El Gobierno maltrata al Rey y al Poder Judicial

Hoy el Gobierno va a vivir la enésima crisis provocada por él mismo en el ámbito de la Justicia. Hoy tendrá lugar, como siempre en Barcelona, el acto solemne en la Escuela Judicial de la entrega de despachos a los nuevos jueces, acto que preside siempre el Rey y que es el segundo en importancia para el mundo judicial después de la ceremonia de apertura del Año Judicial que se celebra en la sede del Tribunal Supremo, en Madrid y que, como el anterior, siempre preside el Rey.

Esta vez el Gobierno ha decidido que el Rey no acuda a Barcelona a presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces españoles que siempre hasta ahora han recibido el despacho de manos del Jefe del Estado, en cuyo nombre van a actuar en el futuro y que simboliza la unidad y permanencia del Estado. Ése es el sentido profundo de este acto. Y por mucho aire de misterio que le haya querido dar al asunto la vicepresidenta Carmen Calvo -sólo repite: "es una decisión muy bien tomada, muy bien tomada"- la realidad es mucho más ramplona y de más corto recorrido. Por eso es más inaceptable: el Rey no acude hoy a la Escuela Judicial porque al Gobierno sencillamente no le conviene tener problemas con los independentistas ahora que le están dorando la píldora para que le aprueben los Presupuestos.

No les conviene es tener al Rey en Barcelona por una mera cuestión simbólica, por no ofender a quienes quieren tener bizcochables para los Presupuestos

Hoy es precisamente el día en el que probablemente el Tribunal Supremo se pronuncie en contra de anular a Quim Torra la inhabilitación a la que fue condenado en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y como eso puede producir actos de protesta en las calles al Gobierno no le interesa que el Rey esté en Barcelona en ese momento. No es, por supuesto, por una razón de orden público porque la seguridad del Rey está, tiene que estar por obligación, sobradamente garantizada en toda circunstancia y en cualquier punto del país. No es que tengan miedo de que el Rey sufra lo más mínimo las iras de los manifestantes porque eso se resuelve estableciendo un amplio cinturón de seguridad en torno al acto.

No, no, lo que no les conviene es tener al Rey en Barcelona por una mera cuestión simbólica, por no ofender a quienes quieren tener bizcochables para poder obtener ellos la aprobación de esos Presupuestos, todavía ignotos, por cierto, para todos los españoles, incluidos los grupos políticos.

Eso es lo que le importa a este Gobierno y a ese propósito somete lo que sea, incluido el Rey y por supuesto el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, al que está dispuesto a ignorar, incluso a maltratar como ha hecho con el nombramiento de su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado.

Ayer la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, emitió un comunicado demoledor en el que aseguraba que en 40 años no se había dado un descrédito de la carrera fiscal como el que se da ahora y señalaban la incomprensible y disparatada intervención en dos cadenas de radio del teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas en las que acusó a otros fiscales del TS de estar contaminados ideológicamente porque le pidieron que no solicitara al Supremo el archivo de todas las querellas que se habían presentado contra la actuación del Gobierno durante la pandemia.

"Con esta tropa" dijo el número dos de la carrera fiscal, "yo no voy a la guerra". Llamó "tropa" a dos fiscales del Tribunal Supremo y los insultó públicamente acusándolos nada menos que de parcialidad. Pero la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no sólo no ha intervenido para pedir algo de compostura a su teniente fiscal sino que ha abierto una investigación sobre los fiscales señalados por Navajas para comprobar si, efectivamente, las acusaciones de éste están fundamentadas.

El Gobierno ha entrado en la Fiscalía como elefante en cacharrería y ahí tenemos el deplorable espectáculo de miembros de la cúpula fiscal tirándose los trastos a la cabeza ante todos los españoles. Esto no había sucedido nunca y está llevando al descrédito a un órgano del Estado cuya solidez e impecable imagen son imprescindibles para que el sistema no se tambalee. Esa es una responsabilidad del Gobierno

Pero no son esos los únicos charcos en el que este Gobierno está dispuesto a meterse hasta el cuello. El anuncio de que va a tramitar las peticiones de indulto a los condenados por el intento de golpe de Estado perpetrado por los independentistas catalanes juzgados y condenados hace ahora casi un año es otro de ellos.

Si se mira desde el punto de vista de la mera administración de las cosas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no dijo nada extraño: todas las peticiones de indulto se han de tramitar. Pero sucede que el anuncio tenía una evidente carga política de largo alcance, por el simple hecho de anunciarlo, por a quien se dirigía ese anuncio y por la circunstancia del interés del Gobierno en atraerse a los independentistas a su corral.

Ahora bien, si los miembros de este Gobierno se atrevieran finalmente a aprobar esos indultos demostrarían una inaudita osadía porque, de entrada, se enfrentarían a una sentencia del Tribunal Supremo que empezó a ser aplicada hace apenas un año. Y eso sería tanto como enviar el mensaje de que las decisiones del Ejecutivo no tienen por qué tener en cuenta las sentencias del Alto Tribunal. Más o menos, lo que sostiene Quim Torra.

