La decisión del presidente del Gobierno de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el Estado de Alarma en Madrid, sin un acuerdo previo con el gobierno de la Comunidad, supone un choque frontal entre las dos administraciones y el fracaso de la política en un momento crucial para afrontar la segunda ola de la peor pandemia sufrida por España desde hace más de un siglo.
La presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso informó a última hora de ayer que había acordado con el presidente Sánchez mantener una reunión a primera hora del viernes 9 de octubre para acordar las medidas a adoptar tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la orden del Ministerio de Sanidad para cerrar la capital y otras nueve ciudades de la Comunidad con más de 100.000 habitantes.
Por su parte, la secretaría de Estado de Comunicación difundía una nota en la que informaba de que el presidente había dado la opción a Ayuso de pedir la declaración del Estado de Alarma, o bien que dictara una Orden al amparo de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública para restablecer la situación anterior al auto del TSJM. Según la versión del Gobierno, Ayuso pidió tiempo, pero el presidente decidió actuar.
El pulso entre el Gobierno y la Comunidad está provocando una situación de desconcierto sin precedentes. Madrid ha pasado en un mes de la libertad absoluta de movimientos a la limitación de la movilidad en zonas sanitarias especialmente afectadas por el virus, a un cierre que, al mismo tiempo, suponía poder moverse dentro de la ciudad sin limitaciones, a... no se sabe muy bien qué.
Cuando estamos hablando de la salud, en una situación grave por el elevado número de contagios, y de decisiones que afectan a la economía de cientos de miles de personas, es lógico que los ciudadanos miren con perplejidad y enfado lo que está sucediendo, y que culpen a los políticos por su incapacidad de llegar a acuerdos.
El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se ha llevado hasta el límite de poner incluso en duda las cifras de contagiados, ingresados en hospitales, camas de UCI ocupadas y número de fallecidos ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente?
No hay una forma más eficaz de desprestigiar la acción política. El resultado lógico de la desconfianza hacia los gobernantes es la desafección, que es un fenómeno que está creciendo y que sólo beneficia a los grupos extremistas y antisistema.
En el caso de la gestión de la pandemia, y muy especialmente en Madrid, los políticos no sólo no han ayudado a solucionar el problema, sino que se han convertido en el problema.
Tras el espectáculo que protagonizaron el pasado 21 de septiembre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la sede del gobierno regional, con aquel fondo de banderas llegadas especialmente para la ocasión desde Moncloa, lo que hemos vivido en Madrid ha sido todo lo contrario de lo que se prometió: falta de colaboración, enfrentamientos verbales y guerras mediáticas. Como hemos contado ya en estas páginas, el Gobierno y el PSOE han visto en la crisis de Madrid una oportunidad para desestabilizar el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ese elemento ha contaminado todo lo ocurrido en las últimas semanas.
La declaración del Estado de Alarma sin consenso supone un salto cualitativo en la guerra que mantiene el Gobierno con la Comunidad de Madrid.
En ese contexto de discrepancia absoluta, la decisión del TSJM añade un factor que ahonda en el descrédito de nuestros gobernantes. Lo que viene a decir el auto del Tribunal Superior es que no se pueden limitar derechos fundamentales, como el de movilidad, mediante una orden que carece de esa capacidad. Además, acusa al Gobierno central de invadir competencias que le corresponden al gobierno regional y, por si fuera poco, le afea que no haya llevado a cabo una modificación legal que hubiese evitado este traspiés que supone un atropello al Estado de derecho.
Es evidente que el Gobierno ha actuado con precipitación y que no ha hecho los deberes a los que se comprometió con Ciudadanos cuando el partido de Arrimadas apoyó la prolongación del Estado de Alarma.
El auto del TSJM no entra, porque no le corresponde, en determinar si la imposibilidad de salir de la ciudad es buena o mala para doblegar la curva de contagios del coronavirus. Lo que establece es que la norma dictada por la Comunidad, siguiendo la orden dictada por el Ministerio de Sanidad, es sencillamente alegal.
Cuando todavía no hemos salido del asombro y mientras muchos madrileños aprovechan esta especie de limbo legal para organizar su huida durante el puente del 12 de octubre, todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Sanidad y la Comunidad de Madrid se culpan mutuamente de que no se haya producido una reunión inmediata para que sepamos a qué atenernos, cómo van a ser las próximas restricciones y si éstas se van a consensuar entre ambas administraciones.
El presidente del Gobierno decidió finalmente cortar por lo sano e ir a un enfrentamiento directo con la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, a los que sufrimos este dislate no nos queda otra que exigir a los que están tan ocupados en romperse la crisma, que dejen de utilizarnos como peones en su enloquecida estrategia de poder ¡Basta ya!
La decisión del presidente del Gobierno de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el Estado de Alarma en Madrid, sin un acuerdo previo con el gobierno de la Comunidad, supone un choque frontal entre las dos administraciones y el fracaso de la política en un momento crucial para afrontar la segunda ola de la peor pandemia sufrida por España desde hace más de un siglo.