El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
La decisión del rey emérito de marcharse fuera de España, comunicada ayer en un comunicado de la Casa de SM el Rey, no altera para nada el posible recorrido jurídico de la investigación que podría llevar al anterior Jefe del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
"Si, llegado el caso, hubiera que llamarle a declarar, se haría esté donde esté", señala una fuente del Alto Tribunal.
La cuestión es determinar si es la Fiscalía del Supremo o la Audiencia Nacional la que tendría la capacidad para elevar el caso a la Sala Segunda. Lo que ha sucedido en los últimos días aclara las cosas. en especial la decisión del juez Manuel García Castellón de reabrir la llamada pieza Carol.
La investigación de los posibles delitos de don Juan Carlos se produce en un clima político particularmente complicado. De hecho, el mismo día en que don Juan Carlos ha tomado la decisión de comunicar su marcha, IU y el PCE han presentado un escrito ante el Supremo para que reconsidere su decisión y abra una causa contra el rey emérito por nada menos que trece presuntos delitos. Los partidos republicanos y los independentistas (Omnium ya hizo lo propio ante la Sala Segunda) creen estar ante una oportunidad histórica para forzar un cambio de modelo de Estado. Pero no por la vía legal de modificar la Constitución, sino por la vía de los hechos: desprestigiar a la institución hasta hacerla insostenible.
Cuando IU presentó su querella en 2018 ante el Supremo estaba en la oposición. Pero ahora, su líder, Alberto Garzón, es miembro del gobierno. Por lo que la iniciativa de solicitar el cambio de criterio del Supremo ha recibido el visto bueno de, al menos, un ministro.
Por el momento, Podemos (ahora es muy difícil discernir qué es IU y qué es Podemos, ya que actúan casi como un sólo partido en la coalición UP), no se ha dirigido al Alto Tribunal, pero parece obvio que también Pablo Iglesias ha dado su níhil óbstat a la iniciativa de su partido hermano.
UP, la coalición, ya solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso para tratar sobre los casos de corrupción en los que presuntamente estaría implicado don Juan Carlos de Borbón. La propuesta no salió adelante porque el PSOE unió sus votos a los de PP, Vox y Ciudadanos, lo que provocó el consiguiente enfado de su socio de gobierno.
En ese contexto, el de la bronca entre el PSOE y UP a cuenta de la comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito, es en el que la Abogada General del Estado decidió el pasado 5 de junio que la Fiscalía del Supremo investigara al padre del rey por su presunta relación con el cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca.
El PSOE, da así una de cal y una de arena: se negó a crear una comisión de investigación, pero, al mismo tiempo, animó a la Fiscalía del Supremo a asumir una investigación que, hasta entonces, estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Es una jugada para reducir la tensión con UP, pero que, al mismo tiempo, creó la falsa sensación de que el asunto estaba ya en el umbral de la Sala Segunda del Supremo. Al ser aforado, el rey emérito sólo podría ser juzgado por dicha Sala.
Si el fiscal del Supremo encuentra hechos novedosos que afecten a don Juan Carlos, debe remitirlos a la Audiencia Nacional, que, en su caso, elevaría una exposición razonada a la Sala Segunda
Las famosas cintas de Corinna Larsen, grabaciones que se produjeron en un hotel de Londres sobre una conversación entre el ex comisario José Manuel Villarejo, la propia ex amante del rey emérito y el empresario Juan Villalonga (el intermediario entre la empresaria y el todavía funcionario), ya provocaron la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, pero el sumario fue archivado en septiembre de 2018 por el juez Diego de Egea ante la debilidad de las pruebas que podían incriminar a don Juan Carlos. Una parte de ese sumario, el de las comisiones del AVE que no involucraba directamente al monarca, fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el fiscal suizo Ives Bertossa investiga una causa en Ginebra por dos presuntos delitos (fiscal y de blanqueo) por la transferencia de 65 millones de euros desde la cuenta de Locum Foundation en el banco suizo Mirabaud -que pertenecía al rey emérito- a una cuenta al banco Gonet & Cía de las Bahamas, que tiene como beneficiaria a Corinna Larsen.
El Fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó a Bertossa información y documentación sobre sus pesquisas, ya que tenían una conexión evidente con la causa de las comisiones del AVE a la Meca que le había sido remitida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. La filtración de los papeles fue inmediata y durante el mes de junio tuvimos noticia casi a diario las andanzas del anterior monarca.
Bertossa se ha convertido para la izquierda española en una especie de héroe por levantar las alfombras de una monarquía corrupta. Es curioso que los que piropean a la estricta justicia helvética no recuerden que es la misma que dio cobijo a dos huidas de la justicia española: Anna Gabriel y Marta Rovira, incursas en la misma causa por la que el Tribunal Supremo condenó por delitos de sedición y malversación de fondos públicos a los líderes del procés.
La decisión del anterior Jefe del Estado de abandonar España no altera para nada el recorrido jurídico de su posible imputación por el Tribunal Supremo
Pero, aún con todo, esa justicia tan justiciera no ha imputado -ni puede hacerlo- al rey emérito. Y en España aún no hay ningún procedimiento abierto contra él. Aunque a algunos no les guste, por muy mal que nos puedan parecer sus correrías, no se puede privar a don Juan Carlos de la presunción de inocencia.
Pero, cuando la atención de la opinión pública estaba puesta en el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, comisionado por Dolores Delgado para investigar la posible participación del rey emérito en las comisiones del AVE, el juez Manuel García Castellón -que sustituyó a Diego de Egea al frente del Central número 6 de la Audiencia Nacional- decidió el pasado 27 de julio reabrir el llamado caso Carol al estimar que unas grabaciones aportadas por Asuntos Internos de la Policía contienen "indicios suficientes de delito". Y por ello ha llamado a declarar el próximo 8 de septiembre a Villarejo y la mismísima Corinna Larsen.
La razón por la que el juez de la Audiencia Nacional reabre la causa parece una nimiedad (la posible contratación ilegal, al tratarse de un funcionario, de Villarejo para hacerle un trabajo privado a Corinna: descubrir si una de sus asistentes filtraba noticias a la prensa). Parece una excusa. Pero la reapertura del caso Carol, dormido en un cajón desde hace dos años, le permite a García Castellón centralizar todo lo relativo a la investigación sobre el rey emérito.
Si la Fiscalía del Supremo encontrara datos nuevos aportados por el fiscal Bertossa, que supongan novedades sobre lo ya investigado en su día, no tendría más remedio que solicitar al juez de la Audiencia Nacional que elevara una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo solicitando la apertura de una causa en la que podría estar incurso don Juan Carlos de Borbón.
La Fiscalía no puede -esa es la opinión de la Sala Segunda- solicitar directamente al Supremo que actúe contra el rey emérito, sino que tiene que que pasar forzosamente por el juzgado que investiga la causa en la que podrían encontrarse indicios delictivos contra el monarca. En este caso, el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
García Castellón tiene ahora en sus manos una decisión histórica, que podría dar alas a los que quieren derribar a la monarquía por la puerta de atrás. La justifica, como ha recordado el propio presidente del Gobierno, debe ser igual para todos.
La decisión del rey emérito de marcharse fuera de España, comunicada ayer en un comunicado de la Casa de SM el Rey, no altera para nada el posible recorrido jurídico de la investigación que podría llevar al anterior Jefe del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.