Torra: un legado de odio y cenizas

Quim Torra es el primer presidente autonómico que ha sido inhabilitado cuando ejercía su cargo. Si hubiera sido un presidente querido por su pueblo, las calles de Barcelona se hubieran llenado de gente en protesta por lo que el president calificó de “venganza” del Tribunal Supremo. Pero apenas se concentraron unos cientos.

Los CDR (“apreteu, apreteu”) le lanzaron cabezas de cerdo a los Mossos. Ni siquiera en eso han sido originales. Ya lo hicieron los culés cuando Figo jugó de blanco en el Camp Nou. Por cierto, el Barça se sumó a la fiesta apuntándose al coro de plañideras por la salida de Torra. Bartomeu, tras la lamentable gestión del caso Messi, se agarra al independentismo como tabla de salvación ante unos socios justificadamente enfadados. El Barça ha dejado de ser más que un club, sus directivos lo han convertido en una banda.

Torra no puede ser apreciado por los catalanes porque sus casi dos años y medio de gestión han sido un desastre. La economía catalana, esa en otros tiempos locomotora de España, ha quedado rezagada tras la pujanza de Madrid, para humillación de los que veían en la capital un poblachón manchego lleno de funcionarios y militares.

¿Qué es lo que ha hecho Torra? Nada en beneficio de sus ciudadanos. Ahora bien, ha cumplido a rajatabla su papel como “vicario” de Puigdemont. El molt honorable no ha gobernado, pero ha estado siempre a la cabeza de la agitación política. En Cataluña parece que eso es lo más rentable. Son ya más de diez años aspirando a un imposible mientras la economía se iba al garete y la convivencia se deterioraba. Aun así, los independentistas volverán a ganar las elecciones y esta vez, probablemente, con mayoría absoluta.

El presidente de la Generalitat no ha gobernado, se ha limitado a ser un agitador, mientras la economía se iba al garete y se deterioraba la convivencia en Cataluña

La única explicación a todo ello es el control de los medios de comunicación desde el poder y, obviamente, que la oposición no ha hecho su trabajo. Ciudadanos perdió una oportunidad histórica; el PP se convirtió en partido irrelevante, y el PSC se puso de perfil, esperando obtener algún rédito de su postura ambigua.

Ahora nos esperan los meses de la basura de un gobierno que sólo ha servido para generar tensión y odio a España y a todos sus símbolos e instituciones. Meses en los que la guerra fratricida entre ERC y JxC, Junqueras y Puigdemont, será el mayor aliciente de una campaña en la que España se juega mucho. Y el gobierno también.

Pedro Sánchez se ha convertido en el Red Bull del independentismo: les ha dado alas. La política de “desinflamación” se ha concretado en cesiones a reivindicaciones incompatibles con el estado de derecho.

El presidente ha criticado en diversas ocasiones la “judicialización de la política” que llevó a cabo el PP. Aun suponiendo que se hubieran cometido algunos excesos a la hora de recurrir ante el Tribunal Constitucional todo lo que salía de Cataluña, lo que ocurre ahora es mucho peor. Estamos viviendo una “politización de la Justicia” como nunca se había visto.

Dos ejemplos claros de ellos son la decisión de reformar el Código Penal para reducir el castigo a los delitos de sedición y la puesta en marcha del indulto a los condenados del procés. Es una forma abierta de decirle a los independentistas: no os preocupéis, la política arreglará las decisiones judiciales e incluso las leyes que os venga bien.

Con un desprecio a las instituciones que no tiene parangón, Sánchez ha querido mover al Jefe del Estado como si fuera un peón de un tablero de ajedrez en el que él es la auténtica reina.

Lo confesó el lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando dijo que la decisión de que Felipe VI no acudiera a Barcelona a la entrega de despachos a los nuevos jueces fue para preservar la “convivencia”. Es decir, que el Rey tendrá que adaptarse a las algaradas callejeras para planificar su agenda. Así funciona el Estado de Derecho en este país.

El choque institucional entre Lesmes y Sánchez (el poder judicial y el ejecutivo) sólo se explica si, entre los acuerdos que se hayan alcanzado debajo de la mesa con ERC, está la ausencia del Jefe del Estado de cualquier acto que se celebre en Cataluña. Al menos, hasta que se aprueben los presupuestos.

Sánchez está jugando con fuego. Cree que a los independentistas se les puede engatusar con una mesa de diálogo insustancial. Se equivoca. ERC no puede permitirse el lujo de dejarle el terreno de la independencia libre a Puigdemont. Ya veremos qué ocurre después de las elecciones que se celebrarán a finales de enero o a principios de febrero a más tardar. ¿Qué les ofrecerá entonces para que no se ponga en riesgo la convivencia?