El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
La declaración de José Manuel Calvente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón parece ofrecer una base sólida para que el magistrado pueda decidir finalmente si eleva al Tribunal Supremo el caso del líder de Podemos por un presunto delito de fraude procesal y especialmente otro denuncia falsa.
Lo que ha desgranado en su calidad de testigo el antiguo coordinador del departamento jurídico de Podemos es un relato al que, visto desde fuera de la sala, no se le aprecian agujeros negros ni contradicciones. Él ha explicado en sede judicial que Pablo Iglesias y el núcleo dirigente del partido morado sabían desde 2016 que el "robo" del móvil de Dina Bousselham no estaba relacionado ni remotamente con una supuesta operación policial a cargo de las cloacas del Estado para perjudicar las perspectivas electorales de Podemos.
Calvente ha contado al juez que, a pesar de eso, cuando la Unidad de Asuntos Internos encargada del caso Villarejo comunica a Bousselham que había localizado el contenido de la tarjeta de su teléfono en los registros de la casa del ex comisario, se montó en Podemos una especie de gabinete de crisis en el que participaron Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo, que vieron en ese hallazgo la oportunidad de oro para montar la campaña electoral de las elecciones de abril sobre la base de presentar al partido como perseguido bajo cuerda por las cloacas del Estado. Pero, eso sí, concentrando el supuesto daño en la persona de Iglesias y no del resto de dirigentes afectados ni tampoco el partido como tal. No, el foco de la denuncia que ellos sabían bien que era falsa, se centraría sobre Iglesias y sólo sobre Iglesias para elevarle a la condición de víctima perseguida por el "Estado corrupto".
Calvente ha sido contundente y no ha dejado hueco para la duda o la contradicción: "Mintió sabiéndolo" ha afirmado en relación a Pablo Iglesias. Por eso insiste en que estamos ante un montaje, una "patraña" en sus propias palabras.
El abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, ha afirmado ante el juez del caso Villarejo que la cúpula del […]Independientemente de lo que decida García Castellón en relación con el destino judicial de Pablo Iglesias, el relato -que será difícil de probar porque no hay otros testigos de esa reunión salvo los propios participantes- da una idea de hasta qué punto los miembros de este partido no atienden a otras razones que no sean aquellas de las que se derivan beneficios directos para sus intereses y están dispuestos a mentir a los electores y a tratar de manipular incluso a un juez de la Audiencia Nacional.
Y, a tenor de lo explicado por el propio Calvente, que estuvo varios minutos intentando reponerse del llanto que había interrumpido su declaración, el acoso y las amenazas a que han sido sometidos él y su familia -en definitiva, siniestras coacciones para que no se atreviera a declarar, como ha hecho ayer- son propias de una cultura mafiosa de la peor especie. Hasta el punto de que el juez ha decidido deducir testimonio y pedir a la Fiscalía que investigue estos hechos.
Sólo es necesario recordar que, dentro del estilo calabrés demostrado este partido, ya habían intentado los dirigentes de Podemos sacar de la vida pública al señor Calvente por el procedimiento sumarísimo de que otra abogada de esa formación interpusiera una denuncia contra él por un presunto delito de acoso sexual. Nada menos. El caso fue archivado recientemente por falta absoluta de pruebas y "ante la falta de evidencia de favor sexual alguna”, ni de “ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado”, dice la juez.
El acoso y las amenazas a que han sido sometidos Calvente y su familia son propias de una cultura mafiosa de la peor especie
En estas condiciones, la situación de Podemos se vuelve cada día más frágil y más peligrosa porque hay que recordar que el juzgado de Instrucción nº42 de Madrid está investigando también presuntos delitos de financiación irregular a raíz de una denuncia planteada por el propio Calvente y tras recibir un atestado de la Guardia Civil, aunque la Fiscalía ya ha pedido al juez que no se investigue más que una sola de esas presuntas irregularidades.
Precisamente la que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que puede suponer un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil en la contabilidad del partido morado para las elecciones del 28 de abril de 2019, por lo que ha pedido que se investiguen los pagos a la consultora Neurona por la vía penal. Pero la petición del fiscal al titular del juzgado nº 42 de Madrid no tiene por qué condicionar la decisión del magistrado.
Pero eso afecta muy directamente a la situación de Podemos como socio del Gobierno de Pedro Sánchez. Por todo lo sabido hasta ahora no es de recibo que el PSOE haya votado junto al partido morado contra la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las finanzas de Podemos. "No hay caso," dijo tajante el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, en su rueda de prensa del miércoles. "No vamos a contribuir a la estrategia del ventilador que quieren practicar algunos partidos [...] "aquí el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal ha sido el PP". "No todos somos iguales", remató Simancas.
No sabemos cuánto tiempo le va a durar esta estrategia al PSOE pero si alguno de los casos que están en ese momento siendo investigados por los tribunales desemboca en una condena a Podemos o a sus dirigentes, o si García-Castellón eleva al Tribunal Supremo el caso de Pablo Iglesias por presunto delito de denuncia falsa, el señor Simancas no podrá volver a declarar con tanto desparpajo como poca vergüenza que aquí "no hay caso" y que los corruptos son otros.
Su determinación de sobrevivir en el poder puede que no sea capaz de resistir la fuerza de una sentencia condenatoria contra Podemos
Después de lo que hemos visto, después de su negativa a la comisión de investigación sobre las finanzas de Podemos y, al contrario, su voto favorable para la apertura de una comisión igual pero sobre las graves irregularidades cometidas por el PP en la llamada Operación Kitchen, el crédito político del Partido Socialista queda dramáticamente mermado. Ese comportamiento evidencia una determinación inadmisible de encubrir airadamente los delitos propios y al mismo tiempo airear al máximo los de los demás. Exactamente lo que ellos reprochan al PP.
La determinación de Sánchez de sobrevivir en el poder puede que no sea capaz de resistir la fuerza de una sentencia condenatoria contra Podemos, un partido que ya llevaba de antemano muchos rotos en su casaca: su apuesta por la República y contra la Monarquía constitucional, su afán de pactos con el independentismo, su proximidad con el partido proetarra, sus fracasos legislativos y su afán por la propaganda incluso contra el propio Gobierno... Y esa debilidad institucional y política es de una importancia capital ahora mismo porque el presidente Sánchez está haciendo equilibrios sobre un alambre en busca en todas las direcciones de votos favorables para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Independientemente de que a estas alturas se desconoce absolutamente el contenido y la orientación del proyecto presupuestario del Gobierno, la delicada situación judicial de Podemos y una posible condena de sus dirigentes provocaría que en un determinado momento Pedro Sánchez tenga que hacer honor -por una vez- a su reiterado compromiso de honestidad y transparencia y se vea en la necesidad contra su voluntad, digamos mejor en la obligación, de prescindir de su socio Pablo Iglesias. Otra cosa desataría un escándalo de enormes dimensiones que sólo contribuiría a perjudicar sus opciones electorales.
Si se diera ese caso, y no es nada imposible que se dé, el futuro del Partido en el Gobierno estaría en el alero.
La declaración de José Manuel Calvente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón parece ofrecer una base sólida para que el magistrado pueda decidir finalmente si eleva al Tribunal Supremo el caso del líder de Podemos por un presunto delito de fraude procesal y especialmente otro denuncia falsa.