Una decisión arriesgada que pone a Felipe VI en un brete

Cuando todavía no se ha cumplido ni un año desde que el Tribunal Supremo hiciera pública la llamada sentencia del procés, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el mecanismo para indultar a los nueve condenados, entre los que destaca el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, al que se le impuso una pena de 13 años por un delito de sedición en concurso con otro de malversación.

Por sorpresa y sin que el presidente del Gobierno estuviera presente en el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aprovechó una pregunta de la portavoz de JxC, Laura Borrás, para anunciar que la próxima semana el Gobierno tramitará la concesión de indulto para los nueve condenados en la causa.

El arriesgado movimiento -negado por el presidente de forma explícita hace menos de un año- hay que interpretarlo como una cesión a los independentistas para que apoyen la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La presión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha sido un elemento clave para que Sánchez accediera a la puesta en libertad de los condenados por generar una situación de "violencia para lograr la secesión" de Cataluña, según reza la sentencia del Supremo.

El indulto a los presos del procés convierte en papel mojado la sentencia del Supremo y pone al rey ante una decisión muy comprometida

El independentismo reaccionó ayer con prudencia, ya que exige la concesión de la amnistía y considera poca cosa el indulto. Pero es evidente que tanto esta medida como la decisión del Gobierno de reformar con carácter retroactivo la definición del delito de sedición buscan un cambio en la posición de ERC y JxC respecto a los presupuestos, cuya aprobación se ha convertido en el objetivo prioritario del Gobierno.

Mientras que con Ciudadanos Sánchez habla de impuestos, con los independentistas habla de política. Esa es la cuadratura del círculo que pretende el presidente: que las cuentas públicas reciban el apoyo, al mismo tiempo, de ERC, PNV y de Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas, por cierto, dijo ayer que continuaría negociando con el Gobierno, lo que, tras la luz verde a los indultos, hubiera sido imposible en tiempos de Albert Rivera. El PP y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el propio Tribunal Supremo.

Al margen de que el indulto supone una rectificación sobre lo que Sánchez pensaba hace tan sólo unos meses -ya nos tiene acostumbrados a esos bandazos- la cuestión plantea dos graves inconvenientes:

1º De facto, el indulto supone una revisión de la sentencia del Supremo. Es como si los argumentos del alto tribunal para imponer duras condenas (13 años en el caso de Junqueras) no tuvieran suficiente peso. Más aún, es como si el propio proceso judicial, que se llevó a cabo con todas las garantías -el juicio oral se retransmitió en directo- no hubiese servido para nada.

La solicitud de indulto está dando la razón a los independentistas, que plantearon que el juicio del procés era un "juicio político". El Gobierno, con su decisión, está desarmando al Supremo, que ejerció su función con arreglo a las leyes vigentes y que actuó con la máxima objetividad, e incluso magnanimidad en opinión de la Fiscalía, que era partidaria de una condena mucho más dura al entender que los acusados cometieron un delito de rebelión.

2º Pero el compromiso que esta iniciativa supone para el rey es lo más grave de todo. El indulto es una prerrogativa real. Es decir, que el decreto debe ser firmado por el rey Felipe VI.

Hay que recordar que el rey impulsó a actuar a los poderes del Estado en su discurso del 3 de octubre de 2017 y que fue ese discurso el que, en gran medida, llevó a la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución (apoyado, por cierto, por el PSOE), y que supuso la suspensión de la autonomía.

El Gobierno pone así al rey en un brete. Si firma el indulto, muchos españoles perderán su confianza en la institución, que en los momentos más duros del procés, se puso del lado de la ley y la Constitución de forma decidida y valiente. Pero si no lo firma -cosa que puede hacer- su negativa provocaría un insólito conflicto institucional entre el Gobierno y la monarquía, que necesariamente desgastaría a Felipe VI.

Zarzuela y Moncloa no viven precisamente una luna de miel en una relación llena de altibajos. Ayer era palpable el enfado de la Casa Real por la decisión del Gobierno de que Felipe VI no presidiera la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona el próximo viernes, a pesar de haber sido ya cursadas las invitaciones con su nombre. Las razones de seguridad esgrimidas desde Moncloa más bien parecen una excusa. Felipe VI ha acudido a Barcelona en circunstancias mucho más tensas.

Probablemente, el líder de Podemos sea el mayor beneficiario de este dislate político que, por un lado, deja a los pies de los caballos la sentencia del Supremo y, por otro, pone en un compromiso al rey de España. Seguramente ayer Felipe VI no durmió tranquilo.