Pablo Iglesias le estropeó ayer a Pedro Sánchez el despliegue, con banda sonora de piano incluida -un toque decididamente cursi que por eso resultó ridículo- que le había preparado el enorme equipo de comunicación liderado por el hombre-orquesta de La Moncloa Iván Redondo.
La noticia de que el juez de la Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Supremo la exposición razonada para que el Alto Tribunal decida si investiga al vicepresidente del Gobierno fue la que ayer tarde ocupaba los titulares de todos los diarios digitales y no sólo le aguaba la fiesta al presidente del Gobierno sino que introducía un elemento de seria preocupación en él aunque intente de todas las maneras posibles disimularlo.
Porque Sánchez sabe que sin Iglesias en el Gobierno, la estabilidad ya de por sí muy frágil de su equipo quedaría herida de muerte. No es ninguna cosa menor la que hay puesta ahora mismo sobre la mesa: la posibilidad, aún no confirmada pero sí real, de que el Tribunal Supremo decida procesar nada menos que a su vicepresidente por distintos delitos, el más probable y consistente el de denuncia falsa. Y no hay gobierno en el mundo democrático, el nuestro tampoco, que pueda aguantar con uno de sus más destacados miembros sentado en el banquillo de los acusados.
Pero, independientemente de lo que decidan los magistrados del Alto Tribunal, hay algo que Iglesias no podrá ya evitar y es la comprobación de los ciudadanos de que estamos ante un embustero de siete suelas y un manipulador sin escrúpulos de la opinión pública a la que engañó miserablemente con un montaje de victimismo que él sabía con seguridad que era falso.
Conservar a Iglesias a su lado le va a suponer a Sánchez una auténtica sangría de prestigio, credibilidad y autoridad moral y también política
Eso ya no se lo quita nadie y, en la mejor de las hipótesis, Pedro Sánchez tendrá que cargar con la responsabilidad de mantener en su Gobierno a alguien capaz de mentir a sus electores y de haberlo intentado también con el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso.
Eso sin contar con que el magistrado ha incluido también en su exposición al Supremo a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, miembro destacado del núcleo dirigente de Podemos y con ellos a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo y a la propia Dina Bousselham y a su pareja Ricardo Sa Ferreira de quienes el juez cree que pueden haber cometido el delito de falso testimonio. Es decir, parte importante del núcleo principal del partido morado.
Pero eso no es todo. Podemos tiene también pendientes en otros juzgados procedimientos abiertos por diferentes causas en relación con la financiación irregular del partido lo que podría incluir malversación y administración desleal. En definitiva, un compendio de maravillas a cargo de la vicepresidencia del Gobierno ocupada por Pablo Iglesias, líder de ese partido.
Un ciudadano que se ha encargado previamente de que su formación, tan estricta siempre con los comportamientos de los demás y con los códigos éticos de otros partidos, cambió el suyo este mismo año de modo que ya no obliga a sus miembros a presentar su dimisión si resultan investigados -imputados se decía antes y aún se sigue diciendo- sino sólo si hay contra alguno de ellos un auto de procesamiento firme. Es decir, que Iglesias aguantará amarrado a su cargo hasta el mismísimo momento en que el Tribunal Supremo decida sentarlo -si es que lo decide, que es pronto para saberlo- en el banquillo.
Una modificación introducida este año en el código ético de Podemos permitirá a Pablo Iglesias seguir manteniendo sus cargos público […]El escándalo no es sólo es el que se desató ayer con la decisión de Manuel García-Castellón y con su relato de los hechos que le han llevado a tomarla. Es que ahora entra en juego la Fiscalía, cuya posición va a ser examinada con lupa por la opinión pública habida cuenta de lo sucedido con las múltiples querellas presentadas contra el Gobierno por su actuación ante la pandemia y que fueron desestimadas en bloque, lo cual creó un grave conflicto en la carrera fiscal que se enconó hasta el límite por las imprudentes y muy ofensivas palabras del Teniente Fiscal, Luis Navajas, a propósito de otros fiscales del Supremo.
Ahora todos los ojos están puestos en lo que vaya a hacer el Ministerio Fiscal ante un asunto que afecta al Gobierno y que obliga, por lo tanto, a abstenerse a la Fiscal General puesto que ella ha sido miembro de ese Gobierno. Si Dolores Delgado no convoca a la Junta de Fiscales de Sala para fijar posición sobre el eventual procesamiento del vicepresidente Iglesias, ese escándalo alcanzará ya dimensiones estratosféricas y dejará definitivamente a Pedro Sánchez a los pies de los caballos.
Sánchez no se va a deshacer de Pablo Iglesias y no lo va a hacer porque no puede. Pero conservarlo a su lado le va a suponer una auténtica sangría de prestigio, credibilidad y autoridad moral y también política. Sería demoledor para él y para su imagen que, llegado el caso, su socio Pablo Iglesias tuviera que salir del Gobierno porque fuera a ser juzgado por el Tribunal Supremo. En ese caso -que no sabemos si se va a producir, esto hay que decirlo muchas veces, huyamos de los juicios y de las sentencias paralelas- Sánchez cargará inevitablemente con una parte del delito por el que Iglesias fuera a ser juzgado.
Pero su drama es que está uncido al líder de Podemos como los bueyes lo están al yugo. Él intenta que no se note pero, si las cosas discurren por el camino menos deseado por ambos, ni las presentaciones peliculeras ni los anuncios de los 800.000 puestos de trabajo -ya podía haber elegido otra cifra menos desacreditada en el país- le van a servir de nada porque el hundimiento del uno arrastraría inexorablemente al otro.
Les quedan a ambos unos cuantos meses de padecer ese terrible calvario que es la incertidumbre.
Pablo Iglesias le estropeó ayer a Pedro Sánchez el despliegue, con banda sonora de piano incluida -un toque decididamente cursi que por eso resultó ridículo- que le había preparado el enorme equipo de comunicación liderado por el hombre-orquesta de La Moncloa Iván Redondo.