Desmontar los tabúes

Decir que la política española hoy en día, enzarzada en luchas cainitas y guerracivilistas, está huérfana de ideas y soluciones no sólo es un lugar común en la mente de casi todos los españoles, sino que además no añade ni un ápice de luz hacia lo que este país necesita para construir su futuro.

Y de eso, se habla muy poco. Pocos son los que en su discurso nos transmiten la ilusión de un proyecto ambicioso y transformador que nos libre de la mayoría de las estructuras decimonónicas que lastran nuestro modelo de sociedad.

He hablado mucho de la necesidad de dar un impulso a la transformación digital que España necesita para estar al nivel de los países que muestran liderazgo. Hoy me he dado cuenta de que ese impulso es un pequeño avance comparado con el que necesitan nuestras estructuras del estado y la sociedad para poder llamarse modernas y eficaces. Porque a pesar de la insistencia de nuestros políticos en hablar de nuestra “joven democracia”, la verdad es que en muchos aspectos se ha quedado anticuada, obsoleta para el siglo XXI y en muchos otros ya nació antigua. 

Pocos son los que en su discurso nos transmiten la ilusión de un proyecto ambicioso y transformador que nos libre de la mayoría de las estructuras decimonónicas que lastran nuestro modelo de sociedad

Siguiendo la senda de algunos países que se están dando la vuelta como a un calcetín como Portugal o Irlanda, donde se reforman aspectos profundos de las estructuras del Estado como la función pública, su independencia o la capacitación de los cargos públicos, España necesita replantearse los fundamentos. No se trata de añadir más y más legislación apoyada en pilares obsoletos sino renovar y reforzar dichos pilares. Pero para eso hace falta coraje, acuerdo sobre una visión de futuro a largo plazo y menos miedo al votante del que hoy se exhibe (todo para el votante, pero sin él). Es necesario acabar y desmontar muchos de los tabúes que parecen intocables, algunos de los cuales quiero desgranar sin extenderme mas allá de lo que el lector pueda soportar.

El primer tabú es el de que en nuestra democracia cualquiera puede acceder a puestos de la Administración relevantes por el mero hecho de haber sido votado. Así podemos encontrar que mientras para ser celador de un hospital público, bombero o funcionario de prisiones, se requieren conocimientos, preparación y un duro proceso de oposición que el que escribe este artículo difícilmente superaría (a pesar de haber sido un alto ejecutivo durante décadas), sin embargo, se puede acceder a cargos como ministro, alcalde o concejal sin preparación alguna y manejar importantes presupuestos y tomar decisiones cruciales. A las pruebas me remito.

Creo esencial una tipificación de las responsabilidades y una definición de puestos y competencias. Es normal que lo partidos elijan a sus personas de confianza para ocupar los puestos de gestión, pero como condición suficiente siendo la necesaria que la persona elegida reúna los niveles de preparación y competencia requeridos de manera objetiva.

Si hablamos de formación, otro gran tabú de nuestro sistema es la autonomía universitaria que, hoy por hoy, solo esconde un modelo de clientelismo, endogamia e inmovilismos dignos de varias tesis doctorales. Que los rectores de las universidades sean elegidos por profesores, alumnos, sindicatos y demás fuerzas políticas no solo no tiene sentido alguno (quién va a tomar decisiones duras como cerrar una facultad en contra de los que le votan) sino que ata de pies y manos con muy poca independencia y autonomía a los equipos rectorales. Es decir, lo contrario de lo que se persigue.

Urge un cambio en el modelo de gobierno de las universidades. Los rectores deben ser elegidos por un consejo independiente

Urge un cambio en el modelo de gobierno de las universidades. Los rectores por el contrario deben ser elegidos por un consejo independiente compuesto por personas de reconocido prestigio y cualificadas en base a sus programas y propuestas y no sus ideas políticas, y luego medírseles en su ejecución contra el mismo. De igual modo, como ya hacen algunas Universidades en Portugal, debería limitarse o impedirse el acceso como profesores de la universidad a aquellos egresados que no puedan haber acreditado previamente una experiencia académica, laboral o investigadora en otra universidad o empresa durante algún tiempo.

Y es que lo profesores, una vez ingresados en la universidad, quedan atrapados (si no amparados) también en un modelo de función publica que constituye otro de los tabúes básicos de nuestro modelo: la inamovilidad de los funcionarios. Hablando en román paladín, por qué no se puede despedir a un funcionario cuando se haya vuelto incompetente. Entiendo que, como surgiera en el siglo XIX , un funcionario necesita estabilidad para evitar los vaivenes políticos (cosa que como puede observarse no se consigue ni de lejos), pero eso afectaría a los de nivel superiores en las administraciones generales del Estado , autonomías o ayuntamientos, pero no a las más de tres millones de los que tenemos (si es que alguien acertase a contarlos) que incluye desde médicos, profesores, ujieres, tramoyistas en los teatros públicos y hasta violinistas en muchas orquestas públicas. 

En un sistema además carente además de meritocracia, incentivos económicos y modelos de evaluación objetiva, solo podemos esperar que aquellos miles de funcionarios que de verdad quieren contribuir, tienen ganas y aspiran al progreso terminen adocenados, inermes e inertes en una masa donde, al final, los ciudadanos terminamos tomando la parte por el todo (la mala, se entiende). Es urgente cambiar el modelo de función publica, reduciendo brutalmente el número de puestos de trabajo que se consideran afectos al funcionariado y a la vez reformar profundamente todo su modelo de carreras, formación, incentivos, salarios y evaluaciones.

El ultimo de los tabúes es el mayor de todos. El estamento judicial independiente (??), intocable. ¿Quién controla a los jueces ¿, ¿son verdaderamente independientes?

Sé que suenan a preguntas retóricas, pero es necesario hacérselas. ¿Quién mide la eficacia y eficiencia de los jueces? ¿Disponen de modelos de incentivos adecuados para ser eficientes? Es necesario crear un modelo mucho mas transparente de la función judicial. Conocer sus aciertos y errores con mayor transparencia, pero sobre todo con modelos más claros de recompensa o penalización.

¿Cuál es la diferencia entre un buen juez instructor rápido, objetivo y eficaz, y uno lento politizado e interesado? Hoy, ninguna. Del mismo modo, como evaluar su independencia cuando la política y la justicia se han convertido en un continuo movimiento de jueces pasando a la política y volviendo de nuevo a la judicatura y de políticos nombrando a su antojo los órganos de control de la justicia con criterios políticos. Suena duro, lo sé, pero es la realidad a la que ya nos hemos acostumbrado.

Pienso que es la sociedad civil, los votantes, quienes debemos reclamar esta acción urgente y no dejarnos embaucar por los asuntos cortoplacistas y electoralistas. Puede el lector no estar de acuerdo con mis soluciones o incluso con mis planteamientos del problema, pero seguro que estará de acuerdo en que, si queremos modernizar nuestra sociedad, es el momento de abordar estas discusiones, aunque sea en beneficio de las próximas generaciones. Es tiempo de abordar no solo lo urgente, sino también lo importante.  Nuestro futuro empezó ayer.

Juan Pedro Moreno es consejero de Innovación de Mapfre y ex presidente de Accenture