Los presidentes autonómicos se equivocan cuando pretenden que los fondos europeos recién aprobados se distribuyan en función de unos criterios, los suyos, que nada tienen que ver con los que han justificado su autorización, unos criterios que lo que buscan es que los países receptores den respuesta a los retos planteados por Europa en clave de transición ecológica y digital y de refuerzo sanitario.
Serán esos los proyectos que deberán presentarse en Bruselas y será su fiabilidad y su capacidad de producir los efectos buscados de recuperación de la actividad económica en esos sectores que puedan hacer de punta de lanza del restablecimiento económico de nuestro país los que se hagan merecedores de recibir esos fondos. Se trata de ver cómo se refuerza el sistema sanitario, se apoya el tejido productivo y se crean empleos. Para eso, y para ninguna otra cosa, están destinados los fondos de ayuda de la UE.
Por lo tanto, lo que deberían hacer los dirigentes autonómicos es esforzarse por presentar proyectos que sean de interés para su comunidad y para España en su conjunto en opinión de la Comisión Europea de una manera especialísima. Y no tiene sentido que se plantee la distribución de ese dinero como si se tratara de unas cantidades a fondo perdido repartidas por cada comunidad autónoma en función de datos como la población, la dispersión, el envejecimiento o el impacto que haya podido producir en cada una de ellas la pandemia del Covid.
Ese planteamiento formulado implícitamente por varios de los asistentes a la reunión de San Millán de la Cogolla lo que pone de manifiesto es que aquí parece que no se ha entendido nada de lo que se ha discutido en Bruselas porque lo que parece pretender cada uno de ellos es que la Unión Europea acuda a paliar sus necesidades y sus déficit de una manera directa, sin más criterio que los daños padecidos y las características específicas de cada comunidad que la hagan acreedora de una ayuda merecida.
Y, desde ese punto de vista, no se fían de que el presidente del Gobierno reparta equitativamente los fondos de ayuda. Pero es que no es ése, sino el formulado más arriba, el planteamiento que se ha hecho en la UE a la hora de librar tantos miles de millones de euros a Italia y España, los países más afectados por la pandemia.
Aunque podrían tener razón los presidentes autonómicos en el temor, expresado por varios de ellos con claridad meridiana, de que el presidente del Gobierno pueda cometer a su vez la monumental equivocación de utilizar ese dinero para primar a unos territorios sobre otros en función de sus intereses políticos particulares o para comprar los apoyos de los partidos políticos reticentes a poner sus votos a favor de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Sánchez sabe muy bien que ese dinero ni es gratis ni se le va a transferir a España sin un control exhaustivo
Si eso sucediera como los dirigentes de las autonomías dicen temer- sean del PP o del PSOE, que en esa desconfianza coincidían los de ambos partidos-, demostraría que tampoco Pedro Sánchez habría entendido una sola palabra del propósito de esas ayudas, lo cual es poco probable habida cuenta de que él ha asistido en carne mortal a las agotadores negociaciones con los representantes de los países que de ninguna manera querían suministrar ayudas a fondo perdido porque tampoco se fiaban del destino que los países receptores pudieran acabar dando de ese dinero.
Pedro Sánchez tendrá muchos defectos pero el de tonto de remate no figura entre ellos. Él sabe muy bien que ese dinero ni es gratis ni se le va a transferir a España sin un control exhaustivo, de modo que es dudoso que se le ocurra el disparate de untar a una comunidad en perjuicio de otra por criterios de exclusiva conveniencia política. Y no digamos nada de subvencionar a los socios más reticentes a votarle las cuentas del Estado para tratar de ganarse el sí llegado el momento de su aprobación.
Entre otras cosas porque en caso de que cometiera semejante irresponsabilidad, sencillamente se quedaría sin esos fondos. Los países mas reticentes a aceptar la fórmula finalmente aprobada tendrían argumentos de sobra para paralizar las ayudas destinadas a España si existiera el menor indicio de que el dinero se utilizaba de forma torticera.
A Europa no se la engaña con triquiñuelas ni con proyectos fantasma cuyo propósito es encubrir otro tipo de acuerdos
No sería posible en este caso salir ganador del timo de la estampita a escala europea: a Europa no se la engaña con triquiñuelas ni con proyectos fantasma cuyo propósito es encubrir otro tipo de acuerdos más, digamos, "políticos". En una palabra, una cosa como el fraude de los ERE no se le podría a colar a nuestros socios europeos. De ninguna manera. Y tampoco una cosa que estuviera más elaborada de lo que lo estuvo la estafa andaluza pero igualmente alejada del destino de esas ayudas.
Es mucho dinero -aunque no tanto como las cantidades que se manejan generalmente- el que España va a recibir y lo va a recibir a cambio de proyectos serios, prometedores, acreditados y con perspectivas reales de éxito. Proyectos que van a ser estudiados pormenorizadamente y muy a fondo. De modo que chapuzas, trampas o parches distribuidos para tapar agujeros sin ton ni son quedan radicalmente fuera de lo que Europa está dispuesta a entregar a España.
Dinero a cambio de proyectos y compromisos fiables. Eso es todo. Pero, insisto, no tanto dinero como los 140.000 millones que aparentemente suman los dos conceptos, préstamos y transferencias, por los que nos va a llegar la ayuda europea en los próximos seis años.
Empecemos a descontar. España, en virtud de los acuerdos alcanzados, tiene que aportar al presupuesto comunitario 6.000 millones más cada año. Eso suman 36.000 millones que hay que detraer de los 140.000 millones.
Pero es que además se han recortado los presupuestos comunitarios de la Política Agrícola Común, la famosa PAC, cuya reducción tiene en pie de guerra a nuestros agricultores; también los de Innovación y los relativos a los Fondos Estructurales. Todo eso supone que España va a dejar de percibir por esos conceptos la cantidad total de 20.000 millones en los mismos seis años.
20.000+36.000 suman 56.000 millones. Ésa es la cantidad que, si no queremos hacernos trampas a nosotros mismos, debemos restar de los tan traídos y llevados 140.000 millones. Quedan netos 84.000. Eso es lo que España va a recibir de Europa. Siempre que acredite merecerlo, eso sí.
Ahora lo que queda es trabajar para presentar propuestas sólidas e interesantes para las necesidades reales del país. Todo lo demás no es que sea criticable o inaceptable, es que es imposible.
Los presidentes autonómicos se equivocan cuando pretenden que los fondos europeos recién aprobados se distribuyan en función de unos criterios, los suyos, que nada tienen que ver con los que han justificado su autorización, unos criterios que lo que buscan es que los países receptores den respuesta a los retos planteados por Europa en clave de transición ecológica y digital y de refuerzo sanitario.
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