convergencia sin altibajos; el mejor comportamiento desde 1975.
• Con los Gobiernos de Zapatero todo fue divergencia, hasta constituir el peor periodo de la historia contemporánea de España.
• Con Rajoy continuó inicialmente la divergencia anterior pero enseguida se produjo un periodo de recuperación interrumpido por el COVID.

Esta visión de nuestra historia económica reciente permitirá juzgar también al gobierno de Sánchez pues el COVID como pandemia ha sido igual para todos los países. Ya veremos dentro de unos años como unos países serán ganadores relativos y otros perdedores. ¿Dónde estará España los próximos años? Las previsiones, incluidas  las ayudas de la UE, no son precisamente optimistas.

La deuda pública española sobre el PIB –ahora del 95,3%- sólo superada por Grecia, Italia, Portugal y Bélgica, aumentó un 140% en el periodo 2008-2019, frente a una media de la UE del 29,4%. En dicho periodo países "frugales" como Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca la disminuyeron.

En cuanto al mercado laboral la situación no puede ser mas deprimente. En España, según el Ministerio de Hacienda, hay más personas que viven del Presupuesto del Estado que contribuyentes. Si se excluyen a los desempleados poco más del 40% de la población activa real –población activa menos desempleo— sufraga al 60% restante.

Mientras que en los 22 países mas ricos del mundo la población activa real supera el 50%, con casos como Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, Australia y Canadá, que superan el 60%, España junto con Italia ocupan los últimos lugares con un 43%.

Es evidente que no es lo mismo que poco mas del 40% de la población activa tenga que financiar el casi 60% restante que lo contrario.

Solo una reforma competitiva de nuestro mercado de trabajo puede impulsar la convergencia con nuestros vecinos europeos"

Si nuestro nivel de empleo alcanzara el de los países de referencia se "matarían dos pájaros de un tiro": un enorme ahorro de gasto público en desempleo y mayores ingresos fiscales procedentes de una mayor tasa de empleo: hasta un 50% si llegáramos a imitar las mejores prácticas. Las consecuencias presupuestarias no podrían ser más positivas y las subidas de impuestos con que amenaza el Gobierno perderían todo su sentido, si es que tienen alguno.

En un artículo anterior se ponía como ejemplo Holanda, un país libre de las taras corporativistas procedentes de la Italia fascista adoptadas por la España franquista y continuadas –incluso empeoradas después– con los tristes resultados actuales. En Holanda la situación laboral es justamente la opuesta a España y sus instituciones son perfectamente aplicables a España, incluida la carga de la deuda pública que resulta consecuente con la regulación del mercado de trabajo.

Sin más población activa real España está condenada a divergir con la UE. Solo una reforma seria y competitiva de nuestro mercado de trabajo puede impulsar de nuevo la convergencia con nuestros vecinos europeos. De momento todas las medidas  y anuncios al respecto del actual gobierno van en la dirección contraria.