Pablo Casado, en su peor momento político

Las cosas no se le han puesto fáciles al presidente del Partido Popular en las dos semanas posteriores a las vacaciones de agosto. De hecho se han levantado en torno a él y su partido varios muros, altos como la valla de Melilla, que le tienen literalmente emparedado y que le va a ser muy complicado escalar para poder salir al espacio abierto desde donde pueda librar con libertad de movimientos la batalla política obligada que se deriva de su condición de líder de la oposición.

La dificultad más llamativa, porque es la que trae los ecos del pasado del PP que le van a golpear a él y van a dificultar su estrategia política a lo largo de los próximos meses, es la relativa al escándalo que ha estallado cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado el secreto del sumario del caso Kitchen.

Lo más amenazador para los intereses del partido de Pablo Casado es que el testimonio del que fue secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior goza de un extraordinario grado de credibilidad puesto que, según lo ya declarado públicamente, fue el encargado por su ministro de coordinar la operación de policial ilegal, y de pagarla con fondos del Estado, para robarle al ex tesorero del PP Luis Bárcenas la documentación que éste guardaba y que demostraba presuntamente la financiación irregular del PP, además de un sistema de sobresueldos pagados en negro a varios de los dirigentes del partido.

Todo este escándalo politico y policial le ha estallado en la cara al presidente del PP y es sobre él sobre quien van a caer los reproches de los ciudadanos

Francisco Martínez es ahora mismo una mina anti personas para la supervivencia de cualquier versión que pretenda huir o que no asuma directamente la responsabilidad de ese partido en los hechos que el ex secretario de Estado conoce de primera mano y que pueden implicar no sólo a Jorge Fernández Díaz, a Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio del Hierro, para los que la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido la imputación, sino que podría llegar a salpicar al propio Mariano Rajoy, en aquel entonces presidente del gobierno.

En el PP están literalmente aterrados ante la posibilidad de que el juez decida imputar a la señora Cospedal, cosa nada improbable, por las consecuencias mucho más que simbólicas que tendría para el partido y para el propio Casado.

Todo este escándalo político y policial le ha estallado en la cara al presidente del PP y es sobre él sobre quien van a caer los reproches de los ciudadanos y los ataques de los adversarios políticos. Y no va a tener muchas posibilidades de salir ni siquiera medio indemne de este asalto porque el argumento que han utilizado con éxito tanto la ex presidenta andaluza Susana Díaz como el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez a propósito de su nula relación y consiguiente nula responsabilidad en el escándalo de los ERE de Andalucía no se lo van a admitir al líder del PP.

A la izquierda se le toleran cosas que no se le consienten a la derecha porque en España todavía domina el discurso según el cual la corrupción en la izquierda es algo excepcional, de "casos aislados" en una coyuntura precisa, mientras que en la derecha la corrupción es algo estructural, incardinado en la propia naturaleza de esa ideología en cualquiera de sus variantes. Y mientras ese discurso siga teniendo éxito entre los electores seguiremos viendo cómo se aplican dos muy distintas varas de medir a los desmanes cometidos desde uno y otro lugar del espectro ideológico.

Lo cual tiene una traducción política inmediata y tangible que admite la comparación: la casi nula sanción electoral al PSOE en las elecciones generales de 1993 tras la publicación dos años antes por el periódico El Mundo del escándalo FILESA de financiación ilegal: el PSOE volvió a ganar ese año con un 38.78% de los votos y un millón de votos más que los obtenidos en los anteriores comicios de 1989. Compárese estos datos con los resultados electorales del PP en abril de 2019, casi un año después de la moción de censura ganada por Pedro Sánchez a raíz de la publicación de una sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera parte del caso Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular: 16,69% de los votos y 66 escaños. Esos datos equivalieron a una pérdida de más de tres millones y medio de votos y 71 escaños menos de los 137 obtenidos en los anteriores comicios.

Es un error de bulto querer zafarse de toda implicación con el pasado no tan lejano del partido y también, y mucho más increíble para la opinión pública, de toda vinculación con sus antecesores

Semejante debilidad ante las diferentes exigencias del electorado al PSOE y al PP no van a dejar de ser aprovechadas por los adversarios políticos. Y la prueba es que la semana pasada se supo que no sólo el PSOE y Podemos sino también Ciudadanos se proponen votar a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen' para investigar el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy para favorecer intereses del PP.

La pretensión de los socialistas y del partido morado es que desfilen por esa comisión para dar explicaciones, pero sobre todo para explotar políticamente el espectáculo -que es para lo único que han demostrado servir estas comisiones en el Congreso- de un Partido Popular rebozado en la corrupción del pasado que regresa al presente para sumir al partido y a sus nuevos dirigentes en la vergüenza de las sucias maniobras de sus antecesores, que no les queda a ellos más remedio que hacer suyas como parte de la historia negra de su partido.

Ya veremos qué estrategia diseña la cúpula directiva de Génova pero de entrada es un error de bulto querer zafarse de toda implicación con el pasado no tan lejano del partido y también, y mucho más increíble para la opinión pública, de toda vinculación con sus antecesores de la calle de Génova. Y es otro error decir que conviene esperar porque a lo mejor todo queda en nada porque esa hipótesis es la más inverosímil de todas las posibles habida cuenta de que el ex secretario de Estado de Interior ya ha dicho que va a contarle a su señoría todo lo que sabe que, a tenor de lo publicado estos días, seguro que es mucho.

Y todo este asunto se despliega en medio de una evidente debilidad parlamentaria del PP, consecuencia en parte del primer castigo electoral por la corrupción y en parte también de la división del centro derecha. A su más próxima izquierda Pablo Casado tiene a Ciudadanos, con quien los populares gobiernan en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades.

