En el CGPJ Sánchez es rehén de Pablo Iglesias

Esta idea presentada este viernes desde Bruselas por Pedro Sánchez de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es la salida que defiende Podemos para intentar forzar su presencia en el órgano de gobierno de los jueces. En ese intento lleva desde que se celebraron las elecciones de noviembre de 2019 en las que PSOE y UP, que habían sufrido una considerable pérdida de votos, pactaron un Gobierno de coalición que salvara a ambos del fracaso sufrido en los comicios.

En realidad, el más claramente beneficiado de ese pacto fue el partido de Pablo Iglesias porque el de Pedro Sánchez al fin y al cabo, aunque perdiendo tres escaños, había sido el partido más votado y en consecuencia tenía todo el derecho a formar gobierno.

Pero a Iglesias se le abrieron las puertas del cielo porque se vio rescatado y aupado al poder a pesar de haber sufrido consecutivos batacazos electorales en las últimas convocatorias electorales y haberse quedado en 35 tristes escaños. Desde entonces, su presión para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha sido constante sobre su socio de Gobierno.

El PP estaba, a la altura del mes de julio y después de haberse resistido durante meses, finalmente dispuesto a pactar esa renovación e incluso a aceptar la inclusión de un candidato propuesto por el partido morado a pesar de que Podemos es la cuarta fuerza en número de escaños, 17 menos que los obtenidos por Vox. Pero, al fin y al cabo, en tanto que partido miembro del Gobierno, Iglesias aspiraba a sentar a uno -o a varios-  de los suyos en el CGPJ.

Y ahí estuvo inicialmente el problema, el principal escollo: que el PP aceptaba meter a un podemita. Pero a dos ya no. Y las cosas se complicaron definitivamente cuando, a la altura del 28 de julio, los negociadores del PSOE les dicen a los del PP que el pacto tiene que estar cerrado antes del 3 de agosto. Pero no les dicen el motivo.

Es al día siguiente del día 3 cuando Pablo Casado y los suyos comprenden el porqué de tantas prisas: porque ese 4 de agosto se hace público que el rey Juan Carlos abandona España -en realidad ya la había abandonado cuando saltó la noticia- y el Gobierno quería tener cerrado el asunto de la renovación sin que el PP tuviera la menor información de un hecho que ponía patas arriba al país. Esto se preparó y se llevó a cabo al margen absolutamente del principal partido de la oposición.

Pretender que la Constitución admita que los jueces del CGPJ puedan ser elegidos por una proporción menor de diputados y senadores que los juristas de reconocido prestigio raya en la estafa o en el fraude de ley

No es necesario recordar la reacción de los miembros de Podemos ante la salida del rey emérito: los ataques, los insultos, las descalificaciones al rey antiguo y al actual Rey fueron frecuentes y feroces. Y lo siguen siendo hoy.

Y ahora imaginemos lo que hubiera supuesto que el PP hubiera aceptado meter en la médula del Poder Judicial en esas condiciones a un par de representantes del partido morado, cuyo líder ha explicado docenas de veces que intentará acabar con la Monarquía española, lo cual es tanto como querer acabar con la Constitución del 78. El problema originario no es la negativa del PP a pactar la renovación del Consejo. El problema es que esa renovación incluiría la introducción en ese órgano de aquellos que quieren dinamitar el sistema jurídico y político del que por ahora, y con todos los problemas que conlleva, todavía disfrutamos.

Ésta y no otra es la razón de la negativa de los de Pablo Casado a pactar ahora la renovación del CGPJ. Pero Podemos insiste y presiona a Pedro Sánchez para que haga algo inaudito: cambiar la ley para que sólo se necesite mayoría simple para elegir a los 12 jueces que conforman la parte judicial del órgano constitucional.

Pero eso sí, los 8 correspondientes al ámbito de juristas de reconocido prestigio deberán seguir siendo elegidos por los tres quintos de las Cámaras. Y eso es así porque la Constitución lo ordena con claridad.

