La ministra de Educación ha incumplido sus obligaciones

Como era de esperar o de temer, la reunión de este jueves de la ministra Isabel Celaá y sus otros dos compañeros de gabinete con los consejeros de las comunidades autónomas no ha servido nada más que para establecer aproximadamente las mismas medidas que ya se propusieron por el ministerio de Sanidad el 22 de junio pasado cuando se levantó el estado de alarma en toda España con un par de añadidos: el uso de mascarillas para los niños de más de seis años y el empeño en que las clases sean presenciales. Todo lo demás son las recomendaciones básicas que entonces se recibieron por parte del ministerio de Salvador Illa.

Pero lo que se le pedía al Gobierno, que coordinara un plan de actuación conjunto y homogéneo para que todos los escolares del país tuvieran un protocolo común al que atenerse, eso no se ha producido en absoluto. Lo que sucedió ayer fue un intento más de la ministra de Educación de cubrir el expediente, pero sin éxito.

Si la ministra Celáa dice que han estado trabajando mucho en estos dos meses últimos para llegar a un plan acordado hay que decir que no le ha lucido ese supuesto esfuerzo porque el documento pactado es básicamente el mismo que que ya conocimos en el mes de junio.

En materia educativa el mensaje final es idéntico al transmitido por Pedro Sánchez: que cada cual se saque sus propias castañas del fuego y resuelva el caos como mejor sepa . Y eso es lo que van a hacer los gobiernos autonómicos

Pero falta todo lo demás: falta que la ministra haya llegado con una propuesta concreta para fijar en toda España el número máximo de alumnos que pueden sentarse en un aula; falta que se establezca un método más menos similar en todo el país para abordar los múltiples problemas que sin duda se van a plantear más pronto que tarde en muchos centro escolares, problemas e incidencias que serán similares en todos ellos pero por lo que parece van a ser abordados libremente en cada comunidad; falta un programa común para hacer test PCR en los centros; faltan unas líneas homogéneas para dar respuesta concreta a unos padres que van a ver cómo su hijo, tenga o no tenga el virus, es mandado a su casa porque se ha detectado algún caso positivo entre el profesorado o en alguno de sus compañeros; falta la decisión de poner o no poner un especialista sanitario en cada centro escolar; falta una respuesta ante el eventual cierre de un colegio o de todo un grupo de clases en lo que se refiere a la educación por internet.

Faltan por lo tanto, muchas cosas. Demasiadas. Y sin embargo sobra, o sobraba, la pretensión de obligar a los colegios a mantenerse abiertos a menos que se produjera en su interior un contagio masivo. Los consejeros autonómicos se han opuesto a eso porque son muy conscientes de que, pese a la necesidad de que los escolares españoles vuelvan a acudir a clase, lo que hay entre los padres y seguramente también entre los profesores es auténtico pavor.

En esas condiciones de miedo generalizado de padres y profesores sería absurdo pretender que un centro escolar se mantuviera abierto si se detecta un número de contagios lo bastante alto como para generar el pánico en los padres que, inmediatamente, dejarían de enviar a sus hijos al colegio, de modo que mantenerlo operativo no conduciría a nada. No sería posible ni es tampoco razonable el mantener los colegios en funcionamiento a toda costa como el Gobierno pretendía.

La conclusión a la que se llega es que la reunión de ayer, que la ministra Celaá vendía como un éxito porque se habían aprobado "por unanimidad" lo cuatro folios de mínimos -quién podría haberse opuesto a lo más elemental de las medidas básicas-, fue un fiasco porque lo que los consejeros de Educación esperaban del Gobierno, que coordinara un plan de acción conjunta preciso y detallado para todas las comunidades, sencillamente no se produjo. En ese sentido, la ministra de Educación no ha cumplido con sus obligaciones.

Al hilo de lo establecido por el presidente del Gobierno en materia de lucha contra la pandemia, en materia educativa el mensaje final es idéntico al transmitido por Pedro Sánchez: que cada cual se saque sus propias castañas del fuego y resuelva el caos como mejor sepa . Y eso es lo que van a hacer los gobiernos autonómicos.

Pero entonces, hay que volver a preguntar: ¿para qué pagamos con nuestros impuestos los sueldos de la ministra de Educación y de sus colaboradores?