Volvemos hacia el desastre pero esta vez sin recurso posible al estado de alarma

Dos meses se cumplen hoy de la celebración de aquel funeral de Estado para homenajear la memoria de los muertos por coronavirus sin que ni el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros ni altos cargos responsables de la lucha contra el virus hubiera reconocido todavía la cifra real de fallecidos.

Lo espectacular y lo siniestro es que a día de hoy tampoco nadie en el Gobierno ni en sus niveles inferiores se ha sentido en la obligación moral de decir la verdad a los españoles. Nos siguen engañando, o eso intentan, cuando los cálculos proporcionados por organismos públicos como el MoMo -el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria en España, dependiente del ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo titular es Pedro Duque- registra unos datos que se acercan a las 50.000 víctimas mortales.

Durante apenas 15 días de ese mes de julio pareció a quienes no sabemos nada de la materia que se estaba ganando la batalla al Covid19 pero quienes sí saben advirtieron de que esa impresión no se sustentaba en una base científica. Esa mínima precaución de los auténticos expertos, no los que el Gobierno esgrimió sistemáticamente para justificar cualquiera de sus decisiones y que luego resultó que no existían, que eran una mentira más que nos habían colado sin que hasta el momento tampoco nadie haya dado una explicación de esa intolerable tomadura de pelo a los ciudadanos, esa mínima precaución de los auténticos expertos, decía, debería haber bastado a Pedro Sánchez para no lanzarse, como se lanzó el 4 de julio, a dar por superada la pandemia.

"Una vez que se ha vencido la pandemia y el virus está controlado", dijo Sánchez, "no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus", dijo el presidente del Gobierno en La Coruña en vísperas de las elecciones gallegas.

Ese mismo día la Generalitat de Cataluña se veía obligada a decretar el confinamiento de más de 200.000 personas en la comarca de El Segrià, incluida Lérida capital, por el repunte de los contagios por coronavirus. Pero nada de eso introdujo algo de prudencia en el ánimo de Sánchez, que reconoció los rebrotes pero les restó importancia asegurando que "ahora sí" los servicios de atención sanitaria "están preparados".

Pero tan sólo 15 días después de aquel funeral de Estado las cifras de fallecidos por el coronavirus empezaron de nuevo a aumentar hasta llegar al día de hoy, pasados dos meses justos de aquel acto solemne, período en que se han contabilizado 1.515 muertos más.

Un desastre total. El virus no ha sido vencido; la economía no se ha reactivado; las perspectivas son pésimas; existe el riesgo cierto de que las restricciones que ya han impuesto determinados gobiernos autonómicos se amplíen a más zonas

En definitiva, un desastre total. El virus no ha sido vencido; la economía no se ha reactivado; las perspectivas en ese aspecto son pésimas; existe el riesgo cierto de que las restricciones que ya han impuesto determinados gobiernos autonómicos se amplíen a más zonas; los médicos de Urgencias advierten de que las UCIs de muchos hospitales están al borde de la saturación; no hay suficientes rastreadores en ninguna parte; los médicos y enfermeras de Atención Primaria dedican la mayor parte de su tiempo y su esfuerzo a gestionar todos los pasos relativos a la realización de los PCR y no a atender a los pacientes; los servicios de la AP de algunas comunidades como Madrid denuncian que están ya colapsados; y se nos anuncia además desde la OMS que los meses de octubre y noviembre serán peores de lo que ha sido agosto y está siendo septiembre.

Este tenebroso panorama se oscurece aún más con la constatación de que de ninguna manera el país puede permitirse una nueva aplicación del estado de alarma porque eso terminaría de rematar nuestra devastada economía y cegaría irremisiblemente cualquier esperanza de recuperación a medio plazo.

Y, sin embargo, en el Congreso de los Diputados no se habla de eso: sus señorías están a otra cosa: a asuntos tan urgentes y tan esenciales como una comisión de investigación sobre la finanzas presuntamente ilegales del PP, cosa que ya están investigando los tribunales; una moción de censura que se sabe fracasada de antemano, o la presentación para el debate de una nueva ley de Memoria histórica que va a provocar la buscada división entre las fuerzas políticas presentes en el Hemiciclo y el consiguiente enfrentamiento político entre los españoles.

Del auténtico drama que vive España ahora mismo, no se escucha ya ni una palabra en la sede de la soberanía nacional. La razón la conocemos todos: el Gobierno ha devuelto las competencias y con ellas ha cedido toda la responsabilidad a cada una de las comunidades autónomas. Ahora el presidente y sus ministros por lo visto ya no tienen nada que decir, nada que proponer, nada que coordinar. Incluso Fernando Simón se ha marchado a Mallorca a hacer un programa de aventuras con Jesús Calleja. Ya se ve que cada uno se va a seguir dedicando a lo suyo que no es, desde luego, lo del resto de los angustiados ciudadanos.

"Nos acercamos peligrosamente a la grave situación de la primera ola», dice Julián Ezquerra, presidente del sindicato mayoritario de médicos de Madrid. Pero en el Congreso no hay nada que decir: los diputados siguen tocando sus propias liras mientras Roma arde por los cuatro costados.