Esta pretensión es de entrada de muy dudosa constitucionalidad. Ya resulta muy difícil aceptar que la Constitución diga que los jueces y magistrados deban ser elegidos por el Congreso y el Senado y no por los propios jueces. Pero ya pretender que la Constitución admita en su letra o en su espíritu que los jueces que se incorporen al CGPJ puedan ser elegidos por una proporción menor de diputados y senadores que los juristas de reconocido prestigio, eso ya raya en la estafa o, por decirlo de otra manera, en el fraude de ley.

El presidente del Gobierno no lo admitirá jamás pero, con esa sugerencia de reformar la LOPJ en el sentido que ha apuntado, demuestra que es rehén de un Pablo Iglesias que está utilizando su lugar en el Ejecutivo para ejecutar sus propios planes, los que le dicta su ultraizquierdista ideología y su determinación de luchar por una idea de la república, algo que pasa necesariamente por derribar la Constitución.

Iglesias, que tiene un extraordinario interés en tener unos cuantos peones en el órgano de Gobierno de los jueces –desde luego no para servir a la España constitucional sino para acabar con ella, como demuestra cada día con sus declaraciones y las de sus colegas de partido-, está dispuesto a hacer una ley a su medida para que pueda lograr algo tan inadmisible como constituir un Consejo General del Poder Judicial sin contar con el principal partido de la oposición.

José María Macías, vocal del CGPJ, lo explica muy bien este sábado en la entrevista que le hace en estas páginas Carmen Lucas-Torres: la intención de Podemos “supone la voladura de los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial y la separación de poderes”.

Iglesias, con la aceptación de Sánchez, y eso es lo escandaloso, busca ahormar el Poder Judicial a sus particulares propósitos buscando en el Congreso una mayoría alternativa al PP que sólo podría obtenerse con el concurso de los partidos independentistas y proetarras. Es decir, un CGPJ que se parezca a la mayoría que apoya al Gobierno.

Iglesias, con la aceptación de Sánchez, y eso es lo escandaloso, busca ahormar el Poder Judicial a sus particulares propósitos

Esto es al final lo que Pedro Sánchez anunció desde Bruselas. Pero la razón última de su irritación es que los miembros del actual Consejo no han admitido seguir paralizados mientras esperan que los partidos se pongan de acuerdo y han pactado los primeros y más relevantes nombramientos -los del Tribunal Supremo- de otros muchos que están dispuestos a pactar en los próximos plenos.

Y no es que a Pedro Sánchez le hayan parecido mal esos nombramientos porque en ellos hay una mayoría de magistrados de los llamados “progresistas”. No es eso. Lo que le ha irritado es constatar que este Consejo ha demostrado que no está en demolición, como ha dicho el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y que, como la LOPJ no dice en ningún sitio que un CGPJ prorrogado no pueda hacer nombramientos, sus vocales de una y otra procedencia se han puesto de acuerdo para ignorar las batallas partidarias y ejercer sus funciones con la independencia que se supone, y la Constitución garantiza, al Poder Judicial.

Con un Consejo paralizado y sin cubrir los huecos dejados en los Tribunales superiores y en las Audiencias provinciales le era más fácil al Gobierno y a los partidos que lo sustentan acusar al PP de maltratar al Poder Judicial al dejarlo deliberadamente en cuadro. Ahora ese argumento ya no le sirve y ha optado por amenazar a Pablo Casado con cambiar la ley para dejar fuera de las negociaciones a ese partido.

Esperemos que sólo se trate de una táctica para forzar el regreso de los populares a las conversaciones y al pacto. Porque, por el contrario, si esa iniciativa planteada por Sánchez se lleva adelante hasta sus últimas consecuencias, que es lo que desea el líder de Podemos, se desatará un escándalo monumental cuyos ecos llegarán hasta la Unión Europea y destrozarán definitivamente el poco prestigio que le va quedando a este sufrido país.