Pero Ciudadanos ha asumido recientemente un papel muy arriesgado de aproximación al PSOE para negociar los Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que los de Arrimadas juegan con fuego porque ya se vio el miércoles pasado cómo, para contentar a Podemos, ERC y Bildu, el presidente del Gobierno le sacudió una inesperada tarascada a Cs, partido al que quiso claramente empujar hacia las proximidades de Vox con el único propósito de hacer méritos ante sus antiguos apoyos, no vaya a ser que los necesite.

Ciudadanos se arriesga por muchos motivos a ser el compañero de viaje tonto de un PSOE dispuesto a terminar cerrando los pactos presupuestarios con los socios que, pudiendo intentar otra fórmula, eligió para que le garantizaran la investidura. Pero también puede suceder que los de Arrimadas consigan capitalizar políticamente unas cuentas del Estado moderadas y que tranquilicen a Bruselas, en cuyo caso su expresada vocación de partido útil para España quedaría firmemente consolidada.

Si eso finalmente ocurre así, supondrá inevitablemente una considerable merma de los apoyos que podría recibir en las siguientes elecciones el partido de Pablo Casado. Por ese flanco también le apunta el adversario.

Y no menos acogotado está por su derecha porque Vox va a presentar una moción de censura con el mismo propósito que animó al PSOE de Felipe González a plantear en 1980 la primera moción de estas características en la historia de nuestra democracia: presentarse ante la opinión pública como un partido fiable que defiende los intereses de España y de los españoles mejor que todos los demás presentes en el hemiciclo.

En el caso de Santiago Abascal, especialmente mejor que el partido de Pablo Casado, al que quiere sustraerle cuantos más votos mejor procedentes de los electores tan descontentos con la gestión del Gobierno como con la oposición sin perfiles precisos de un Partido Popular asediado y debilitado por infinitud de problemas.

Difícil saltar por encima de tantos obstáculos. Y, sin embargo, no son esos los únicos que acorralan en estos meses al PP. Está también la presión constante que desde el Gobierno, por boca de su presidente y de los ministros más relevantes, le hacen todos los días a Pablo Casado para que acceda de una vez a pactar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

La razón de tanta resistencia la conocemos aunque los portavoces del PP no la expresen con tanta crudeza: no quieren de ninguna manera que los de Pablo Iglesias incrusten a dos de los suyos en el órgano de gobierno de los jueces porque consideran que a partir de ahí sí que se iniciaría de verdad una auténtica operación efectiva de debilitamiento de las instituciones democráticas del país.

Pero los argumentos del Gobierno son difíciles de refutar: ¿Pretende el PP dejar sin renovar el CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo todos los años que dure la legislatura? ¿Es que pretende imponer en esos órganos una composición que resulte de su exclusivo agrado? No es sencillo argumentar en público de modo que los electores conozcan las razones de esa negativa popular y además las respalden. Casado tendrá que terminar cediendo a la presión y aceptando negociar.

Pablo Casado se enfrenta por eso al peor escenario político desde que el 21 de julio de 2018 fue elegido presidente de su partido

Por otro lado, ni qué decir tiene que, si los Presupuestos Generales del Estado se aprueban finalmente en los términos de moderación que desea la Unión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez no dejará de reprochar a los populares su nulo compromiso con las perentorias necesidades de la sociedad española y los supremos intereses del país, razón por la cual se dirá que serán merecedores del rechazo popular más contundente.

Lo ha resumido muy bien Ander Gil, portavoz del Grupo Socialista en el Senado: "El PP se está convirtiendo en un partido antisistema que, por un lado, utiliza las instituciones para tapar la corrupción, se niega a echar una mano para que este país salga adelante y termina bloqueando aquellas instituciones que son fundamentales". Esa es la estrategia del PSOE para el futuro inmediato.

Finalmente, y para rematar este círculo de acoso que se está cerrando poco a poco sobre el Partido Popular, aparece el proyecto anunciado por la vicepresidenta Carmen Calvo de ampliación de la ley de Memoria Histórica que a tenor del texto de la proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso de los Diputados, plantea entre otras medidas, suprimir los títulos nobiliarios y las condecoraciones otorgadas por el franquismo, la "resignificación" del Valle de los Caídos y la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

No habrá debate en torno a los fondos para la exhumación e identificación de las víctimas que yacen todavía en fosas comunes y en el columbario del Valle de los Caídos pero sí lo habrá, y muy serio, sobre la pretensión de ilegalizar fundaciones que guardan documentos históricos del período franquista, desde 1939 hasta 1975.

Ahí el PSOE tendrá un extraordinario interés en empujar al PP a la vera de Vox para rematar su ya conocida estrategia de asimilar al partido de Pablo Casado con el de Santiago Abascal para acusarles a ambos de franquistas nostálgicos y darles el mismo despectivo trato que ya hemos visto desde hace meses.

Todo lo expuesto -caso Kitchen, nueva estrategia de Ciudadanos, moción de censura de Vox, negociación de los Presupuestos, renovación de CGPJ y del TC y nueva ley de Memoria Histórica- supone un cúmulo de obstáculos que, cada uno de ellos por separado ya serían suficientes para exigir un enorme esfuerzo de superación y contar para intentarlo con los colaboradores adecuados.

Pero, sumados todos juntos y al mismo tiempo, constituyen una auténtica jaula alambrada de espinos de la que va a ser extraordinariamente difícil si no imposible escapar. Y lo cierto es que Pablo Casado se enfrenta hoy con pocas armas y escasos y débiles apoyos al peor escenario político desde que el 21 de julio de 2018 fue elegido presidente de su partido.