Este ataque al Poder Judicial, porque sería un ataque en toda regla en la medida en que supondría un desprecio inadmisible a las decisiones del más alto tribunal español ante un asunto de la más grave trascendencia política y legal, es mucho más de lo que se le puede tolerar a un Gobierno, por mucho que sume en el Congreso con su socio la mayoría suficiente para seguir manteniéndose en el poder.

Naturalmente, el Tribunal Supremo se opondría a semejante burla a la Justicia y al sistema democrático, pero la ley dice que la opinión del Alto Tribunal no es vinculante. Y aunque resulta inimaginable que el Gobierno, éste o cualquiera otro que no pretenda cargarse el sistema constitucional, ignorara la opinión del tribunal en un asunto de la envergadura del que nos ocupa -el intento de romper España y desgajar a una parte de la nación- debemos seguir adelante en el razonamiento, por enloquecido que parezca.

Supongamos que el Gobierno ignora la opinión del Tribunal Supremo contraria a la concesión de indultos a unas personas que no sólo no se han arrepentido de lo hecho sino que han reiterado que lo volverán a hacer y sobre las que no concurre ninguna razón humanitaria especial para aconsejar el perdón de los delitos cometidos.

En ese caso la decisión se traslada al Rey. Porque no es el Gobierno el que tiene y otorga el derecho de gracia. El Ejecutivo es un mero transmisor de la petición. El que indulta es el Rey, sólo el Rey y nadie más que el Rey.

Supondría un conflicto político gigantesco que el Gobierno forzara al Rey Felipe a firmar los indultos

Y ahora supongamos que el Rey Felipe VI, el mismo que aquel 3 de octubre de 2017 compareció ante los españoles para defender la Constitución y la unidad de España y negó toda posibilidad legal a las acciones que acababan de perpetrar los independentistas, el mismo Rey Felipe que se comprometió ante los ciudadanos a ser el garante, en tanto que Jefe del Estado, de la legalidad y de las libertades públicas de los españoles, ese mismo Rey Felipe, un año después de que los procesados por aquellos hechos fueran condenados, estampa su firma en un documento que diga: "Visto el expediente tal y tal y tal, yo concedo el indulto a (pongamos Oriol Junqueras)". Firmado: Felipe Rey.

¿Cuantos españoles le retirarían inmediatamente al Rey el apoyo rotundo que le han prestado hasta ahora? ¿Cuántos de ellos le reclamarían que se negara a firmar esos indultos que el Gobierno le habría propuesto? Porque podría hacerlo, podría negarse a firmarlos del mismo modo que el Rey Balduino de Bélgica se negó a firmar en 1990 una ley del aborto aprobada por su gobierno y que iba contra sus profundas convicciones religiosas.

Este caso es muy distinto, no atenta contra las convicciones religiosas de nadie pero sí contra las convicciones democráticas de muchos, de la inmensa mayoría. Supondría en cualquier caso un problema político de enorme envergadura el que el Rey se enfrentara a su Gobierno de ese modo. Pero también supondría un conflicto político gigantesco que el Gobierno forzara al Rey Felipe a firmar unos indultos que no se corresponderían de ninguna manera con una cabal aplicación de la justicia y aún del privilegio de la gracia. Y que, por supuesto, no están en el ánimo de los españoles sino todo lo contrario.

Por todo eso pienso que, en medio de este caos en el que el Gobierno se ha querido meter por su propia voluntad, pesa más la intención de parecer que hace que la de hacer de una manera efectiva. Quiero decir que el ministro de Justicia anuncia, sin que nadie le hubiera preguntado por ello, que la semana que viene el Gobierno tramitará las peticiones de indulto de los independentistas condenados -lo cual entra dentro de la normalidad- con la intención de poner un caramelo en los labios del independentismo de manera que ablanden sus posturas en orden a aprobar esos Presupuestos que aún nadie conoce.

La tramitación de un indulto no es una cosa automática, lleva meses. Durante esos meses se habrán celebrado ya las elecciones catalanas y el panorama político allí estará más despejado. Para entonces el Gobierno habrá solicitado el parecer del Tribunal Supremo, que se pronunciará en contra de la concesión del indulto. Y entonces, ya no sometido a la presión de la necesidad de conseguir apoyos para unos Presupuestos que, si no están ya aprobados es que no existen ni existirán hasta el 2022, el Gobierno no retará al Alto Tribunal ni someterá al Rey Felipe a una prueba que forzaría insoportablemente sus propias convicciones constitucionales además de enajenarle como consecuencia el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles que ahora le admiran.

No alcanzarán ese extremo, harán ver que caminan en esa dirección pero no llegarán a provocar una crisis institucional y de país de dimensiones y consecuencias incalculables. Esto es lo que yo creo más probable. Pero también es verdad que me puedo equivocar. No sería la primera vez.