Sánchez vuelve a resucitar a Franco

El próximo martes el Consejo de Ministros debatirá la nueva ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la aprobada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según se ha filtrado desde el ministerio de Presidencia, que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo, el texto prevé, entre otras cosas, declarar ilegítimos los tribunales formados durante la guerra civil y nulas sus resoluciones. Asímismo, se declaran ilegítimos el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Orden Público y los Consejo de Guerra creados por motivos ideológicos, de conciencia o creencia religiosa.

La nueva norma también incluye la creación de una Fiscalía especial para investigar los hechos producidos durante la guerra civil y la dictadura de Franco.

El texto se cuida mucho de que esta revisión suponga una carga onerosa para el erario público, ya que las anulaciones de resoluciones judiciales que se dictaminen con arreglo a la nueva ley supondrán declaraciones de reconocimiento y reparación personal, pero, en ningún caso, producirán efectos que supongan responsabilidad patrimonial por parte del Estado ni ningún tipo de indemnización.

Estamos, pues, ante una norma de reparación moral de daños que se produjeron entre 1936 y 1975, fecha de la muerte del dictador. Entre esa fecha y la aprobación de la Constitución (1978) hay un periodo un tanto confuso ya que, de facto, la dictadura dejó de existir en 1977, año en que se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas.

La primera cuestión que suscita esta iniciativa es su oportunidad en el tiempo. Es decir, si ahora, con una crisis sanitaria sin precedentes y una recesión económica que superará en la pérdida de riqueza a la crisis financiera de 2008, y con un reto soberanista latente en Cataluña, es el mejor momento para que desde el Gobierno se plantee otro debate más sobre los crímenes del franquismo.

Seguramente la nueva ley de Memoria figura entre los compromisos arrancados a Pedro Sánchez por su socio de gobierno Pablo Iglesias, pero lo que no se entiende es su urgencia. Estamos hablando de hechos que, como mínimo, sucedieron hace 45 años y que, como ya hemos visto, no van a implicar ningún tipo de compensación económica a las posibles víctimas, sino tan sólo un reconocimiento moral.

Por tanto, si el Gobierno ha decidido aprobar la ley en estos momentos para llevarla en las próximas semanas al Congreso de los Diputados es que tiene interés en que la discusión vuelva a crear dos bandos, situando a la derecha como defensora del franquismo.

Desde luego, Vox entrará al trapo, pero el PP debería tener cuidado y no picar el anzuelo, porque eso es lo que se busca.

La Junta de Fiscales estimó en 2010 que la ley de Zapatero anulaba de facto juicios sumarísimos como los que llevaron al fusilamiento de Lluís Companys

Hagan lo que hagan los partidos de la derecha, la ley de Memoria Democrática supone, entre otras cosas, una manipulación de la historia. Es verdad que Franco encabezó una junta militar que dio un golpe contra un gobierno legítimo. Pero, a diferencia de otros golpes militares, lo que precipitó la sublevación fue una guerra civil que se prolongó durante casi tres años y que provocó cientos de miles de muertos en ambos frentes (nacional y republicano). Las barbaridades que cometieron las tropas al mando del general Franco tuvieron su respuesta en el bando republicano. Frente a los consejos de guerra sumarios, las chekas ejercieron como tribunales populares en los que los acusados no tuvieron ningún tipo de garantía. Sumar en qué lado hubo más muertos o cual de los dos bandos se comportó con mayor crueldad es absurdo.

La guerra civil no fue sólo la consecuencia de una conjura de generales, sino la evidencia del fracaso de un régimen que puso en evidencia la incapacidad de una generación para dirimir sus diferencias sin llegar a las armas. Ese sentimiento de fracaso está presente en las memorias de Manuel Azaña, cuyo intento de conciliación fue imposible de llevar a cabo.

Una revisión honesta de los crímenes que se produjeron durante la guerra civil debería llevar necesariamente a la reparación de injusticias que se perpetraron desde ambos bandos. Otra cosa es el franquismo, cuyo régimen oprimió sin miramientos a todas las personas que no comulgaban con los principios del Movimiento.

Pero, al margen de la cuestión de oportunidad, o de la manipulación histórica, tenemos un problema práctico: judicialmente la nueva norma es inútil.

La Junta de Fiscales de Sala, presidida entonces por Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, estimó en 2010 “legalmente improcedente” la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular los juicios sumarísimos franquistas que condenaron a muerte en 1940 al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, al entender que la Ley de Memoria Histórica de Zapatero ya implicaba la nulidad de esta sentencia.

En septiembre de 2012 el Tribunal Constitucional rechazó la admisión a trámite del recurso presentado por la familia del poeta Miguel Hernández por violación del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Tribunal Supremo cuando éste denegó la revisión de la sentencia que le condenó, al entender, como hizo también el Fiscal, que la ley de Memoria Hitórica de 2007 la dejaba de facto sin validez y por tanto no cabía el recurso de revisión.

Estos ejemplos ponen de relieve que los tribunales ya “deslegitimaron” decisiones judiciales que se adoptaron durante la guerra civil y la dictadura en base a la ley de Memoria Histórica de 2007.

Por tanto, ¿qué añade ahora la declaración de “ilegitimidad” de aquellos tribunales? Es decir, en sentido práctico, ¿qué añade la nueva ley sobre la promulgada hace trece años? Nada en absoluto.

Estamos, pues, ante una nueva vuelta de tuerca a un asunto debatido, sobre el que los tribunales ya han establecido su criterio y cuyo único fin es político: volver a señalar con el dedo a los partidos de la derecha -fundamentalmente al PP- como herederos del franquismo.

Eso es algo que agrada a la vicepresidenta Calvo y que le sirve a Iglesias para argumentar que la Transición estableció una especie de punto final respecto a las responsabilidades de la dictadura de Franco.

Sin embargo, dar por hecho el planteamiento maniqueo de que la guerra civil fue una historia de buenos y malos solo sirve para que volvamos a repetir los mismos errores que provocaron la desesperación de Azaña y que provocaron más de medio millón de muertos.